"Hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad y es no resignarse" - Ernesto Sabato
1. La ineptitud. Un aparato político, económico y militar que no puede indagar el paradero de personas desaparecidas, representa la confesión pública de que estamos en presencia de un Estado fracturado.
La reciente declaración del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, de que sólo existe la confirmación preliminar de 340 identificaciones entre los más de 37 mil desaparecidos oficiales que hay en México constata la profunda crisis que vive la justicia mexicana. Los datos son irrefutables y contundentes, veamos: del fondo utilizado por los gobiernos —federal y estatal— para mejorar la seguridad en el país, apenas 0.32% se destina a la especialización para la búsqueda de personas desaparecidas. Por si fuera poco, este dato insultante, en tres estados no se destina un solo peso para la búsqueda de personas. El reporte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), coordinado por la Secretaría de Gobernación, con un presupuesto total de 9 mil 40 millones de pesos, únicamente destinó a la búsqueda de personas 29.7 millones, de enero a agosto de 2018. De ese monto, 16.8 millones, son aportaciones del gobierno federal y 12.8 millones provienen de los estados (La Jornada, 14/10/18, p.10). El destino del gasto ratifica el desinterés de los gobiernos estatales y federal para enfrentar un tema tan delicado y acuciante.
2. ¿Y la Justicia? Desde que en 2001 se tipificó el delito de desaparición forzada en el Código Penal Federal, sólo se han dado 21 sentencias por ese ilícito, 18 condenatorias y tres absolutorias. En la mayoría de las condenas los castigos son casi siempre con las penas mínimas y únicamente se ha sentenciado a un militar de alto rango. Las 18 sentencias incluyen a 41 varones sancionados con un promedio de 7.5 años de prisión cuando la recién aprobada Ley General en Materia de Desaparición asienta una pena mínima de este delito de 40 años de cárcel y, en estos casos, no se ha dado ningún tipo de reparación para las víctimas ni de sus familiares (La Jornada, 15/10/18/, p.14).
3. Disparos en la oscuridad. En tanto los gobiernos anteriores fueron incapaces de evitar las desapariciones y encontrar a las víctimas, AMLO apunta a caminar por el mismo sendero, puesto que lejos de construir un andamiaje institucional y social que favorezca el fortalecimiento del tejido comunitario y la atención eficaz a las víctimas, se ha empeñado en inventar salidas “pacíficas”, que carecen de políticas multidisciplinarias y multifocales. Sí, en efecto, habrá un “cambio” que seguirá caminando en círculos. ¿O no?
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@pedro_penaloz
