/ viernes 20 de diciembre de 2019

TMEC: preparación para lo que viene

Afortunadamente se ha ido despejando la enorme confusión que generó la ley de implementación del TMEC de Estados Unidos, en la cual salieron “sorpresas” como la de que habría agregados laborales de ese país en México, lo cual supuestamente había quedado fuera, o la de una línea telefónica para denuncias anónimas de trabajadores. Queda claro que una cosa es el tratado en sí y otra esa directiva de carácter interno, negociada entre el gobierno de Trump y lo demócratas.

Aunque dicha ley de implementación sólo es vinculante para Estados Unidos, además de que las disposiciones relacionadas con México requieren del visto bueno de nuestro gobierno, no puede ser inocua, tomando en cuenta la asimetría en la relación bilateral. Sin embargo, una vez pasada esta última crisis innecesaria, lo que urge es prepararnos ante los riesgos que, más allá de lo especulativo, tienen plazos perentorios y consecuencias cuantificables que sí se acordaron trilateralmente.

Importante asimilar las lecciones del enredo. Para evitar sorpresas y confusiones, sí es importante leer lo que se acuerda o lo que se comparte con el público. Sí se requiere de una estrategia de comunicación integral y de articulación interinstitucional en el gobierno, tanto para la negociación como en adelante. También es fundamental una interlocución fluida y un esquema de consulta eficaz y permanente con el sector empresarial, que fue dejado al margen en la recta final.

Esa sinergia, comenzando por el llamado “cuarto de junto”, es fundamental para que toda negociación comercial sea exitosa, en la negociación y en la práctica. Más que para un gobierno, para la economía nacional y el sector productivo que exporta y compite en el plano internacional.

El TMEC trae consigo riesgos que no pueden ser minimizados. Exigen una estrategia de adaptación proactiva a nivel país y de las empresas. En lo concerniente al acuerdo modificatorio o de adendum, hay dos asuntos que más que preocupar, deben ocuparnos desde ya: relaciones laborales y el tema del acero y el aluminio, por lo que ambos agregan a las complicaciones que ya se habían estipulado en 2018 en materia de reglas de origen, en particular en para el sector automotriz y su cadena productiva.

Ahora habrá la opción de hacer reclamaciones contra empresas que se considere que han violentado derechos laborales, como el de libertad de asociación sindical o de negociación colectiva, lo que derivaría en paneles de resolución que pueden dictaminar la imposición de aranceles de manera muy rápida. Con el agravante de que la carga de la prueba la llevan los acusados, sin el principio de presunción de inocencia: hay que acreditar que no existen las irregularidades denunciadas o que han sido corregidas.

Es obvio que eso puede prestarse a que algún sector o empresas de un país utilicen abusivamente este mecanismo contra su competencia extranjera, para inhibir sus exportaciones. De igual forma, los sindicatos podrían sacar alguna ventaja de él por la vía de la presión o el chantaje. Así, es factible que se presenten diferentes combinaciones de intereses entre empresas y sectores con sindicatos que se presten a ello o aprovechen situaciones para fines de negociación salarial o en la disputa de las centrales por la titularidad de contratos colectivos.

Es claro que México va en desventaja, porque las nuevas reglas se basan en el régimen laboral de nuestros socios. Con la reforma laboral recién aprobada, se supone que vamos hacia ese sistema, pero con un importante rezago, que implica costos y riesgos en el proceso de adaptación. Las empresas y sus cámaras deberán estar muy atentas en este sentido, con esquemas preventivos y de respuesta rápida basados en una buena evaluación de riesgos. Es fundamental ponerse al corriente en todas las obligaciones laborales. Aquí debe haber un entendimiento de las partes en los centros de trabajo de que van en el mismo barco, y lo mismo con el gobierno.

Por otra parte, de acuerdo con el adendum, las ensambladoras ahora deberán garantizar que el 70% del acero y el aluminio de la integración final de los vehículos exportados es de la región. Afortunadamente, se amplió el plazo de entrada en vigor a siete años para el acero y 10 en el aluminio, pero el reto es formidable en casos como el acero laminado en caliente, componente esencial que no se produce aquí en las cantidades o especificaciones necesarias para cubrir ese requisito. Por ejemplo, autopartistas provenientes de Japón dependen de la importación desde su país.

Como recordaremos, el año pasado se estableció que para exportar un vehículo éste deberá integrar 75% de contenido regional, contra el 62.5% del TLCAN. Asimismo, que entre el 40% (automóviles) y el 45% (camionetas) del contenido de cada unidad deberá fabricarse en zonas con salarios de al menos 16 dólares por hora.

Todo esto tiene su corolario en la competitividad, por los aumentos en costos y una mayor complejidad de utilizar a México como plataforma de exportación. Efectivamente, hay riesgos puntuales, pero pueden ser convertidos oportunidades: producir más vehículos e incluso más acero, con más empleos y mejor pagados. Para que pase lo segundo, necesitamos de realismo y visión y estrategia; sentido práctico y una buena interlocución entre los sectores público y privado. Divididos, o sin consulta, nuestras desventajas se multiplican.

Afortunadamente se ha ido despejando la enorme confusión que generó la ley de implementación del TMEC de Estados Unidos, en la cual salieron “sorpresas” como la de que habría agregados laborales de ese país en México, lo cual supuestamente había quedado fuera, o la de una línea telefónica para denuncias anónimas de trabajadores. Queda claro que una cosa es el tratado en sí y otra esa directiva de carácter interno, negociada entre el gobierno de Trump y lo demócratas.

Aunque dicha ley de implementación sólo es vinculante para Estados Unidos, además de que las disposiciones relacionadas con México requieren del visto bueno de nuestro gobierno, no puede ser inocua, tomando en cuenta la asimetría en la relación bilateral. Sin embargo, una vez pasada esta última crisis innecesaria, lo que urge es prepararnos ante los riesgos que, más allá de lo especulativo, tienen plazos perentorios y consecuencias cuantificables que sí se acordaron trilateralmente.

Importante asimilar las lecciones del enredo. Para evitar sorpresas y confusiones, sí es importante leer lo que se acuerda o lo que se comparte con el público. Sí se requiere de una estrategia de comunicación integral y de articulación interinstitucional en el gobierno, tanto para la negociación como en adelante. También es fundamental una interlocución fluida y un esquema de consulta eficaz y permanente con el sector empresarial, que fue dejado al margen en la recta final.

Esa sinergia, comenzando por el llamado “cuarto de junto”, es fundamental para que toda negociación comercial sea exitosa, en la negociación y en la práctica. Más que para un gobierno, para la economía nacional y el sector productivo que exporta y compite en el plano internacional.

El TMEC trae consigo riesgos que no pueden ser minimizados. Exigen una estrategia de adaptación proactiva a nivel país y de las empresas. En lo concerniente al acuerdo modificatorio o de adendum, hay dos asuntos que más que preocupar, deben ocuparnos desde ya: relaciones laborales y el tema del acero y el aluminio, por lo que ambos agregan a las complicaciones que ya se habían estipulado en 2018 en materia de reglas de origen, en particular en para el sector automotriz y su cadena productiva.

Ahora habrá la opción de hacer reclamaciones contra empresas que se considere que han violentado derechos laborales, como el de libertad de asociación sindical o de negociación colectiva, lo que derivaría en paneles de resolución que pueden dictaminar la imposición de aranceles de manera muy rápida. Con el agravante de que la carga de la prueba la llevan los acusados, sin el principio de presunción de inocencia: hay que acreditar que no existen las irregularidades denunciadas o que han sido corregidas.

Es obvio que eso puede prestarse a que algún sector o empresas de un país utilicen abusivamente este mecanismo contra su competencia extranjera, para inhibir sus exportaciones. De igual forma, los sindicatos podrían sacar alguna ventaja de él por la vía de la presión o el chantaje. Así, es factible que se presenten diferentes combinaciones de intereses entre empresas y sectores con sindicatos que se presten a ello o aprovechen situaciones para fines de negociación salarial o en la disputa de las centrales por la titularidad de contratos colectivos.

Es claro que México va en desventaja, porque las nuevas reglas se basan en el régimen laboral de nuestros socios. Con la reforma laboral recién aprobada, se supone que vamos hacia ese sistema, pero con un importante rezago, que implica costos y riesgos en el proceso de adaptación. Las empresas y sus cámaras deberán estar muy atentas en este sentido, con esquemas preventivos y de respuesta rápida basados en una buena evaluación de riesgos. Es fundamental ponerse al corriente en todas las obligaciones laborales. Aquí debe haber un entendimiento de las partes en los centros de trabajo de que van en el mismo barco, y lo mismo con el gobierno.

Por otra parte, de acuerdo con el adendum, las ensambladoras ahora deberán garantizar que el 70% del acero y el aluminio de la integración final de los vehículos exportados es de la región. Afortunadamente, se amplió el plazo de entrada en vigor a siete años para el acero y 10 en el aluminio, pero el reto es formidable en casos como el acero laminado en caliente, componente esencial que no se produce aquí en las cantidades o especificaciones necesarias para cubrir ese requisito. Por ejemplo, autopartistas provenientes de Japón dependen de la importación desde su país.

Como recordaremos, el año pasado se estableció que para exportar un vehículo éste deberá integrar 75% de contenido regional, contra el 62.5% del TLCAN. Asimismo, que entre el 40% (automóviles) y el 45% (camionetas) del contenido de cada unidad deberá fabricarse en zonas con salarios de al menos 16 dólares por hora.

Todo esto tiene su corolario en la competitividad, por los aumentos en costos y una mayor complejidad de utilizar a México como plataforma de exportación. Efectivamente, hay riesgos puntuales, pero pueden ser convertidos oportunidades: producir más vehículos e incluso más acero, con más empleos y mejor pagados. Para que pase lo segundo, necesitamos de realismo y visión y estrategia; sentido práctico y una buena interlocución entre los sectores público y privado. Divididos, o sin consulta, nuestras desventajas se multiplican.

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