/ jueves 27 de agosto de 2020

Tiempo de canallas

Cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene.

Cornelio Tácito



En 1952, Lillian Hellman publicó un interesante libro, cuyo título es el mismo que encabeza este artículo. El contexto histórico de aquella obra fue la persecución que promovió el comité senatorial de EU, presidido por Joseph McCarthy, contra todo aquel que era acusado supuestamente de comunista. ¿Alguna prueba? No. Simplemente denostar a quienes se opusieran al “sueño americano” y al libre mercado.


Hoy, en un símil de aquella historia, el ciudadano presidente, Andres Manuel Lopez Obrador, ha construido un tinglado mediático, no para perseguir comunistas, sino contra los conservadores/corruptos. ¿Pruebas firmes? no importa, lo esencial es desprestigiar mediante el escarnio público a sus antecesores y opositores.


Bajo esa metodología, por llamarle de alguna manera, el inquilino transitorio de Palacio Nacional, ha planteado utilizar la consulta popular, instrumento contenido en el artículo 35 constitucional, para someter al “pueblo” la viabilidad de enjuiciar a algunos expresidentes.


Como se sabe, la Carta Magna define tres vías para solicitar dicha consulta: por el Ejecutivo, mediante el 33% de cualquiera de las dos Cámaras del Congreso de la Unión y, por al menos, 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores; y, después, someter la pregunta a la SCJN para su aprobación. Éste es el camino formal, pero no debemos pecar de ingenuos, se trata de un linchamiento político que se alimenta del descontento social acumulado por las corruptelas e impunidades de anteriores gobiernos, que ahora se fusionará con las definiciones electorales del próximo año. En un mismo acto se votará y se condenará.


Sin embargo, los ánimos de una población agraviada tienen diques legales que no se deben atropellar, hacerlo abre el camino para la violación al debido proceso y la presunción de inocencia. En realidad, estamos en presencia de un montaje que pretende lanzar arena en los ojos para ocultar el fracaso del gobierno lopezobradorista, en tres pilares básicos: salud, economía y seguridad. Ha declarado el tabasqueño que votaría en contra del enjuiciamiento a los expresidentes, ¿entonces por qué convocar a la consulta?


Si existen pruebas de irregularidades y corrupción contra exgobernantes, basta presentar la denuncia ante la FGR. ¿Por qué no mejor convoca a ello el presidente? El artículo 108 constitucional no lo impide. El caso de Luis Echeverría lo constató. Es claro que podemos ir a un espectáculo distractor, de un juicio popular para que las masas decidan, aunque legalmente no se puedan probar sus delitos o ya hayan prescrito. Dos instancias estarán a prueba: la SCJN y la FGR. Quizá se confirme el tiempo de canallas. Veremos.



pedropenaloza@yahoo.com/

@pedro_penaloz

Cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene.

Cornelio Tácito



En 1952, Lillian Hellman publicó un interesante libro, cuyo título es el mismo que encabeza este artículo. El contexto histórico de aquella obra fue la persecución que promovió el comité senatorial de EU, presidido por Joseph McCarthy, contra todo aquel que era acusado supuestamente de comunista. ¿Alguna prueba? No. Simplemente denostar a quienes se opusieran al “sueño americano” y al libre mercado.


Hoy, en un símil de aquella historia, el ciudadano presidente, Andres Manuel Lopez Obrador, ha construido un tinglado mediático, no para perseguir comunistas, sino contra los conservadores/corruptos. ¿Pruebas firmes? no importa, lo esencial es desprestigiar mediante el escarnio público a sus antecesores y opositores.


Bajo esa metodología, por llamarle de alguna manera, el inquilino transitorio de Palacio Nacional, ha planteado utilizar la consulta popular, instrumento contenido en el artículo 35 constitucional, para someter al “pueblo” la viabilidad de enjuiciar a algunos expresidentes.


Como se sabe, la Carta Magna define tres vías para solicitar dicha consulta: por el Ejecutivo, mediante el 33% de cualquiera de las dos Cámaras del Congreso de la Unión y, por al menos, 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores; y, después, someter la pregunta a la SCJN para su aprobación. Éste es el camino formal, pero no debemos pecar de ingenuos, se trata de un linchamiento político que se alimenta del descontento social acumulado por las corruptelas e impunidades de anteriores gobiernos, que ahora se fusionará con las definiciones electorales del próximo año. En un mismo acto se votará y se condenará.


Sin embargo, los ánimos de una población agraviada tienen diques legales que no se deben atropellar, hacerlo abre el camino para la violación al debido proceso y la presunción de inocencia. En realidad, estamos en presencia de un montaje que pretende lanzar arena en los ojos para ocultar el fracaso del gobierno lopezobradorista, en tres pilares básicos: salud, economía y seguridad. Ha declarado el tabasqueño que votaría en contra del enjuiciamiento a los expresidentes, ¿entonces por qué convocar a la consulta?


Si existen pruebas de irregularidades y corrupción contra exgobernantes, basta presentar la denuncia ante la FGR. ¿Por qué no mejor convoca a ello el presidente? El artículo 108 constitucional no lo impide. El caso de Luis Echeverría lo constató. Es claro que podemos ir a un espectáculo distractor, de un juicio popular para que las masas decidan, aunque legalmente no se puedan probar sus delitos o ya hayan prescrito. Dos instancias estarán a prueba: la SCJN y la FGR. Quizá se confirme el tiempo de canallas. Veremos.



pedropenaloza@yahoo.com/

@pedro_penaloz

ÚLTIMASCOLUMNAS