La persecución policíaca a estudiantes de Ayotzinapa la noche de 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fue uno de los hechos más trágicos, vergonzosos e impunes de la historia reciente.
La investigación de la PGR conocida como “la verdad histórica” es cuestionada por resolución del Amparo del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, por errores cometidos por las autoridades y ordena se reponga por una Comisión que no puede estar dirigida por la autoridad cuestionada, sino por un ministerio público confiable, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, representantes de las víctimas sobrevivientes e indirectas reconocidas en todo su status, y se puede invitar a expertos internacionales, por ejemplo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El amparo es firme y debe acatarse la integración de esta Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala.
La nueva investigación debe determinar qué fue lo que pasó aquella noche, quiénes fueron los autores intelectuales y quiénes los materiales, el motivo de la agresión y cuál es el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.
Hay aspectos trascendentales de este amparo histórico que protege a quien fue víctima de tortura y evidencia que cuando menos trece personas indiciadas muestran huellas de tortura al momento de ser presentados o a partir que estuvieron a disposición de la autoridad ministerial; las autoridades involucradas son del ámbito federal, PGR, policía federal y elementos de la Marina.
La resolución judicial también ordena al juez de la causa una nueva investigación de oficio de estos delitos que debieron ser investigados de manera inmediata, imparcial, independiente y minuciosa; es necesario conocer la causa u origen de las lesiones aplicándose el Protocolo de Estambul por expertos que deben ser independientes a las instituciones señaladas. Preocupa a los Magistrados otorgantes del amparo que las investigaciones se sustenten en confesiones y no en la garantía de un debido proceso legal respaldado en los resultados de las ciencias penales de investigación criminal.
Pero eso ya lo había evidenciado el GIEI, que en dos informes concreta recomendaciones al Estado mexicano que no han sido tomadas en cuenta porque, por cierto, son diametralmente distintas a la “verdad histórica” que se ha querido imponer para cerrar el caso Iguala, con la conclusión de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Esta Resolución Judicial está fundada en el Derecho Internacional, en tratados aprobados por México y por diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; es pública y refleja la importancia de la autonomía del Poder Judicial lo cual es necesario destacar, aplaudir y respaldar, así como la conclusión de que exista una Fiscalía General de la República realmente autónoma.
Frente a la amnistía propuesta por AMLO precisamente en Guerrero como mensaje a las mafias; el fracaso del PRI y su gobierno que ha impedido concretar una Fiscalía autónoma y que quiere cerrar el caso Iguala con una “verdad” mentirosa, hoy debemos voltear hacia la propuesta que nos garantice respeto al equilibrio de los Poderes de la Unión.
Senadora por el PRD
Angelica de la Peña
@angelicadelap
