/ jueves 26 de diciembre de 2019

Totum Revolutum

Todo revuelto, turbio, enredado, intrincado, muy difícil de entender. Ese es el panorama político, social y jurídico de México. Habida cuenta de que la inseguridad y la violencia es el problema número uno del país, el origen de todos los demás problemas, las medidas que se anuncian y proponen para encararlo son y están revueltas en grado sumo.

En tal virtud yo me pregunto si antes, ANTES, de modificar o reformar la Constitución y el Código penal que tipifica múltiples delitos es jurídico, aconsejable, posible, factible, olvidar las penas que ya cometidos aquéllos se impusieron a sus autores con base en la Carta Magna y en la legislación.

Y si se olvidan ello equivale o equivaldría a impunidad, contradicción y desequilibrio social; porque la doctrina en la materia es unánime al calificar ese olvido como negación del Estado de Derecho. Lo notable es que en la Cámara de Diputados se ha pasado por alto dicha doctrina; o sea, la han pasado por alto los legisladores, que hacen precisamente las leyes. ¡Totum revolutum!

En efecto, la Cámara de Diputados ha aprobado “en poco más de cinco horas” -¡qué capacidad de lectura, análisis y meditación de la doctrina citada!-la Ley de Amnistía que pasará al Senado el cual habrá de fungir como Cámara revisora; siendo que todo indica que por la composición partidista esa Ley será aprobada.

El camino que se ha seguido es equivocado por su omisión del Derecho, de la Constitución y leyes vigentes. Lo que se debió hacer fue reformar Constitución y leyes, pues la amnistía que es amnesia y olvido permite esto ante la potestad jurídica del Estado. He allí el Estado, ¡pero olvídesele! Se debió cambiar el contenido de las leyes penales, comenzando con la Ley Suprema, ya que aprobar esa Ley implica evidente desacato.

El legislador parece ignorar que en cualquier delito hay elementos de peligrosidad o temibilidad que son los gérmenes de la acción ilícita. ¿Y dónde queda en este contexto la ejemplaridad del castigo? ¿Que no hay esa ejemplaridad? Pues entonces que se cambien las leyes, que se substituyan por otras. Y si nuevas leyes no sancionan lo que antes se sancionaba habrá que atenerse al mandato del artículo 14 constitucional, a saber, que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Ergo a “contrario sensu”, sí en beneficio. ¿Lo sabrá el legislador?

Pero en vez de saberlo, entenderlo y asimilarlo, en la Cámara de Diputados se prefirió revolver las cosas. ¿Por qué? Se inclina uno a pensar que por no contradecir, para usar una palabra suave, al Presidente de la República; ya que se puede entender y compartir la idea del Presidente en cuanto a la necesidad de no sancionar ciertos delitos, pero haciendo las cosas bien, yéndose por el camino adecuado.

Se olvida que los servidores públicos han protestado guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ellas emanen. Veremos qué papel juega en este asunto el Senado. Esperemos que el recuerdo vivo de Belisario Domínguez, ilustre promotor de la llamada cultura de la legalidad, de la libertad en la crítica y partidario persistente de que las ideas se sometan a una reflexión profunda, guíe los pasos de la Cámara Alta en el delicado tema de la Ley de Amnistía, vital para la dignidad jurídica y política de la República; porque las leyes al vapor son ofensivas para el pueblo que no se siente representado por quienes caen en la improvisación acelerada.




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Y Facebook: www.facebook.com/despacho.raulcarranca

Todo revuelto, turbio, enredado, intrincado, muy difícil de entender. Ese es el panorama político, social y jurídico de México. Habida cuenta de que la inseguridad y la violencia es el problema número uno del país, el origen de todos los demás problemas, las medidas que se anuncian y proponen para encararlo son y están revueltas en grado sumo.

En tal virtud yo me pregunto si antes, ANTES, de modificar o reformar la Constitución y el Código penal que tipifica múltiples delitos es jurídico, aconsejable, posible, factible, olvidar las penas que ya cometidos aquéllos se impusieron a sus autores con base en la Carta Magna y en la legislación.

Y si se olvidan ello equivale o equivaldría a impunidad, contradicción y desequilibrio social; porque la doctrina en la materia es unánime al calificar ese olvido como negación del Estado de Derecho. Lo notable es que en la Cámara de Diputados se ha pasado por alto dicha doctrina; o sea, la han pasado por alto los legisladores, que hacen precisamente las leyes. ¡Totum revolutum!

En efecto, la Cámara de Diputados ha aprobado “en poco más de cinco horas” -¡qué capacidad de lectura, análisis y meditación de la doctrina citada!-la Ley de Amnistía que pasará al Senado el cual habrá de fungir como Cámara revisora; siendo que todo indica que por la composición partidista esa Ley será aprobada.

El camino que se ha seguido es equivocado por su omisión del Derecho, de la Constitución y leyes vigentes. Lo que se debió hacer fue reformar Constitución y leyes, pues la amnistía que es amnesia y olvido permite esto ante la potestad jurídica del Estado. He allí el Estado, ¡pero olvídesele! Se debió cambiar el contenido de las leyes penales, comenzando con la Ley Suprema, ya que aprobar esa Ley implica evidente desacato.

El legislador parece ignorar que en cualquier delito hay elementos de peligrosidad o temibilidad que son los gérmenes de la acción ilícita. ¿Y dónde queda en este contexto la ejemplaridad del castigo? ¿Que no hay esa ejemplaridad? Pues entonces que se cambien las leyes, que se substituyan por otras. Y si nuevas leyes no sancionan lo que antes se sancionaba habrá que atenerse al mandato del artículo 14 constitucional, a saber, que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Ergo a “contrario sensu”, sí en beneficio. ¿Lo sabrá el legislador?

Pero en vez de saberlo, entenderlo y asimilarlo, en la Cámara de Diputados se prefirió revolver las cosas. ¿Por qué? Se inclina uno a pensar que por no contradecir, para usar una palabra suave, al Presidente de la República; ya que se puede entender y compartir la idea del Presidente en cuanto a la necesidad de no sancionar ciertos delitos, pero haciendo las cosas bien, yéndose por el camino adecuado.

Se olvida que los servidores públicos han protestado guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ellas emanen. Veremos qué papel juega en este asunto el Senado. Esperemos que el recuerdo vivo de Belisario Domínguez, ilustre promotor de la llamada cultura de la legalidad, de la libertad en la crítica y partidario persistente de que las ideas se sometan a una reflexión profunda, guíe los pasos de la Cámara Alta en el delicado tema de la Ley de Amnistía, vital para la dignidad jurídica y política de la República; porque las leyes al vapor son ofensivas para el pueblo que no se siente representado por quienes caen en la improvisación acelerada.




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