/ viernes 7 de febrero de 2020

Tres sugerencias

En los próximos días la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados aprobará la convocatoria para el proceso de selección de quienes renovarán el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). El próximo 3 de abril concluye el periodo por el que fueron designados la consejera Pamela San Martín y los consejeros Marco Baños, Benito Nacif y Enrique Andrade.


El procedimiento de selección de nuevas consejeras y consejeros del INE es muy importante para la democracia mexicana, ya que quienes sean designados se estarán incorporando de forma inmediata a los trabajos de organización de los procesos electorales en Hidalgo y Coahuila (cuya jornada electoral está prevista para el próximo 7 de junio), y a la organización y conducción del proceso electoral de 2021 que inicia en septiembre del presente año.


El proceso electoral del próximo año está llamado a ser el más grande de nuestra historia, pues además de que se renovará en su totalidad la Cámara de Diputados, se elegirán 15 gubernaturas, 30 Congresos locales y casi 2 mil ayuntamientos en 30 estados. Más de 3 mil 500 cargos. Adicionalmente, se prevé que más de 96 millones de ciudadanas y ciudadanos sean convocados a ejercer su derecho al voto. Es decir, las nuevas consejeras y consejeros se suben a un tren en marcha y por ello no hay espacio para curva de aprendizaje ni improvisaciones


Otro aspecto relevante es que quienes sean designados estarán encargados de la organización de la próxima elección presidencial, en 2024. De ahí que los perfiles de las personas que participen en el proceso y que finalmente sean nombrados deben garantizar conocimiento en la materia y generar convicción de dar cumplimiento a los principios rectores de la función electoral: independencia, imparcialidad, objetividad, legalidad, certeza y máxima publicidad.


Es importante mencionar que el procedimiento de designación se rige por lo establecido en el artículo 41 de la Constitución y en él se prevé que el primer paso que debe fijar la convocatoria que se expida es la instalación de un Comité Técnico de Evaluación que deberá estar integrado por siete personas de reconocido prestigio. Tres son nombrados por la propia JUCOPO, dos por la CNDH y dos por el INAI.


Dicho comité tiene la obligación de proponer una quinteta por cargo a designar, es decir, para este procedimiento deberá generar 4 quintetas a partir de aquellos aspirantes que cumplan con los requisito constitucionales y legales para desempeñar el cargo de Consejero Electoral. Dichas quintetas deberán ser enviadas a la JUCOPO para que, de cada una de ellas, se seleccione a quienes finalmente serán votados y designados por el pleno de la Cámara.


Aquí es importante detenernos. Si lo que se busca es que las personas que sean designadas garanticen imparcialidad en sus decisiones, entonces el punto de partida es asegurar que el prestigio no solamente sea la única cualidad de quienes integren el Comité técnico.


De ahí que la primera sugerencia sea que dicho comité esté integrado por personajes que sean apartidistas. Ello implica que no cuenten con vínculos personales con miembros de alguna fuerza política o con integrantes del gobierno federal en turno y pasados. También deben contar con probada experiencia en actividades relacionadas con el desarrollo democrático y electoral del país (protección de derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas, etcétera).


Si se le quiere inyectar al procedimiento la certeza de que no habrá cuotas ni cuates, entonces debe garantizarse la colaboración de la ciudadanía en las actividades que se encuentren previstas en la convocatoria.


La segunda sugerencia es que en el procedimiento de designación rija la mayor transparencia posible y que se prevea la participación de la sociedad civil de manera activa en las distintas etapas de la convocatoria. No hacerlo implicaría aceptar como exitosos algunos procedimientos de designación que vimos el año pasado y que estuvieron sustentados en falsas premisas de un parlamento abierto.


Quien ignora la realidad y la historia de los procesos democráticos de México, difícilmente podrá reconocer que las grandes críticas al funcionamiento de la autoridad electoral se han presentado por la exclusión de fuerzas políticas en el procedimiento de designación de Consejeras y Consejeros. De hecho, algunos reclamos históricos sobre el funcionamiento del INE, se han sustentado sobre la negativa de inclusión de fuerzas minoritarias en el proceso de toma de decisiones.


Por ello, mi tercera sugerencia es que la decisión final sobre quienes se integren al Consejo General del INE el próximo abril sea producto del mayor consenso posible entre todas las fuerzas políticas. La consolidación de la democracia mexicana transita por contar con instituciones fuertes y esa fortaleza siempre podrá alcanzarse con la participación de todas y todos sin distinciones.


*Jefe de oficina de la presidencia del Consejo General del INE.

En los próximos días la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados aprobará la convocatoria para el proceso de selección de quienes renovarán el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). El próximo 3 de abril concluye el periodo por el que fueron designados la consejera Pamela San Martín y los consejeros Marco Baños, Benito Nacif y Enrique Andrade.


El procedimiento de selección de nuevas consejeras y consejeros del INE es muy importante para la democracia mexicana, ya que quienes sean designados se estarán incorporando de forma inmediata a los trabajos de organización de los procesos electorales en Hidalgo y Coahuila (cuya jornada electoral está prevista para el próximo 7 de junio), y a la organización y conducción del proceso electoral de 2021 que inicia en septiembre del presente año.


El proceso electoral del próximo año está llamado a ser el más grande de nuestra historia, pues además de que se renovará en su totalidad la Cámara de Diputados, se elegirán 15 gubernaturas, 30 Congresos locales y casi 2 mil ayuntamientos en 30 estados. Más de 3 mil 500 cargos. Adicionalmente, se prevé que más de 96 millones de ciudadanas y ciudadanos sean convocados a ejercer su derecho al voto. Es decir, las nuevas consejeras y consejeros se suben a un tren en marcha y por ello no hay espacio para curva de aprendizaje ni improvisaciones


Otro aspecto relevante es que quienes sean designados estarán encargados de la organización de la próxima elección presidencial, en 2024. De ahí que los perfiles de las personas que participen en el proceso y que finalmente sean nombrados deben garantizar conocimiento en la materia y generar convicción de dar cumplimiento a los principios rectores de la función electoral: independencia, imparcialidad, objetividad, legalidad, certeza y máxima publicidad.


Es importante mencionar que el procedimiento de designación se rige por lo establecido en el artículo 41 de la Constitución y en él se prevé que el primer paso que debe fijar la convocatoria que se expida es la instalación de un Comité Técnico de Evaluación que deberá estar integrado por siete personas de reconocido prestigio. Tres son nombrados por la propia JUCOPO, dos por la CNDH y dos por el INAI.


Dicho comité tiene la obligación de proponer una quinteta por cargo a designar, es decir, para este procedimiento deberá generar 4 quintetas a partir de aquellos aspirantes que cumplan con los requisito constitucionales y legales para desempeñar el cargo de Consejero Electoral. Dichas quintetas deberán ser enviadas a la JUCOPO para que, de cada una de ellas, se seleccione a quienes finalmente serán votados y designados por el pleno de la Cámara.


Aquí es importante detenernos. Si lo que se busca es que las personas que sean designadas garanticen imparcialidad en sus decisiones, entonces el punto de partida es asegurar que el prestigio no solamente sea la única cualidad de quienes integren el Comité técnico.


De ahí que la primera sugerencia sea que dicho comité esté integrado por personajes que sean apartidistas. Ello implica que no cuenten con vínculos personales con miembros de alguna fuerza política o con integrantes del gobierno federal en turno y pasados. También deben contar con probada experiencia en actividades relacionadas con el desarrollo democrático y electoral del país (protección de derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas, etcétera).


Si se le quiere inyectar al procedimiento la certeza de que no habrá cuotas ni cuates, entonces debe garantizarse la colaboración de la ciudadanía en las actividades que se encuentren previstas en la convocatoria.


La segunda sugerencia es que en el procedimiento de designación rija la mayor transparencia posible y que se prevea la participación de la sociedad civil de manera activa en las distintas etapas de la convocatoria. No hacerlo implicaría aceptar como exitosos algunos procedimientos de designación que vimos el año pasado y que estuvieron sustentados en falsas premisas de un parlamento abierto.


Quien ignora la realidad y la historia de los procesos democráticos de México, difícilmente podrá reconocer que las grandes críticas al funcionamiento de la autoridad electoral se han presentado por la exclusión de fuerzas políticas en el procedimiento de designación de Consejeras y Consejeros. De hecho, algunos reclamos históricos sobre el funcionamiento del INE, se han sustentado sobre la negativa de inclusión de fuerzas minoritarias en el proceso de toma de decisiones.


Por ello, mi tercera sugerencia es que la decisión final sobre quienes se integren al Consejo General del INE el próximo abril sea producto del mayor consenso posible entre todas las fuerzas políticas. La consolidación de la democracia mexicana transita por contar con instituciones fuertes y esa fortaleza siempre podrá alcanzarse con la participación de todas y todos sin distinciones.


*Jefe de oficina de la presidencia del Consejo General del INE.

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