Desde la omisión ética del sector financiero que provocó la peor crisis económica en 2009, se inició una nueva corriente de pensamiento en relación a que las empresas, por su relevancia en el desarrollo, deberían asumir criterios y valores que contribuyan con la promoción y el respeto a los derechos humanos.
Es así, como múltiples enfoques y buenas prácticas dieron lugar a programas como Formación de formadores en Responsabilidad Social Empresarial y a un grupo de trabajo de alto nivel de Naciones Unidas (ONU) que generó los “Principios Rectores de los Derechos Humanos y las Empresas” en el 2011.
Otro hecho en la historia de los derechos humanos y las empresas, es la creación de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Conamin), que nació en el Primer Congreso Nacional de Industriales, durante la reconstrucción económica de un país devastado por la Revolución y respondiendo a la necesidad de reorganizar socialmente al Estado y hacer valer la nueva Constitución y su promesa de progreso.
Por otro lado, la industria de ese tiempo debatía la pertinencia del artículo 27 Constitucional que limitaba la propiedad privada y el artículo 123 que ofrecía un marco robusto en materia laboral y espacios de poder a los sindicatos y sus organizaciones para fundar el corporativismo, ambas situaciones abiertamente en contra del liberalismo industrial y donde fue necesario el contrapeso político que finalmente condujo a la institucionalización de Concamin en septiembre de 1918.
Así que el tema de los derechos humanos y la industria no es un asunto ajeno a la filosofía industrial y a su espíritu emprendedor, el cual tuvo dos grandes aportaciones: el modelo de negocio de industrias familiares con alto compromiso social y el diálogo corporativo tripartita; ambos principios son tan relevantes que forman parte esencial de la Organización Internacional del Trabajo y siguen vigentes en la mayoría de los modelos de gobernanza económica.
A la par de esta trayectoria institucional en México, se crearon los pilares de la política social como el IMSS y el INFONAVIT, instituciones tripartitas que garantizan el acceso a la salud y vivienda de los trabajadores y que son ejemplo de seguridad social a nivel mundial.
Otro evento relacionado con los derechos humanos que vivimos en CONCAMIN y en las Cámaras Industriales, es el tema de la obligatoriedad de afiliación, que se derogó por vulnerar la libertad de asociación en 1994.
Esta trayectoria del corporativismo y el tripartismo en los derechos humanos y las empresas, han dado a nivel global, múltiples convenios y convenciones que contribuyen al desarrollo sostenible, a la competitividad de la industria, pero a la vez, el pleno derecho al desarrollo de las instituciones sindicales.
En nuestra historia más reciente, tenemos el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 con una línea de acción sobre derechos humanos y empresas. Paralelamente, la Organización Internacional de Normalización, realizó la ISO 26000-2010, una guía para la orientación sobre los Principios y Materias Fundamentales de Responsabilidad Social, que ayudan a integrar comportamientos socialmente responsables en organizaciones del sector privado, público y no lucrativas, independientemente de su tamaño y si operan en países desarrollados o en países en desarrollo.
La Responsabilidad Social de una Organización se despliega, de manera permanente ante los impactos que sus decisiones y actividades tienen en la sociedad y en el ambiente, con conductas éticas que contribuya al desarrollo sostenible, que tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas, que cumpla con la legislación aplicable.
La guía internacional propone el PRINCIPIO 7 sobre el Respeto a los derechos humanos y configura la Materia fundamental II, que establece dos categorías de derechos humanos:
a) Los derechos civiles y políticos; derecho a la vida, libertad, igualdad ante la ley y libertad de expresión.
b) Los derechos económicos, sociales y culturales; que incluyen el derecho al trabajo, la alimentación, la salud, la educación y la seguridad social.
A partir de estos ejes rectores, los Estados tienen el deber y responsabilidad de respetar, proteger, cumplir y hacer realidad los derechos humanos dentro de su esfera de influencia.
Actualmente es muy importante poner a los derechos humanos como la base para construir relaciones sociales donde la dignidad, la equidad y el respeto estén en el centro. Afortunadamente la responsabilidad social ha permeado en la cultura de las organizaciones privadas y en los modelos de negocios, cada vez con más fuerza; cada vez más industriales y empresas incorporar dichos principios en su operación diaria.
En cuanto a las Cámaras y organizaciones empresariales, nuestro compromiso es con las mejores prácticas, pues reconocemos la importancia del crecimiento económico con un enfoque de derechos humanos y del papel que la iniciativa privada está llamado a cumplir.
