En otras ocasiones, desde este amable espacio, he tratado y argumentado, la imposibilidad de dicho neologismo. Pueden haber técnicas terroristas en las actividades de la delincuencia organizada, sí. Coches bomba, agresiones a la población abierta, entre los más vistos en nuestro país. Pero de ninguna forma hay reivindicaciones, de cualquier tipo, de carácter social o política. Señalo lo anterior, debido a la muy preocupante Orden Ejecutiva (Decreto Presidencial para nosotros), firmada por el Presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, en donde expresamente señala a las principales organizaciones de la delincuencia organizada de nuestro país y sus cabezas, como un peligro para su Seguridad Nacional. Se trata de un salto cualitativo, en cuanto a la percepción por parte de las agencias de Seguridad e Inteligencia civiles.
La Orden Ejecutiva fue firmada el 15 diciembre pasado, sin embargo, la cobertura mediática en nuestro país, le ha dado mucha más atención al ofrecimiento de 5 millones de dólares de recompensa a quien proporcione información para capturar a los hijos de Joaquín Guzmán. En el documento firmado por el Presidente Biden, se mencionan por sus nombres y motes, a los responsables más visibles de organizaciones como: nueva generación, los zetas, del golfo, familia michoacana, los rojos, guerreros unidos y Beltrán Leyva. A todos y cada uno, los responsabiliza de la violencia en las ciudades fronterizas de ambos países y sobre todo, de causar la muerte de más de 110 mil muertes producto de las sobredosis del fentanilo, cuyos insumos proceden de China.
Considerarlos a ellos y sus actividades criminales, como un peligro para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, es un paso muy importante en la ruta para tratar de clasificar jurídicamente al terrorismo, al pandillerismo centroamericano y a las organizaciones de la delincuencia organizada de México, bajo un mismo tratamiento legal. En ese sentido, a mediados de 2019, el Presidente Donald Trump, amenazó, en su estilo, al gobierno mexicano, de tener en su escritorio un Orden Ejecutiva para crear una fiscalía especial para esos tres tipos de peligros para la Seguridad Nacional.
El documento dado a conocer por la Casa Blanca, se da a unas cuantas horas de haber entrado en funcionamiento del Acuerdo Bicentenario. Para las estructuras civiles de nuestro país, resulta de absoluta prioridad, tomar en consideración y en serio este cambio fundamental en el tratamiento jurídico y de seguridad, por parte de las agencias y gobierno de los Estados Unidos. De ninguna forma, se pueden limitar a declaraciones soberanistas ni respuestas por el estilo. Implica un aumento considerable, en cuanto al ajuste que debe hacerse en las políticas y programas de Seguridad Pública desde las áreas civiles.
Es una añeja aspiración, desde los círculos de poder en los Estados Unidos, clasificar a las organizaciones de la delincuencia organizada de nuestro país, como narcoterroristas. Pues bien, se ha dado un paso consistente en ese sentido.
javierolivaposada@gmail.com
@JOPso
