/ viernes 8 de noviembre de 2019

Un presupuesto precario para un año complejo

En estos días entramos de lleno al último tramo del proceso de aprobación del Paquete Económico 2020, centrado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y que debe quedar listo el 15 del presente mes. En realidad, hay poca tela de dónde cortar, y no sólo porque el gasto no programable –las obligaciones ineludibles– absorbe casi 28 por ciento de los recursos y en el resto hay restricciones importantes y compromisos acumulados. Sobre todo, por una contradicción elemental: por un lado, un panorama de incertidumbre internacional y perspectivas pesimistas para nuestra economía; por otro, una Ley de Ingresos con números que lucen bastante optimistas.

En el balance, el erario estaría en un estado de mucha fragilidad el año próximo, con alta probabilidad de que al final no cuadren las cifras y no nos alcance. Para empezar, en caso de que no se cumplan las previsiones de los Criterios Generales de Política Económica, que son la base de los cálculos presupuestales y que desde ahora empiezan a parecer aventuradas: se plantea un crecimiento de 2 por ciento, cuando todos los ejercicios de pronósticos han seguido una tendencia consistentemente bajista y la media de la encuesta de Banco de México ya está muy por debajo, en 1.21 por ciento, y esto luego de un 2019 que podría cerrar en 0% o una ligera contracción.

Un escenario de precariedad, con varios agravantes.

Si se optara por recurrir a deuda para cubrir el faltante, seguramente tendríamos que pagar tasas de interés significativamente más altas que las del mercado. Algo lamentable, ahora que hay billones de dólares de deuda soberana en el mundo con rendimiento negativo, un área de oportunidad que se nos va. Por eso sí importa la degradación en nuestro perfil de crédito por las calificadoras internacionales, que no han sentido confianza en temas torales como el plan de negocios de un Pemex con pasivos por casi 180 mil millones de dólares.

Por otra parte, a estas alturas del año ya se habría usado más de 50 por ciento del dinero que tenía el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios.

Hay que considerar que los números no sólo podrían acabar por no cuadrar por la simple ecuación de a menor crecimiento, menos recaudación, a la que habría que añadir la variable “cisne negro” de una eventual desaceleración pronunciada o recesión en Estados Unidos, además de la suerte del T-MEC en un contexto electoral. Las cuentas pueden también fallar si resulta contraproducente la apuesta de meter temor y nuevas cargas impositivas y administrativas a los contribuyentes cautivos.

En vez de más ingresos para el erario, podríamos terminar con mayor informalidad y menos inversión privada, de por sí cayendo en picada y no compensada por la que hace el sector público, que hasta septiembre había caído más de 14 por ciento.

De tal forma, si no se acepta tomar más deuda, aumentar el déficit o acabarnos los ahorros que supuestamente son para caso de crisis, sólo quedaría hacer más recortes al gasto. El problema es a qué y a quiénes les tocaría poner más, con un proyecto de presupuesto que ha mermado fuertemente el de varios sectores. Más doloroso aún, tras un año de la llamada austeridad republicana.

Por lo pronto, en el proyecto presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hay reducciones, contra lo aprobado para 2019, en más de la mitad de los ramos administrativos y en algunos generales.

Entre los que más perderían están los estados y los municipios, medio ambiente, el sector agrícola, comunicaciones y transportes.

Sólo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tendría una reducción de más de 19 mil millones de pesos, y la del Trabajo y Previsión Social, 14 mil 500 millones menos.

Mención especial merece la situación de la inversión pública. Para 2020, como ha resaltado México Evalúa, el nivel de gasto total en infraestructura contemplado en el presupuesto, que equivaldría a 2.4 por ciento del PIB, es un piso histórico y un quinto año consecutivo de descenso.

Por si no fuera suficiente, de cada 100 pesos de la bolsa, 50 serían para Pemex. La inversión física en hidrocarburos tendría un aumento del 25 por ciento, mientras que la del resto de los sectores se recortaría en 11 por ciento, con una caída de 35 por ciento tanto en agua como en transporte.

Ni siquiera para Pemex parecería suficiente. El centro de análisis de la sociedad civil citado subraya que ese gasto, de 1.3 por ciento del PIB, es de hecho uno de los más bajos en la historia. Entre 2009 y 2016 se invertía en promedio un 2 por ciento del PIB, y no se logró aumentar la producción como se esperaba. Ahora también de habla de estimaciones demasiado optimistas para elevar la producción. De no darse, tendríamos otra losa sobre las cuentas del 2020.

En suma, se perfila un presupuesto inercial tanto para los fines de la conducción gubernamental como para economía estancada. Además, es precario en sus fundamentos. No se trata de algo en esencia distinto a lo que hemos tenido en años previos, pero ya es tiempo de poner los reflectores en la urgencia de entrarle al retooportunidad de una reforma hacendaria de fondo. Un nuevo pacto fiscal de la nación, que eleve los ingresos públicos, que incentive el crecimiento y genere cohesión y desarrollo social.

En estos días entramos de lleno al último tramo del proceso de aprobación del Paquete Económico 2020, centrado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y que debe quedar listo el 15 del presente mes. En realidad, hay poca tela de dónde cortar, y no sólo porque el gasto no programable –las obligaciones ineludibles– absorbe casi 28 por ciento de los recursos y en el resto hay restricciones importantes y compromisos acumulados. Sobre todo, por una contradicción elemental: por un lado, un panorama de incertidumbre internacional y perspectivas pesimistas para nuestra economía; por otro, una Ley de Ingresos con números que lucen bastante optimistas.

En el balance, el erario estaría en un estado de mucha fragilidad el año próximo, con alta probabilidad de que al final no cuadren las cifras y no nos alcance. Para empezar, en caso de que no se cumplan las previsiones de los Criterios Generales de Política Económica, que son la base de los cálculos presupuestales y que desde ahora empiezan a parecer aventuradas: se plantea un crecimiento de 2 por ciento, cuando todos los ejercicios de pronósticos han seguido una tendencia consistentemente bajista y la media de la encuesta de Banco de México ya está muy por debajo, en 1.21 por ciento, y esto luego de un 2019 que podría cerrar en 0% o una ligera contracción.

Un escenario de precariedad, con varios agravantes.

Si se optara por recurrir a deuda para cubrir el faltante, seguramente tendríamos que pagar tasas de interés significativamente más altas que las del mercado. Algo lamentable, ahora que hay billones de dólares de deuda soberana en el mundo con rendimiento negativo, un área de oportunidad que se nos va. Por eso sí importa la degradación en nuestro perfil de crédito por las calificadoras internacionales, que no han sentido confianza en temas torales como el plan de negocios de un Pemex con pasivos por casi 180 mil millones de dólares.

Por otra parte, a estas alturas del año ya se habría usado más de 50 por ciento del dinero que tenía el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios.

Hay que considerar que los números no sólo podrían acabar por no cuadrar por la simple ecuación de a menor crecimiento, menos recaudación, a la que habría que añadir la variable “cisne negro” de una eventual desaceleración pronunciada o recesión en Estados Unidos, además de la suerte del T-MEC en un contexto electoral. Las cuentas pueden también fallar si resulta contraproducente la apuesta de meter temor y nuevas cargas impositivas y administrativas a los contribuyentes cautivos.

En vez de más ingresos para el erario, podríamos terminar con mayor informalidad y menos inversión privada, de por sí cayendo en picada y no compensada por la que hace el sector público, que hasta septiembre había caído más de 14 por ciento.

De tal forma, si no se acepta tomar más deuda, aumentar el déficit o acabarnos los ahorros que supuestamente son para caso de crisis, sólo quedaría hacer más recortes al gasto. El problema es a qué y a quiénes les tocaría poner más, con un proyecto de presupuesto que ha mermado fuertemente el de varios sectores. Más doloroso aún, tras un año de la llamada austeridad republicana.

Por lo pronto, en el proyecto presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hay reducciones, contra lo aprobado para 2019, en más de la mitad de los ramos administrativos y en algunos generales.

Entre los que más perderían están los estados y los municipios, medio ambiente, el sector agrícola, comunicaciones y transportes.

Sólo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tendría una reducción de más de 19 mil millones de pesos, y la del Trabajo y Previsión Social, 14 mil 500 millones menos.

Mención especial merece la situación de la inversión pública. Para 2020, como ha resaltado México Evalúa, el nivel de gasto total en infraestructura contemplado en el presupuesto, que equivaldría a 2.4 por ciento del PIB, es un piso histórico y un quinto año consecutivo de descenso.

Por si no fuera suficiente, de cada 100 pesos de la bolsa, 50 serían para Pemex. La inversión física en hidrocarburos tendría un aumento del 25 por ciento, mientras que la del resto de los sectores se recortaría en 11 por ciento, con una caída de 35 por ciento tanto en agua como en transporte.

Ni siquiera para Pemex parecería suficiente. El centro de análisis de la sociedad civil citado subraya que ese gasto, de 1.3 por ciento del PIB, es de hecho uno de los más bajos en la historia. Entre 2009 y 2016 se invertía en promedio un 2 por ciento del PIB, y no se logró aumentar la producción como se esperaba. Ahora también de habla de estimaciones demasiado optimistas para elevar la producción. De no darse, tendríamos otra losa sobre las cuentas del 2020.

En suma, se perfila un presupuesto inercial tanto para los fines de la conducción gubernamental como para economía estancada. Además, es precario en sus fundamentos. No se trata de algo en esencia distinto a lo que hemos tenido en años previos, pero ya es tiempo de poner los reflectores en la urgencia de entrarle al retooportunidad de una reforma hacendaria de fondo. Un nuevo pacto fiscal de la nación, que eleve los ingresos públicos, que incentive el crecimiento y genere cohesión y desarrollo social.

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