El recién publicado Informe Mundial sobre Trata de Personas 2022, da cuenta de dos noticias contrastantes. Por una parte informa que, producto de los efectos de la pandemia de Covid 19, el número de víctimas de trata en el mundo disminuyó por primera vez en los últimos 20 años y, por otra, que durante la última década se incrementó el número de niños y hombres víctimas de dicho delito para ser utilizados en actividades delictivas y formas mixtas de explotación.
Como es del dominio público, en México la leva criminal o reclutamiento forzado de adultos, jóvenes y niños por organizaciones del crimen organizado se desencadenó a raíz de la declaración de guerra al narcotráfico, iniciada a finales de 2006, y continúa boyante sin que se logre generar políticas públicas ni concretar mecanismos legislativos que sirvan de contención a las acciones depredadoras que dichos grupos han desencadenado contra nuestros niños y adolescentes.
Tampoco se han desarrollado medidas suficientes y contundentes que atiendan las condiciones de vulnerabilidad en que viven grandes sectores de menores y que facilitan su reclutamiento voluntario como es: la pobreza, violencia familiar, deserción escolar, las adicciones y falta de expectativas educativas, recreativas y laborales para este grupo poblacional.
Si bien no existen cifras precisas que den cuenta del número de niños y adolescentes que han sido y son víctimas de reclutamiento forzado por parte de los grupos criminales para ser utilizados dentro de sus estructuras para la extorsión, tráfico de drogas y personas, existen datos estimados, difundidos por investigaciones periodísticas, organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales que han permitido visibilizar el fenómeno y generar estimaciones que hablan de entre 30 y 35 mil menores reclutados durante los últimos años, del asesinato de al menos 700 de ellos en 2021 y del riesgo de que 250 mil más sean levantados.
La atención al fenómeno supone la denuncia, visibilización y la generación de diagnósticos que proponen medidas concretas para la atención específica de este gravísimo problema.
Dentro de ellos se encuentra el que formuló la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), quién en septiembre de 2022, durante la presentación de su estudio Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos: Análisis desde las Política Públicas y la Legislación, ante la Comisión de Derechos de los Niños y Adolescentes de la Cámara de Diputados, demandó que el Estado tipifique y reconozca, en nuestra legislación, la comisión de dicho delito por organizaciones del crimen organizado, en consonancia con las leyes internacionales. No sólo como norma reglamentaria, sino para diferenciarlo de fenómenos delictivos asociados que ya se encuentran contemplados en nuestras leyes, como la trata de personas o la corrupción de menores.
A dichas demandas se vienen a sumar distintas iniciativas de ley promovidas en el Senado y Cámara de Diputados durante 2022, para tipificar el delito de reclutamiento de menores perpetrado por grupos armados y/o de la delincuencia organizada.
Si bien es de celebrar lo anterior, urge acelerar las acciones concretas para ponerle fin a tan criminal acción. Sobre todo cuando hechos recientes dan cuenta de los efectos nocivos que este fenómeno le está generando a nuestra sociedad. Nos referimos al caso de los integrantes de la banda de Los Mexicles y a su líder, El Neto, jóvenes que en su mayoría fueron reclutados por el narco siendo adolescentes y que al alcanzar la mayoría de edad se habían convertido en deshumanizados delincuentes, con pocas posibilidades de ser regenerados y reinsertados socialmente. De ese tamaño es el problema, de ese tamaño el reto.
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