/ martes 5 de diciembre de 2017

Tres errores del proyecto de la Ley de Seguridad Interior

El Estado mexicano tiene graves problemas de seguridad pública que comenzaron en las últimas décadas del siglo pasado. En esos tiempos, algunos miembros de la policía federal, estatal y municipal entablaron fuertes nexos con la delincuencia, por ello, el problema se fue en espiral. Hoy, el proyecto de Ley de Seguridad Interior pretende remediar esto, pero no convence a nadie ¿Por qué?

El problema empezó con delitos como el robo de bancos. Éste era un típico problema de seguridad pública con dos vertientes: colusión e ineficacia de las instituciones del Estado mexicano para erradicar el problema. Más adelante vino la violencia con los secuestros, pues aquí surgieron problemas de seguridad pública en dos planos: a) incapacidad del Estado mexicano para prevenir, investigar y sancionar y b) la corrupción que facilitaba la ejecución de los delitos. Hay veces que no se puede distinguir de quién infringe la ley y quién está encargado de hacerla cumplir.

La ineptitud para atacar delitos menores como el robo, dio lugar a los secuestros y se llegó hasta problemas de delincuencia organizada. El asunto se explica, en gran medida, por la capacidad o incapacidad de las policías. Así las cosas, tuvimos que recurrir a las fuerzas armadas para hacer la tarea de las policías. Las preguntas son: ¿Nadie se planteó arreglar el problema de origen de nuestras policías? ¿No era obvio que se necesitaba reformar el sistema de seguridad pública?

La delincuencia organizada despliega decenas de conductas ilícitas y, en algún momento, decidió retar al Estado mexicano, aquella tomó el control de varios municipios, administraba justicia y aumentó su nivel de corrupción. La pregunta es: ¿esto amenaza la seguridad nacional? Entendida ésta como aquella que defiende la marcha del país de amenazas externas (como una invasión) o de internas (como un cuartelazo en tiempos de la revolución). El paso entre seguridad pública y seguridad nacional es gigantesco, pero la realidad desdibujo la distancia de manera peligrosa.

Las fuerzas armadas se han mantenido en las calles haciendo labores de seguridad pública y seguridad nacional, con diversos resultados: los policías seguían en el olvido, las fuerzas armadas no están diseñadas para esas tareas, quejas de violación a derechos humanos y falta de pesos y contrapesos.

La Ley de Seguridad Interior tenía que resolver los problemas antes mencionados, pero no lo hace. En primer término, vuelve a dejar en olvido a las policías estatales o municipales, por lo cual nos condena a resolver cualquier fenómeno delictivo a través de las fuerzas armadas, es decir, seguimos en lo mismo. En segundo plano, esta ley es ambigua, es decir, no distingue cuando hay una verdadera amenaza para la marcha del país o cuando es un problema de seguridad pública. Esto ha permitido todas las especulaciones que se hacen, respecto del mal uso que se podría dar a esta ley.

Por último, no existe un plan a largo plazo sobre qué hacer con la seguridad pública. La ausencia de un régimen transitorio, entre la realidad en la que hoy estamos y a dónde queremos llegar, deja una ley trunca que no resuelve las preocupaciones de la sociedad. El Senado está llamado a escuchar a la sociedad, para eso deben servir nuestros representantes. El problema inició con policías federales, locales y estales ¿por qué no ocuparse de ellos?

El Estado mexicano tiene graves problemas de seguridad pública que comenzaron en las últimas décadas del siglo pasado. En esos tiempos, algunos miembros de la policía federal, estatal y municipal entablaron fuertes nexos con la delincuencia, por ello, el problema se fue en espiral. Hoy, el proyecto de Ley de Seguridad Interior pretende remediar esto, pero no convence a nadie ¿Por qué?

El problema empezó con delitos como el robo de bancos. Éste era un típico problema de seguridad pública con dos vertientes: colusión e ineficacia de las instituciones del Estado mexicano para erradicar el problema. Más adelante vino la violencia con los secuestros, pues aquí surgieron problemas de seguridad pública en dos planos: a) incapacidad del Estado mexicano para prevenir, investigar y sancionar y b) la corrupción que facilitaba la ejecución de los delitos. Hay veces que no se puede distinguir de quién infringe la ley y quién está encargado de hacerla cumplir.

La ineptitud para atacar delitos menores como el robo, dio lugar a los secuestros y se llegó hasta problemas de delincuencia organizada. El asunto se explica, en gran medida, por la capacidad o incapacidad de las policías. Así las cosas, tuvimos que recurrir a las fuerzas armadas para hacer la tarea de las policías. Las preguntas son: ¿Nadie se planteó arreglar el problema de origen de nuestras policías? ¿No era obvio que se necesitaba reformar el sistema de seguridad pública?

La delincuencia organizada despliega decenas de conductas ilícitas y, en algún momento, decidió retar al Estado mexicano, aquella tomó el control de varios municipios, administraba justicia y aumentó su nivel de corrupción. La pregunta es: ¿esto amenaza la seguridad nacional? Entendida ésta como aquella que defiende la marcha del país de amenazas externas (como una invasión) o de internas (como un cuartelazo en tiempos de la revolución). El paso entre seguridad pública y seguridad nacional es gigantesco, pero la realidad desdibujo la distancia de manera peligrosa.

Las fuerzas armadas se han mantenido en las calles haciendo labores de seguridad pública y seguridad nacional, con diversos resultados: los policías seguían en el olvido, las fuerzas armadas no están diseñadas para esas tareas, quejas de violación a derechos humanos y falta de pesos y contrapesos.

La Ley de Seguridad Interior tenía que resolver los problemas antes mencionados, pero no lo hace. En primer término, vuelve a dejar en olvido a las policías estatales o municipales, por lo cual nos condena a resolver cualquier fenómeno delictivo a través de las fuerzas armadas, es decir, seguimos en lo mismo. En segundo plano, esta ley es ambigua, es decir, no distingue cuando hay una verdadera amenaza para la marcha del país o cuando es un problema de seguridad pública. Esto ha permitido todas las especulaciones que se hacen, respecto del mal uso que se podría dar a esta ley.

Por último, no existe un plan a largo plazo sobre qué hacer con la seguridad pública. La ausencia de un régimen transitorio, entre la realidad en la que hoy estamos y a dónde queremos llegar, deja una ley trunca que no resuelve las preocupaciones de la sociedad. El Senado está llamado a escuchar a la sociedad, para eso deben servir nuestros representantes. El problema inició con policías federales, locales y estales ¿por qué no ocuparse de ellos?

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