La retórica, al margen de la calidad de las realizaciones en los hechos, puede dar popularidad y poder, al menos por un buen rato. Hay registro de ello desde la antigua democracia ateniense. No obstante, difícilmente es capaz de contener las consecuencias, frecuentemente catastróficas, de evadir la realidad o pelearse con ella. En México tenemos muchas experiencias al respecto. Una de las más amargas, y recientes, tiene que ver con el sector energético. Esperemos que para evitar algo similar, ante el problema que tenemos encima por otro intento desde la política y sus intereses de doblegar a la realidad con el recurso de la narrativa, haya una reserva de cordura, del gobierno y en la nación.
Entre los años 70 y 80, otra época de fuga retórica en México, se llegó a decir que el nuevo reto sería administrar la abundancia gracias al petróleo… hasta que la realidad frustró las cuentas alegres cuando bajaron los precios, mientras las tasas de interés subían, encareciendo la enorme deuda que se contrajo confiando en los petrodólares. Sin embargo, no hubo corrección.
Se insistió en vender el crudo por arriba de los precios de mercado, doblando la apuesta con proclamas nacionalistas, como si la tenacidad fuera un valor cuando se da para persistir en un error, y los discursos, una fórmula de convertirlos en verdades. Lo mismo ocurrió cuando, mientras se agotaban los dólares, en parte por la insistencia en defender la quimera, el gobierno sostenía el tipo de cambio con frases como aquella de que un gobernante que devaluaba, se devaluaba a sí mismo, así como acusaciones de traición a quienes protegían su patrimonio de la tormenta ya visible.
Así fue y así nos fue, como recuerda la famosa frase de Gabriel Zaid sobre el postulado de los gobiernos de entonces: en adelante, la economía se manejaría desde Los Pinos, entendido como la primacía de los criterios políticos sobre los económicos. La cuestión es que la crisis que vino la pagó la nación durante muchos años, no quienes jugaron todas sus fichas a la retórica.
Cuatro décadas después, la pugna que mantiene el actual gobierno contra la realidad en materia energética, económica y legal, en su empeño por volver a monopolizar al sector conforme a ideas y las circunstancias de aquellos años, parece ya haber llegado a un punto de no retorno. A un momento en el que hay que elegir entre la responsabilidad o su evasión. Los costos de lo segundo podrían arruinar económicamente al país.
Esa es la relevancia de la disyuntiva planteada por la solicitud del gobierno estadounidense, secundada por el canadiense, para iniciar, en el marco del TMEC, un proceso de consultas por lo que considera políticas energéticas discriminatorias y lesivas para empresas de su país en México. No es un riesgo abstracto: el siguiente paso son los paneles de controversias, con el riesgo de represalias comerciales que podrían ascender, según cálculos de especialistas, a más de 30 mil millones de dólares, con una probabilidad de 99.99% de que México pierda.
El monto de los daños es incalculable por ahora. Cada empresa del sector energético afectada haría estimaciones que no sólo involucran lo que han invertido, sino sus proyecciones de lo que dejarán de ganar. Eso sería una fracción de la pérdida de ventas y mercados, y más aún del costo de oportunidad de inversiones que podrían llegar al país, pero ya no lo harían: no sólo de energía, sino en la industria, en general. El proceso podría tomar hasta un lustro, pero las facturas llegarían, quizá, ya desde inicios de 2024, junto con una costosa herencia para el próximo sexenio y los subsecuentes.
El argumento jurídico de nuestro gobierno, más allá de lo retórico, parece reducirse a que en el TMEC introdujo un capítulo, el octavo, donde se reconoce el derecho de México de hacer valer su soberanía en materia energética. Sin embargo, se trata de un postulado básicamente enunciativo. Igual que nosotros, Estados Unidos, Canadá y cualquier país independiente tiene “derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna”, como ahí se reitera. Sin embargo, eso no exime de responsabilidades contraídas, también soberanamente, ni de pagar los costos por afectaciones retroactivas a los derechos de los socios y sus empresas. No era necesario ponerlo en el tratado, porque es obvio, pero se hizo por insistencia del gobierno mexicano, junto con la acotación de que los socios reconocen esa potestad intrínseca, pero “sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este Tratado”.
Las normas de protección de inversiones del TMEC están contenidas en el Capítulo 14, las cuales aplicarían a las inversiones de las empresas en el sector energético, sin contradecir las declaraciones contenidas en el octavo.
El proceso de consultas debería verse como última oportunidad para evitar daños profundos de largo plazo. Una actitud responsable de nuestro gobierno sería una gran noticia para México. Al grado de que podría perfilar un mejor horizonte económico y de distensión política.
El problema es que, más bien, al corte parece más probable que las cosas se compliquen. La actitud de responder a un asunto tan delicado con un video musical –“uy, qué miedo”– no es un buen augurio. Nuevamente: estos recursos pueden ser populares en algunos sectores, pero definitivamente no sirven para ganar en paneles de disputas comerciales o en cortes internacionales de arbitraje, donde, para las empresas y los Estados que demandan, la ley sí es la ley. La retórica llega ahí a sus límites; por eso, es hora de la responsabilidad.
