Entre las banderas de la coalición ganadora de los comicios del 1º de julio de 2018, con un mandato electoral claro y legitimidad para promover cambios importantes en el país, destacó la de separar al poder económico del político. Aunque la premisa es adecuada, porque la política debe concentrarse en el interés colectivo, en vez de esa sana y democrática distancia, pareciera ocurrir lo inverso, que no es menos peligroso para el bien común: una politización de la vida pública que genera incertidumbre y hace que perdamos el foco de las prioridades.
Esa dinámica se da en el contexto de un poder político con una fuerza inédita, donde se acumula capacidad de decisión unilateral, con amplio margen de discrecionalidad y desestimando a los contrapesos políticos y ciudadanos que tanto ha costado construir. Además, con una narrativa de que todo lo que se hizo previamente es desechable, en vez de perfectible.
Así, lejos de avanzar, los problemas pueden exacerbarse y surgen otros nuevos. Esta dinámica está afectando seriamente a la economía, como se ha visto en materia de inversión, generación de empleo y crecimiento, al igual que a otros ámbitos de la sociedad.
En este sentido, quisiera poner la lupa en tres temas cruciales, en los que, desde la ciudadanía, debemos marcar líneas rojas de lo que no debe permitirse, junto con aquello que tiene mayor trascendencia, pero que es desatendido. Son prioridades opacadas por esta politización y polarización en que, sin trascendencia, se consume la agenda pública.
1. Democracia e instituciones
Hay demasiadas señales de que el Instituto Nacional Electoral está bajo acoso: iniciativas de reforma que ponen en entredicho su autonomía, recortes presupuestales severos, descalificaciones a los consejeros y funcionarios e incluso unas muy cuestionables acciones administrativas promovidas desde su Órgano Interno de Control.
Estamos ante la renovación de cuatro sillas de las 11 del Consejo General, lo cual es decisión, por mayoría calificada, de la Cámara de Diputados. Es una prueba de fuego, con el antecedente de lo que ha pasado con otras instituciones del sistema de división de poderes y organismos autónomos, como el caso reciente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Está en riesgo un instrumento fundamental de la democracia, cuya constitución, independencia y profesionalización costó muchas luchas e incluso vidas. Ha permitido la alternancia política con paz social (incluyendo la última) y la diversidad política.
2. Estado de derecho y libertades
México tiene un gran déficit de Estado de derecho, el cual está detrás de muchos de los grandes problemas que arrastramos de hace décadas o más: señaladamente, corrupción, inseguridad pública, desigualdades sociales. Desafortunadamente, en vez de ver pasos hacia la autonomía y la profesionalización de la procuración y la impartición de justicia, se avistan riesgos de regresión en los incipientes avances que teníamos.
Así se puso de manifiesto con la difusión de una iniciativa de reforma al sistema de procuración de justicia, que afortunadamente fue cancelada. La cuestión es que otras reformas y ajustes en diversas leyes, ya realizadas y en vigor, vulneran frontalmente principios como el debido proceso y la presunción de inocencia. Es el caso de las nuevas disposiciones fiscales, que equiparan la evasión fiscal con el crimen organizado y utilizan figuras como la prisión oficiosa y la extinción de dominio inmediata.
La idea misma que se ha manejado de que la justicia es más importancia que la ley es un signo ominoso para el Estado democrático de derecho. Aquí también se necesita mucha participación ciudadana para no permitir retrocesos en materia de libertades y derechos humanos.
3. Crecimiento con estabilidad macroeconómica
Muchos hemos sido críticos, por años, del bajo crecimiento económico de México, insuficiente ante las necesidades de un país con tanta pobreza y rezagos, y en contradicción con su potencial. Sin embargo, hoy tenemos un panorama en el que incluso se complica crecer al 2% anual inercial que acarreamos por años.
El factor que está ocasionando esta tendencia de desaceleración está plenamente identificado y constatado con la contracción en el 2019. Hay una enorme incertidumbre, desconfianza y pesimismo para la inversión. Se basa precisamente en la percepción de que estamos ante una fase de intensa politización que altera de forma radical e intempestiva reglas, instituciones y mercados.
Afortunadamente, ha habido relativo cuidado de la estabilidad macro, pero crecen las áreas de vulnerabilidad. Por ejemplo, la precariedad financiera de Pemex, con un plan de negocios de alto riesgo, y la disparidad entre los compromisos de gasto público y unos ingresos fiscales que, de no salir del estancamiento económico, tenderán a la baja.
Estamos a tiempo de hacer que las tendencias mejoren, de alinear el proyecto político que actualmente está al frente de México en lo político con un proyecto económico racional y sustentable. Se requiere, sobre todo, de realismo y sentido práctico: dejar atrás las consideraciones electorales e ideológicas y poner por delante la realidad y el progreso de México.
