/ lunes 26 de noviembre de 2018

Tortura, la violencia más terrible

A pesar de las constantes denuncias, y luchas por visibilizar la violencia de género en México, la tortura continúa siendo por mucho uno de los agravios más lacerantes para las mujeres, principalmente cuando existen ataques sexuales documentados, en lo que los victimarios han sido fuerzas públicas de seguridad.

El cuerpo femenino como botín de guerra, es lo que refleja esta problemática, que además de levantar las alertas, nos recuerda la gravísima crisis de derechos humanos y del sistema de justicia que existe en el país. La tortura contra mujeres ha aumentado significativamente en los últimos 15 años en México. El número de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha incrementado en más de 743%, habiendo años como 2013 en los que llegaron a registrarse más de 12 mil quejas en todo el país por tortura o malos tratos.

Ante estas cifras, el panorama es desolador. La tortura sexual se ha convertido en un mecanismo ampliamente empleado por las fuerzas de seguridad para obtener falsas confesiones, volviéndose así, un castigo rutinario y sistemático; una pesadilla que cientos de mujeres han padecido, y que no sólo ha terminado con sus vidas y las de sus familias, sino que en muchos casos permanece en plena impunidad, ante autoridades que desestiman las agresiones por tratarse de mujeres que son acusadas de algún delito.

Como evidencia de la impunidad que hay hacia estos delitos, no sólo están los casos documentados de personas como Magdalena Saavedra –a quién pude conocer y personalmente me contó esos terribles hechos-, quien además de haber sufrido de tortura y violaciones tumultuarias por más de 11 horas, sus atacantes, miembros de la Marina, eventualmente le ofrecieron 100 mil pesos, que ella rechazó, con la finalidad de terminar con las acusaciones hacia sus agresores. Sin embargo, datos duros arrojan que de las miles de denuncias de tortura realizadas desde en el país desde 1991, menos de 20 casos han concluido en sentencias condenatorias.

Hasta la fecha se han documentado cerca de 30 casos en los que las Comisiones de Derechos Humanos, federal y estatales, han confirmado algún tipo de encubrimiento de estas agresiones a mujeres. En todos estos casos, la detención ilegal de las mujeres se ha dado sin que se les informe de los motivos, de ahí son trasladas a instalaciones clandestinas donde son torturadas sexualmente.

El patrón de agresiones, de los casos que se han investigado, es consistente. Las detenidas fueron abusadas sexualmente, obligadas a desnudarse frente a sus agresores, muchas señalan haber sido fotografiadas o videograbadas, y en muchos otros casos, se ha registrado tortura mediante descargas eléctricas en zonas genitales.

A más de 3 años de la instalación del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual por parte de SEGOB – y ante la inminente solicitud de la sociedad civil en el marco de las Naciones Unidas-, la violación sistemática de los derechos humanos de cientos de mujeres permanece en la impunidad ante una “cultura de encubrimiento” por parte de los Ministerios Públicos, médicos y cuerpos policíacos.

A pesar de las constantes denuncias, y luchas por visibilizar la violencia de género en México, la tortura continúa siendo por mucho uno de los agravios más lacerantes para las mujeres, principalmente cuando existen ataques sexuales documentados, en lo que los victimarios han sido fuerzas públicas de seguridad.

El cuerpo femenino como botín de guerra, es lo que refleja esta problemática, que además de levantar las alertas, nos recuerda la gravísima crisis de derechos humanos y del sistema de justicia que existe en el país. La tortura contra mujeres ha aumentado significativamente en los últimos 15 años en México. El número de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha incrementado en más de 743%, habiendo años como 2013 en los que llegaron a registrarse más de 12 mil quejas en todo el país por tortura o malos tratos.

Ante estas cifras, el panorama es desolador. La tortura sexual se ha convertido en un mecanismo ampliamente empleado por las fuerzas de seguridad para obtener falsas confesiones, volviéndose así, un castigo rutinario y sistemático; una pesadilla que cientos de mujeres han padecido, y que no sólo ha terminado con sus vidas y las de sus familias, sino que en muchos casos permanece en plena impunidad, ante autoridades que desestiman las agresiones por tratarse de mujeres que son acusadas de algún delito.

Como evidencia de la impunidad que hay hacia estos delitos, no sólo están los casos documentados de personas como Magdalena Saavedra –a quién pude conocer y personalmente me contó esos terribles hechos-, quien además de haber sufrido de tortura y violaciones tumultuarias por más de 11 horas, sus atacantes, miembros de la Marina, eventualmente le ofrecieron 100 mil pesos, que ella rechazó, con la finalidad de terminar con las acusaciones hacia sus agresores. Sin embargo, datos duros arrojan que de las miles de denuncias de tortura realizadas desde en el país desde 1991, menos de 20 casos han concluido en sentencias condenatorias.

Hasta la fecha se han documentado cerca de 30 casos en los que las Comisiones de Derechos Humanos, federal y estatales, han confirmado algún tipo de encubrimiento de estas agresiones a mujeres. En todos estos casos, la detención ilegal de las mujeres se ha dado sin que se les informe de los motivos, de ahí son trasladas a instalaciones clandestinas donde son torturadas sexualmente.

El patrón de agresiones, de los casos que se han investigado, es consistente. Las detenidas fueron abusadas sexualmente, obligadas a desnudarse frente a sus agresores, muchas señalan haber sido fotografiadas o videograbadas, y en muchos otros casos, se ha registrado tortura mediante descargas eléctricas en zonas genitales.

A más de 3 años de la instalación del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual por parte de SEGOB – y ante la inminente solicitud de la sociedad civil en el marco de las Naciones Unidas-, la violación sistemática de los derechos humanos de cientos de mujeres permanece en la impunidad ante una “cultura de encubrimiento” por parte de los Ministerios Públicos, médicos y cuerpos policíacos.