La resolución de la Corte de mantener la constitucionalidad de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica promovida por el Presidente López Obrador para salvaguardar la Rectoría del Estado mexicano sobre ese servicio estratégico y proteger el interés general frente a la depredación de la empresas privadas extranjeras es jurídica, ideológica, política, social, diplomática y económicamente correcta.
En lo jurídico, no se alcanzó el número de Ministros exigido para vencer la presunción de constitucionalidad de la ley. Eso la hace formalmente impecable y, materialmente, corresponde a valores fundamentales que son la base histórica e ideológica del constitucionalismo mexicano. Ciertamente, los cuatro ministros que validaron la vigencia de la ley representan un número menor que el de los partidarios de la invalidez lo cual no le resta valor esencial a ninguna de las dos posturas, pues lo que permite valorar positivamente un criterio jurídico es su consistencia lógica entre los supuestos de los que parte y las consecuencias a las que arriba. Para juzgar cuál es mejor hay que acudir a la posición ideológica que la sustenta. En ese sentido no hay un criterio objetivo que conduzca a una conclusión verdadera ya que dependerá del apego subjetivo a los valores de cada una. El problema que afloró en la Corte reflejó la polarización de la opinión pública proveniente en el fondo de la hendidura que se ha abierto en nuestro sistema constitucional.
Hoy tenemos dos Constituciones en una. La gradual y disimulada pero incesante penetración de ideas que fueron socavando el modelo original de nuestra Norma Suprema generó una bipolaridad constitucional en la que conviven dos filosofías no solo distintas, sino enfrentadas. Por un lado, el modelo social y nacionalista consagrado en el texto original de 1917 y por otro la visión neoliberal e internacionalista que a la manera de las termitas en una construcción se fue infiltrando en las normas y en la mentalidad de un importante sector de la población. El primero se manifiesta en principios como la rectoría del Estado; la justificación de todo poder público en razón del beneficio popular; la propiedad originaria de la Nación; la planeación democrática; la educación nacionalista; la protección de la economía popular; la sujeción de la propiedad de los extranjeros a los intereses nacionales y su obligación de renunciar a la protección de sus gobiernos. En este modelo predomina el interés general sobre las pretensiones individuales y estima que el mercado debe quedar sujeto al Estado.
Por el contrario, la postura neoliberal pone en primer plano al individuo pretendiendo que sus derechos sean anteriores y superiores a los de la colectividad políticamente organizada; considera que la vida social se rige mejor por los dictados del mercado, sin interferencias del Estado; que debe privilegiarse el espíritu empresarial privado; que la propiedad es un derecho humano ilimitado no restringible por los designios de la Nación; que esta debe aceptar los condicionamientos internacionales de la globalización; que dar prioridad al interés de los mexicanos viola los derechos de los extranjeros. Esta confusión identitaria es la verdadera causa de la polarización nacional y lo más grave es que tanto uno como otro proyecto pueden encontrar asidero en los textos explícitos o los principios implícitos incorporados a la Constitución. De ahí que los defensores de uno y otro actúen con sinceridad cuando los defienden porque creen en ellos incluso apasionadamente.
Para mí es ideológicamente correcta la solución porque se adhiere a las causas más profundas del pueblo mexicano. La inclusión de criterios neoliberales ha incrementado la desigualdad en México y en el mundo, por eso contrarrestarlos es socialmente correcto. La preservación del interés patrio va de la mano con la seguridad nacional y con su soberanía, misma que la posición neoliberal minusvalora, pero la pandemia y la guerra la han revaluado.
Mantener la rectoría del Estado y la soberanía nacional es política y diplomáticamente correcto pues la realidad comprueba que la pretensión de igualdad de las empresas foráneas con las mexicanas les da a las primeras la ventaja de que los embajadores y los jefes de Estado actúan como sus abogados privados. Como bien lo dijo la Ministra Esquivel, en el modelo social el Estado no está para entrar a la competencia privada en actividades estratégicas, pero peor aún, si se le reduce a un actor más del mercado no se le debe sujetar a condiciones que acaban siendo discriminatorias para sus empresas como ha ocurrido con la CFE, por ello lo resuelto es económicamente correcto. Es más, la posición de la Ministra Ortiz que defendía la consideración del acceso a la electricidad como derecho humano no carecía de sentido y hubiera sido compatible con otras decisiones de la Corte que ya ha extendido la noción de los derechos humanos al grado de facilitar el acceso a la mariguana, que es menos útil que la luz eléctrica.
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