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En México corren tiempos en los que el cumplimiento a la ley y el respeto al Estado de Derecho son algo extraordinario. Diariamente somos testigos u observamos en medios de comunicación y en redes sociales diversas acciones o conductas que entrañan incumplimiento a las leyes. La impunidad se ha vuelto una constante en nuestra sociedad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 del INEGI, durante 2020, en 10.4 millones de hogares del país (28.4%) hay una víctima de algún delito. También en dicha encuesta se señala que a nivel nacional se estima que hubo 21.2 millones de víctimas, lo que representa una tasa de 23,520 víctimas por cada cien mil habitantes.
Si bien es cierto que la encuesta refiere que la incidencia delictiva bajó en comparación con 2019, también es cierto que hay una mayor percepción de que el Estado de Derecho es poco respetado en nuestro país. Muestra de ello es que en el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, elaborado por la organización internacional World Justice Project, se advierte un retroceso en el sistema de justicia, así como un estancamiento generalizado en la lucha contra la corrupción.
La falta de cumplimiento a la ley y al Estado de Derecho también tiene un alto impacto para la economía. Según la ENVIPE, la inseguridad y el delito en los hogares representó un gasto de 277.6 mil millones de pesos, esto es, $7,155 pesos por persona afectada. De ahí que sea impostergable, desde hace tiempo, tomar cartas en el asunto de manera urgente y mejorar los mecanismos de prevención de los delitos. Sin embargo, parece que las autoridades carecen de voluntad para hacer los cambios que se requieren.
Un ejemplo de ello es que no hay respeto a las determinaciones del Poder Judicial de la Federación. En los últimos días ha sido públicamente notorio cómo la autoridad gubernamental hizo caso omiso de una suspensión judicial para continuar con la construcción de un tramo del Tren Maya. Todo bajo el argumento falaz de que se trata de una obra que fue clasificada de seguridad nacional. Ello, a pesar de que la Ley de Amparo (artículo 262) establece como delito el desobedecer una suspensión judicial debidamente notificada.
Pero no solo es eso. Hablan mucho del poco o nulo respeto a la ley y al Estado de Derecho las recientes declaraciones del secretario de Gobernación a partir de decisiones emitidas por la autoridad electoral: “Si me corre el INE no importa, porque lo van a desaparecer los diputados”. Se trata de una declaración formulada por el segundo funcionario público más importante del gobierno federal y cuyas atribuciones se relacionan con garantizar el buen desarrollo de la política interior, así como el cumplimiento al Estado de Derecho y, lamentablemente, hay que decir que no es novedosa. Recordemos que sólo unos días antes de llevarse a cabo la jornada de revocación de mandato del Presidente de la República, el 10 de abril, el funcionario público acudió a un evento proselitista (pese a que había restricción constitucional y legal para ello) donde también señaló que no le preocupaba si el INE optaba por despedirlo de su cargo, pues para él “era un honor” que lo corrieran por apoyar al Presidente de la República.
Lo preocupante de las declaraciones es que demuestran el desprecio que se tiene desde el poder a una institución autónoma que se encarga de organizar elecciones libres en el país y de garantizar el ejercicio de derechos políticos electorales de las y los mexicanos. Recordemos que uno de los ingredientes para erosionar a la democracia de un país transita por atacar desde el poder a las autoridades electorales. Estos ataques también hacen evidente: 1) que el cumplimiento y respeto a la ley es un tema que no forma parte de la agenda pública de las y los servidores públicos vinculados con el Poder Ejecutivo, y 2) que hay un profundo desconocimiento de lo que establece la legislación. El INE no corre a nadie.
Seamos claros: las decisiones de las autoridades electorales, esto es, tanto del INE como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tienen sustento en lo establecido en la Constitución y la ley. No provienen de actos discrecionales, sino que tienen su base en procedimientos que están recogidos en nuestra legislación desde muchos años.
Hoy el INE ha emitido diversas resoluciones para garantizar el respeto a la legislación y evitar que servidores públicos se posicionen públicamente de forma anticipada de cara a futuros procesos electorales, fuera de los tiempos y etapas permitidos para ello. Pese que a dichas determinaciones han sido validadas por el TEPJF, se mantiene una actitud desafiante de incumplirlas. Hoy vivimos tiempos oscuros para el Estado de Derecho y ello trasciende a nuestra democracia. Hay que estar alertas.
*Jefe de oficina de la Presidencia del Consejo General del INE.
