Desde hace varios años, en los círculos más conservadores de las élites política, mediática, empresarial y académica de Estados Unidos, se han venido impulsado una serie de medidas, programas y leyes que establezcan una similitud jurídica entre ambas expresiones del delito.
Sin embargo, en el anuncio de días pasados por el gobierno de ese país y del Departamento de Justicia, para crear un grupo de fiscales enfocados a confrontar al pandillerismo centroamericano (mara salvatrucha), terrorismo internacional y en específico al crimen organizado mexicano (haciendo alusión explícita de los grupos nueva generación y de la aún encabezada por Joaquín Guzmán Loera), avanza justo en el sentido para establecer a la delincuencia como un subproducto del radicalismo violento. Para hacerle frente al terrorismo, es claro que no hay frontera alguna que valga.
Tampoco puede dejarse de lado en el análisis, la recta final del proceso electoral estadounidense para renovar la Cámara de Representantes y dos tercios del Senado. En ese contexto, el Presidente de los Estados Unidos, recurre a los argumentos y propuestas que tan buen resultado le dieron hace dos años, cuando a pesar de haber perdido la votación individual, ganó en los Colegios Estatales Electorales el Despacho Oval. De acuerdo con diversos sondeos y encuestas, la posibilidad de que el gobernante Partido Republicano observe un serio retroceso en las preferencia de la ciudadanía, es lo que ha impulsado en buena medida, a que el titular de la Casa Blanca se empeñe todos los fines de semana, en actos y eventos electorales apoyado a los candidatos del conocido como el “viejo y gran partido” (GOP).
Para México y su siguiente gobierno deben atenderse con mucho cuidado las medidas derivadas del anuncio para la creación de una poderosa fiscalía que tratará los asuntos relacionados con el pandillerismo, el terrorismo y el crimen organizado. En pocas palabras, de consolidarse esa tendencia en las estructuras de Seguridad, Justicia e Inteligencia de los Estados Unidos, no habrá recurso legal o diplomático que valga.
No se trata de una propuesta banal ni mucho menos superficial. Es en los hechos, una decisión libre y soberana de un gobierno, lo que tiene discusión, pero que en la práctica y en la complejidad que significa para México, pues incluso los integrantes de las pandillas centroamericanas tratan de alcanzar el suelo de aquél país recorriendo el nuestro, los efectos pueden ser negativos. Hasta el momento, sólo hay un delincuente reclamado con fines de extradición acusado de “narcoterrorismo” (en la corte federal del estado de Nueva York). Es decir, ya hay un serio antecedente en la materia.
