El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, conocido como “El Bronco”, declaró que si para el lunes 13 de abril la gente no hace caso de quedarse en su casa como medida de protección, usará la fuerza pública para que se cumpla con esa restricción.
En tanto en Sonora se acordaron también sanciones para quienes no respeten el resguardo domiciliario. Por otra parte el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador reconoció a los mexicanos el sacrificio que realizan al permanecer en su casa ante la pandemia de Covid-19. En un video aparecido en las redes sociales el Presidente celebró que la ciudadanía acate las recomendaciones del Gobierno Federal de respetar las medidas de resguardo y sana distancia, para evitar la propagación del virus.
López Obrador aseguró que México se encuentra entre los 10 países del mundo con menos infectados y menos defunciones a causa de la pandemia, gracias -dijo- al esfuerzo de prevención que se realiza en el país. Acorde con ello el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, hizo un llamado a los gobiernos de los Estados para que “contribuyan” a que se cumplan talen medidas. Sin embargo insistió en que no se decretará toque de queda o estado de excepción, como se ha difundido en redes sociales, a raíz de la emergencia sanitaria generada en nuestro país por causa del coronavirus.
O sea, los gobiernos de los Estados deben contribuir para que se respeten aquellas medidas de resguardo y sana distancia. Contribuir, nada más, de donde resulta que lo sucedido en Yucatán (represión penal) y ahora en Nuevo León, va en contra de lo dispuesto por el Gobierno de la República. No es posible ignorar en la especie que somos una República Federal compuesta de Estados libres y soberanos “en todo lo concerniente a su régimen interior” “pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”, en los términos del artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y “términos”, que es aquí equivalente de palabras, quiere decir que cada Estado de la Federación debe acatar nada menos que un artículo como el 29 de la Constitución, que es parte de la columna vertebral de la Carta Magna -Título Primero, Capítulo Primero- en cuanto a Derechos Humanos y Garantías atañe, que claramente establece las bases para que sólo el Presidente de la República pueda “RESTRINGIR O SUSPENDER EN TODO EL PAÍS O EN LUGAR DETERMINADO el ejercicio de los derechos y las garantías” para hacer frente a “casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o (de) CUALQUIER OTRO QUE PONGA A LA SOCIEDAD EN GRAVE PELIGRO”. Restricción o suspensión que no pueden constitucionalmente hablando ser decretadas por un gobernador o presidente municipal de la Federación. E
n consecuencia y siendo el Covid-19 algo grave de nivel nacional, federal y obviamente mundial, corresponde exclusivamente al Presidente de la República tomar las medidas necesarias. Esto deberían de tenerlo muy en cuenta los gobernadores y munícipes de México; porque una cosa es navegar en el mismo barco, ser solidarios con los demás y con las medidas sanitarias del gobierno, y otra distinta imponer con la amenaza de severas sanciones su incumplimiento. Y tampoco hay que ser ilusos en el mismo contexto. Imagínese usted a un infractor de la disposición sanitaria de traer cubre bocas, siendo arrestado hasta por 36 horas o bien sujeto a trabajo comunitario. ¿Arrestarlo y llevarlo a dónde? ¿Donde contagie o lo contagien? ¿Trabajo comunitario en ciudades en plena cuarentena? Gobernadores y alcaldes, lean la Constitución que protestaron cumplir, sean prudentes. Y que en la materia y obedeciendo el mandato constitucional actúe el Presidente de la República, si ese fuere el caso que no lo es hasta hoy, cuando lo creyere prudente, oportuno y necesario. No se le adelanten desoyendo el mandato de la Ley Suprema.
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