Esta semana Donald Trump le declaró la guerra en la práctica a California en dos frentes. Está tratando de quitarle al “estado dorado” la capacidad de regular la contaminación generada por sus 15 millones de automóviles y, lo más extraño, está buscando que la Agencia de Protección Ambiental de California declare que la población de indigentes constituye una amenaza para el medioambiente.
En breve, les daré más información sobre estas estrategias de políticas públicas. Antes que nada, aclaremos que hay dos Californias: el estado real en la costa oeste de Estados Unidos y el estado de fantasía en la imaginación de la derecha.
La verdadera California ciertamente tiene grandes problemas. En particular, el costo de la vivienda está por los cielos, lo cual, a su vez, probablemente sea la principal razón por la cual el estado tiene una población importante de personas sin hogar.
Sin embargo, a California le va muy bien en muchas otras cosas. Tiene una economía pujante, que ha venido creando puestos de trabajo a un ritmo mucho más rápido que el país en general.
Ocupa el segundo lugar de la nación en esperanza de vida, comparable con países europeos que tienen una mucho mayor esperanza de vida que Estados Unidos en general. Esto me lleva a la guerra de Trump contra California.
El intento de anular las normas estatales para el control de emisiones tiene sentido, aunque retorcido, teniendo en cuenta las prioridades políticas de Trump. Está claro que su gobierno tiene como objetivo contaminar a Estados Unidos de nuevo y, en particular, asegurarse de que el planeta se caliente tan rápidamente como sea posible. California es un gran actor que puede bloquear en la práctica parte de esa agenda, como lo demuestra la voluntad de los fabricantes de automóviles de acatar sus normas de emisiones. De ahí el intento de despojar al estado de ese poder, olvidándose de la retórica del pasado sobre los derechos de los estados.
No obstante, declarar a los indigentes una amenaza ambiental, como lo ha hecho, además de ser casi surrealista viniendo de un gobierno que, en general, ama la contaminación, es un disparate. Sólo puede entenderse como un intento de castigar a un estado que no simpatiza con Trump, y manchar su reputación.
¿Qué podemos concluir de la guerra de Trump contra California?
En primer lugar, es un ejemplo más de la insensibilidad intelectual de la derecha moderna, que nunca, pero nunca, permite que los hechos incómodos perturben sus prejuicios.
Y lo que resulta más inquietante, el uso aparente de la Agencia de Protección Ambiental como un arma de ataque es una evidencia más de que Trump —cuyo partido en esencia no cree en la democracia— está siguiendo el manual de estrategias autoritarias modernas, en el cual se corrompen todas las instituciones y todos los puestos gubernamentales se pervierten a fin de convertirse en una herramienta para premiar a los amigos y castigar a los enemigos.
