El principio de un sufragio es igual a un ciudadano o ciudadana, ha encontrado garantías legales para que las listas de votantes sean confiables, puedan revisarse por todas las fuerzas políticas, se actualicen de forma permanente, estén depuradas de cara a los comicios y que cada nombre, fotografía o huella dactilar corresponda indubitablemente a personas de carne y hueso, quienes habitan un territorio determinado y en consecuencia tienen derecho a elegir libremente a representantes populares de ese su entorno directo, igual que lo hacen con cargos electivos relacionados con el ámbito federal.
Buena parte del marco regulatorio está cimentado en medidas que buscan abatir zonas de desconfianza añejas. Es producto de acuerdos legislativos que hoy permiten no solo llegar a las urnas con padrones solventes y verificados, también detectar y sancionar comportamientos atípicos de electores que entreguen documentos falsos, los de cualquiera que intente sacar dos o más credenciales o aquellos relativos al llamado “turismo” comicial, un fenómeno vergonzoso en donde, ante la imposibilidad de alterar nombres o contaminar los listados con votantes inexistentes, se manipula a personas reales para que cambien de domicilio temporalmente, se muden -finjan hacerlo- a un municipios vecinos o lejanos a donde realmente viven, a entidades federativa con elección cuando en la suya propia no hay, en busca de sumar voluntades o apoyos ilegítimos, grupos que tratan con ello de votar en territorios que no habitan, donde las preferencias no son favorables para uno u otro partido que los incita a ello.
No se trata de una práctica generalizada o con posibilidad de incidir en contiendas presidenciales (porque ahí el voto es nacional, no depende del territorio desde donde se emite), pero sin duda se trata de un fenómeno preocupante que requiere sanciones administrativas y penales porque eventualmente podría –eso intenta– distorsionar competencias en municipios donde hay pocos habitantes y suelen presentarse resultados cerrados, cargos que se definen por unos cuántos votos, donde hay antecedentes de empate incluso.
Apenas el 22 de enero el INE conoció un caso. En el contexto del proceso electoral local en Quintana Roo, donde se renovaban ayuntamientos en 2013, fueron detectados movimientos atípicos de ciudadanos que pedían cambiar domicilio de un estado o de un municipio a otro, proporcionando datos falsos a la autoridad para acreditar residencia. Encontramos elementos para identificar que 1 mil 137 personas se fueron se cambiaron así de Yucatán a Quintana Roo entre los meses de febrero, marzo y abril de ese año, especialmente con registros destinados a nutrir potenciales votantes en los municipios yucatecos de Valladolid, Tizimín y Panabá.
Las investigaciones del INE incluyeron visitas al domicilio de los ciudadanos, quienes en algunas ocasiones sí fueron localizados y en otras muchas no. Se preguntó a los vecinos y en varios casos dijeron no haberlos visto nunca, no conocerlos.
Vinieron entonces más diligencias de campo y se concluyó que hay responsables de incitar mudanza electoral y fueron sancionados con multas y en el caso de las personas que acudieron a pedir les cambiaran el domicilio, vino una amonestación para 476 por tratar de engañar sobre un domicilio que no es el suyo.
Estos episodios requieren luz y debate serio, consecuencias que trasciendan lo administrativo electoral. Hasta la fecha el INE ha turnado cinco mil 598 casos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Sabemos que están en curso diversas denuncias, que las herramientas institucionales permiten detectar los intentos de turismo electoral, pero ayudaría mucho que se concreten castigos ejemplares en todos esos casos también por la vía penal. Son prácticas que no pueden asumirse comunes, agravios a cualquier lógica democrática que deben combatirse.
Consejero del INE
@MarcoBanos
