Mucho se había especulado sobres los límites y alcances de las políticas antiinmigrantes de Donald Trump, sin embargo, la semana pasada fuimos testigos no sólo de su lado más inhumano y cruel al poner a niños en jaulas y en condiciones de hacinamiento, sino también de su pragmatismo, de su ética ausente, y de su unilateral voluntad de hacer lo que quiera con la política exterior de los Estados Unidos.
La noticia no sólo indignó a la comunidad internacional, sino que las imágenes de los menores durmiendo en el piso con láminas aluminio, engendró una condena generalizada que lamentablemente al interior de Estados Unidos, se politizó más como un asunto entre demócratas y republicanos, que cómo lo que era de fondo, un debate sobre los derechos humanos de estos infantes.
Se calcula que a nivel mundial, hay un infante migrante por cada 70 niños, y que los niños y niñas son protagonistas de uno de cada dos movimientos de migración forzada y de asilo en el mundo, Estados Unidos alberga a casi 4 millones de niños migrantes.
De los infantes que fueron separados de sus padres la semana pasado por la administración de Trump, y que vivieron no solo hacinados, sino vigilados contantemente y prácticamente torturados con luz las 24 horas, se subrayó por autoridades nacionales que había más de 100 menores de 4 años e incluso una niña con síndrome de down.
Fue la misma ONU, a través de su Alto Comisionado de Derechos Humanos la que calificó de “inadmisible” y “cruel” la separación de los niños migrantes de sus padres en la frontera con México. Ante esto, la intempestiva respuesta de Trump, previendo evadir mayores demandas ante las evidentes violaciones a la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, tomó la decisión bajo un incongruente apoyo a Israel, de retirarse del Consejo de Derechos Humanos.
Algunos analistas apostaron a que el Decreto por el que Trump revirtió esta condición, en la que se separaba a las familias se debió a la gran presión internacional que se generó. Otros, sin embargo, -y con los que concuerdo- la medida se trató de una estrategia del magnate para tensar las negociaciones respecto a la política migratoria, y tratar de evidenciar que los cambios legislativos en la materia se dieron en la administración pasada, por lo que básicamente la medida partió de ser una interpretación equivoca de la ley, a venderse como un acto “caritativo y humano” del republicano.
La realidad, abunda también en señalar que la separación de familias, generaría un costo público insostenible si hubiese durado más tiempo. Aunado a los costos políticos y de imagen pública, estaban los financieros, pues Trump tendría que haber comenzado a pagar 458 millones de dólares mensuales a la organización texana Southwest Key Programs, ya que ésta era la encargada de “cuidar” a los niños separados de sus padres.
Al margen –pero no por ello menos importante- ha quedado la tardía y débil respuesta del gobierno mexicano a esta situación, y por igual, el hecho (poco conocido) de que en México, aunque la ley establece debe prevalecer la unidad familiar en los procesos migratorios, en la mayoría de los centros de detención los menores centroamericanos son separados de su padres y que en lo que va del año, el Instituto Nacional de Migración ha deportado a siete mil 825 infantes a sus países de origen.
El nuevo escenario abre un mundo de interrogantes, desde en qué condiciones estarán las familias de migrantes que permanecerán presas en Estados Unidos, hasta si esto ha abierto un verdadero debate para poder exigir una reforma migratoria en el país vecino. De este lado no sólo urge una Cancillería que trabaje velando por el interés nacional, y el bienestar de los connacionales, sino congruencia para terminar con los agravios a los niños migrantes que cruzan nuestro país.
Diputada por el Movimiento Ciudadano
@ClauCorichi
