Aguililla, Michoacán, volvió a la escena pública y las razones no fueron contrarias a los orígenes de su fama: poblaciones asediadas por la delincuencia organizada, criminales presumiendo su armamento en las calles y enfrentamientos en plena luz del día. Hasta aquí, conforme al historial de seguridad, nada nuevo. Pero en esta ocasión se sumó a la ecuación un gobernador incapaz y prepotente que primero negó los hechos y después, envalentonado porque tenía al ejército como escolta, agredió a un ciudadano que le recriminaba la inseguridad y le pedía viajar por tierra para que conociera la realidad. Esa realidad en la que el terror había vuelto.
A principios del mes, dos eventos atrajeron la atención a esta localidad. El exalcalde, Adalberto Fructuoso, señalado como líder de un grupo del crimen organizado fue detenido en Guatemala por traficar un cargamento de metanfetaminas a Estados Unidos. Unos cuantos días después hallaron ocho cuerpos decapitados en esta localidad resultado, según fuentes extraoficiales, de un enfrentamiento entre grupos criminales antagónicos. Una dupla infalible para destacar en el mosaico de violencias que azotan al país: un político acusado de narcotráfico y varios cuerpos mutilados.
A partir de estos hechos se desató una nueva ola de violencia que persiste hasta el día de hoy. La ciudadanía está en medio del combate entre grupos criminales que se disputan el control de la zona. La situación se agravó cuando cortaron el paso de la única carretera que permite el acceso a esta localidad. Este cierre ha complicado desde entonces el suministro de bienes básicos como medicinas, alimentos y gasolina; fuentes oficiales incluso reportaron la muerte de personas que estaban enfermas porque no pudieron salir a conseguir los insumos necesarios.
En principio, el gobierno estatal quiso negar la situación y señaló que los primeros enfrentamientos del mes habían ocurrido en otro estado. Cuando la violencia fue tan evidente y descarada, no tuvieron de otra más que aceptarlo e intentar, de manera bastante lamentable, contener la situación. Destacó la visita del gobernador a la localidad durante la cual empujó a un ciudadano. Apresurado por la presión mediática salió a justificar su abuso y, envalentonado esta vez por la protección virtual, tuiteó que había encarado a un provocador que era halcón. Poco tiempo pasó para que se supiera que en realidad era un maestro rural de la comunidad.
Otras de las acciones que implementaron fue enviar a un grupo de policías estatales para liberar la carretera. Los grupos criminales no dejaron que el gobierno disfrutara de este logro porque en menos de un día ya la habían cerrado otra vez. Y no solo eso. También los atacaron con drones que hirieron a dos elementos. La respuesta fue enviar más policías para volver a liberar el paso. Otra vez, ya en un tono más burlesco que retador, estos grupos volvieron a cerrar el camino.
La deuda de los gobiernos con Aguililla es inconmensurable. El primer paso sería aceptarlo y empezar a trabajar en las soluciones. Pero la soberbia del poder les nubla el entendimiento. Se les olvida que no son más que empleados de personas que los eligieron. Que un cargo público tiene fecha de caducidad pero no el de ciudadanía. Y que los reclamos no son ataques a su persona sino recordatorios de su ineficiencia profesional. Y de tanta arrogancia -o por mera conveniencia- se confunden de enemigo y terminan atacando a una población que vive, literalmente, atrapada entre la violencia y negligencia.
Consultor independiente
@ddblanc
