/ jueves 11 de julio de 2019

Trump y los mercaderes de la detención

¿Es crueldad o corrupción? Esa es una pregunta que surge siempre que uno se entera sobre algún nuevo abuso extraordinario del gobierno de Trump, algo que parece ocurrir casi todas las semanas. Y, por lo general, la respuesta es “ambas”.

Esto aplica para las atrocidades que Estados Unidos comete contra los migrantes de América Central. Una razón para estas atrocidades es que el gobierno de Trump ve la crueldad como una herramienta para sus políticas y como una estrategia política: el trato despiadado a los refugiados puede disuadir a futuros solicitantes de asilo y, en cualquier caso, ayuda a motivar a la base racista. Sin embargo, también se hace dinero de ello, porque la mayoría de los migrantes detenidos se encuentran en instalaciones que manejan corporaciones que tienen estrechos vínculos con el Partido Republicano.

Y cuando digo estrechos vínculos, me refiero a recompensas personales, así como contribuciones de campaña. Hace un par de meses, John Kelly, el exjefe de Gabinete de Trump, se unió al consejo de Caliburn International, que dirige el infame centro de detención Homestead para niños migrantes.

Esto nos lleva al tema de las prisiones privadas, y la privatización en general. La privatización de los servicios públicos —hacer que sean contratistas en lugar de empleados gubernamentales quienes los presten— empezó durante los años ochenta. A menudo se ha justificado usando la retórica de los mercados libres, la supuesta superioridad de la empresa privada a la burocracia gubernamental.

Sin embargo, ese siempre fue el caso de la estrategia del gancho y el engaño. Los mercados libres, en los que compiten las empresas privadas por clientes, pueden lograr grandes cosas, y de hecho son la mejor forma de organizar la mayor parte de la economía.

No obstante, el argumento de los mercados libres no es un argumento que funcione en el caso de las empresas privadas en las que no hay mercado: no hay razón para suponer que las empresas privadas harán un mejor trabajo cuando no hay ninguna competencia, porque el gobierno mismo es el único cliente. De hecho, los estudios sobre la privatización suelen encontrar que esta acaba costando más que tener a empleados gubernamentales haciendo el trabajo.

Tampoco es un accidente. Entre contribuciones de campaña y las idas y venidas del sector público al privado, además de más cohecho declarado del que quisiéramos admitir, los contratistas privados pueden diseñar pagos excesivos a una escala que supera los sueños más salvajes de los sindicatos del sector público.

El aumento en las detenciones de migrantes ha sido una importante y nueva fuente de ganancias para la industria de las prisiones privadas.

Además, esto encaja en un patrón general. Como sugerí al comienzo de esta columna, la crueldad y la corrupción están entremezcladas en las políticas del gobierno de Trump. Cada traición a los principios estadounidenses también parece, de algún modo, producir beneficios financieros para Trump y sus amigos.

¿Es crueldad o corrupción? Esa es una pregunta que surge siempre que uno se entera sobre algún nuevo abuso extraordinario del gobierno de Trump, algo que parece ocurrir casi todas las semanas. Y, por lo general, la respuesta es “ambas”.

Esto aplica para las atrocidades que Estados Unidos comete contra los migrantes de América Central. Una razón para estas atrocidades es que el gobierno de Trump ve la crueldad como una herramienta para sus políticas y como una estrategia política: el trato despiadado a los refugiados puede disuadir a futuros solicitantes de asilo y, en cualquier caso, ayuda a motivar a la base racista. Sin embargo, también se hace dinero de ello, porque la mayoría de los migrantes detenidos se encuentran en instalaciones que manejan corporaciones que tienen estrechos vínculos con el Partido Republicano.

Y cuando digo estrechos vínculos, me refiero a recompensas personales, así como contribuciones de campaña. Hace un par de meses, John Kelly, el exjefe de Gabinete de Trump, se unió al consejo de Caliburn International, que dirige el infame centro de detención Homestead para niños migrantes.

Esto nos lleva al tema de las prisiones privadas, y la privatización en general. La privatización de los servicios públicos —hacer que sean contratistas en lugar de empleados gubernamentales quienes los presten— empezó durante los años ochenta. A menudo se ha justificado usando la retórica de los mercados libres, la supuesta superioridad de la empresa privada a la burocracia gubernamental.

Sin embargo, ese siempre fue el caso de la estrategia del gancho y el engaño. Los mercados libres, en los que compiten las empresas privadas por clientes, pueden lograr grandes cosas, y de hecho son la mejor forma de organizar la mayor parte de la economía.

No obstante, el argumento de los mercados libres no es un argumento que funcione en el caso de las empresas privadas en las que no hay mercado: no hay razón para suponer que las empresas privadas harán un mejor trabajo cuando no hay ninguna competencia, porque el gobierno mismo es el único cliente. De hecho, los estudios sobre la privatización suelen encontrar que esta acaba costando más que tener a empleados gubernamentales haciendo el trabajo.

Tampoco es un accidente. Entre contribuciones de campaña y las idas y venidas del sector público al privado, además de más cohecho declarado del que quisiéramos admitir, los contratistas privados pueden diseñar pagos excesivos a una escala que supera los sueños más salvajes de los sindicatos del sector público.

El aumento en las detenciones de migrantes ha sido una importante y nueva fuente de ganancias para la industria de las prisiones privadas.

Además, esto encaja en un patrón general. Como sugerí al comienzo de esta columna, la crueldad y la corrupción están entremezcladas en las políticas del gobierno de Trump. Cada traición a los principios estadounidenses también parece, de algún modo, producir beneficios financieros para Trump y sus amigos.

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