“ESPERAR LO MEJOR; PERO ESTAR PREPARADO PARA LO PEOR.”
Dalai Lama
Gabriela Mora Guillén.
Estamos a poco menos de una semana para estrenar Presidente de la República; después de un emocionante proceso electoral y ante un polémico periodo de transición del que han derivado, desde cuestionables encuestas ciudadanas, hasta un sinnúmero de ideas y propuestas cuya viabilidad, oportunidad y efectividad inspiran igualmente dudas, el momento ha llegado…
Así las cosas y ante un escenario francamente adverso en varios temas, es innegable la pérdida de autoridad y del estado de derecho que a través de los años se ha venido dando: el país está en manos del crimen organizado, la situación de inseguridad ha alcanzado niveles hasta hace poco inimaginables y nos hemos venido acostumbrando a historias cada vez más cruentas, trágicas, inhumanas… no hay adjetivo…
Tal es el caso de los hechos ocurridos el pasado domingo cuando alrededor de 20 individuos, portadores de armas de fuego de alto poder, llegaron a bordo de cinco camionetas y dispararon a personal de la Cruz Roja cuando realizaban la entrega de apoyos en la localidad de San Juan Tenería.
Sin motivo aparente, un grupo de hombres armados atacó a balazos a elementos de la Policía Estatal y a paramédicos de la Cruz Roja que entregaban apoyos asistenciales en una cancha deportiva de la localidad de San Juan Tenería, en Taxco, Guerrero. El resultado: cuatro personas muertas –tres policías y un paramédico-, y nueve lesionados.
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que las autoridades estatales ya tienen “perfectamente identificados” a los responsables, se trata de “una pandilla de jóvenes”, de entre 18 y 20 años, que comete delitos como extorsión, robo y asesinato, en la parte alta de Taxco, cerca del Estado de México: “Iban sobre los policías”, dijo el gobernador sobre el ataque. “El asesinato del voluntario de la Cruz Roja y otras personas que participaron en la ayuda humanitaria fue daño colateral”, señaló.
De acuerdo con el gobernador, los agresores de San Juan Tenería también habrían participado en el caso de los asesinatos de sacerdotes, registrado meses antes, y a su vez, Astudillo aprovechó para pedir ayuda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y a la PGR, debido a que asegura, este tipo de sucesos sobrepasan los límites de operatividad local.
Evidentemente, desde que ocurrieron los hechos, Cruz Roja Mexicana lamentó y condenó los sucesos en los que el voluntariado de la institución fue agredido con armas de fuego cuando entregaba ayuda humanitaria, señalando que el único interés de quienes participan con la institución es ayudar a las personas vulnerables: “La agresión ocurrida a nuestro personal no solamente daña a la institución, sino que afecta a las personas beneficiarias porque están esperanzadas en recibir la ayuda para mitigar su sufrimiento"…
Sabemos, y así lo ha manifestado Cruz Roja Mexicana, que es una institución imparcial e independiente, trabaja bajo principios fundamentales y su labor es únicamente por interés humanitario; su labor no tiene fines partidistas ni políticos, es una institución neutral.
Y una vez presentado el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, mismo que considera la creación de la Guardia Nacional, la opinión pública ha reaccionado en su mayoría, con preocupación.
Tal es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuyo consejo consultivo consideró que la propuesta es contraria a la Constitución y no es opción “para recuperar la paz, seguridad y respeto de derechos humanos que la sociedad reclama, ni será la respuesta a los problemas de impunidad, corrupción y desigualdad” que enfrenta México.
En un comunicado, en el que se reconoce “la contribución y sacrificios de las Fuerzas Armadas para hacer frente a la grave situación de violencia e inseguridad en diversas regiones del país”, los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH hicieron un llamado a López Obrador para rectificar su plan de seguridad pública y “que se fortalezcan las instituciones civiles en la materia, reduciendo la participación de elementos de nuestras Fuerzas Armadas en cuanto sea posible”.
Al señalar que la estrategia de militarización de la seguridad pública de los últimos dos sexenios “ha demostrado lo limitado de sus alcances y efectos”, el Consejo Consultivo de la CNDH destacó que durante meses “los organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos, organizaciones civiles, académicos y expertos de seguridad se pronunciaron en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI), recientemente declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
El órgano colegiado agregó que los opositores a la LSI “evidenciaron la necesidad de un planteamiento general e integral de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia, restringiendo lo más posible la participación de las Fuerzas Armadas, y buscando fortalecer y desarrollar a las instituciones civiles como encargadas de la seguridad pública, lo que pasa por la creación de fiscalías verdaderamente autónomas e independientes, que va más allá de la forma de cuerpos reactivos que sustenten su actuación en el uso de la fuerza principalmente”.
En fin. Sin ánimo alguno de fatalismo por supuesto, el esquema podría generar el planteamiento de nuevas estrategias que en verdad representen las fortalezas del Estado frente a las organizaciones criminales; no obstante, únicamente con la coordinación entre órdenes de gobierno, con los recursos suficientes y a través de fortalezas locales, será posible evitar el terrible problema en el que la corrupción, irresponsabilidad y falta de compromiso nos ha llevado a estar en esta caótica y preocupante situación.
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