Un trinomio en seguridad vial

Hace unas semanas comentábamos que, a iniciativa de un trabajo conjunto de las Cámaras de Senadores y Diputados, se dio inicio a ocho Foros Regionales sobre Seguridad Vial a fin de generar un espacio de diálogo y expresión entre organizaciones de la sociedad civil, -que, dicho sea de paso, fueron quienes entregaron un proyecto de ley-, y autoridades de los distintos niveles sobre la materia, para exponer propias iniciativas y los resultados que han obtenido en la atención de esta problemática; así como de legisladores preocupados y sensibles ante esta situación.

Por lo anterior, me gustaría exponerles algunas consideraciones que tenemos respecto a este ejercicio, así como los planteamientos que se han hecho en los primeros cuatro foros sobre el tema. Coincidimos plenamente en que proteger y salvar vidas, así como la integridad física de las personas mediante la prevención y reducción al máximo las muertes, lesiones y discapacidades ocasionadas por accidentes de tránsito es una tarea no sólo de la Federación, es necesaria una coordinación responsable de todos los niveles de gobierno, pues afecta no sólo a las políticas de salud pública, sino de educación y cultura de todos como ciudadanos y de todas las edades.

Consideramos y concordamos en la necesidad de contar con un Sistema Nacional de Seguridad Vial, igual que las organizaciones de la sociedad civil, que se integre por las Secretarías de Estado pertinentes que incidan en el desarrollo de políticas públicas en este tema de acuerdo a sus atribuciones, y que en el caso de la Secretaría de Educación Pública busquen marcar una pauta en la formación y cultura vial desde generaciones tempranas.

Para materializar estas acciones, definitivamente es menester un ente que brinde seguimiento a los acuerdos o directrices que determine el Sistema Nacional, para instrumentar, promover y coordinar la realización de campañas de comunicación y sensibilizar e informar a la población sobre cada factor de riesgo, implemente programas de capacitación en materia de seguridad vial, incluso a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno y, en su caso, a integrantes del sector privado y social, entre otras acciones, a través de una Secretaría Ejecutiva.

Al respecto, y a manera de fortalecer a los dos nuevas figuras mencionadas, el sector empresarial ha propuesto la creación de un Observatorio de Seguridad Vial como una auxiliar de la Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de realizar la recolección, análisis, y sistematización de datos relevantes para la seguridad vial y la gestión del tránsito de todos los usuarios de la vía pública, que tenga como propósito determinar, cuantitativa y cualitativamente el estado de la seguridad vial en el país; deducir los factores asociados a los accidentes de tránsito, así como promover el diseño de indicadores y estrategias dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad vial en el territorio nacional.

Contar con un Observatorio de Seguridad Vial, brindaría la posibilidad de establecer una vinculación con organizaciones del sector social y privado que desarrollen actividades relacionadas con las materias de seguridad vial, con el propósito de integrar los esfuerzos ciudadanos en este objetivo común; emitir opiniones y sugerencias para la elaboración del o de los Programas de Seguridad Vial necesarios, así como sus actualizaciones y formular recomendaciones, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, estrategias y acciones instrumentadas para la seguridad vial, entre otras cuestiones como proponer el otorgamiento de reconocimientos al sector público y privado que se destaquen en el desarrollo de acciones de seguridad vial, etc.

La figura de un Observatorio, además de brindarnos la oportunidad de cumplir con el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 de la ONU, multicitado desde el primero de los foros que nos ocupan, es una realidad en países como Suecia, República Checa, Francia, Holanda, Australia y España, en el viejo continente; mientras que en América Latina, existe en Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Perú, Paraguay, Uruguay y Brasil.

La propuesta del sector mencionado destaca involucrar, por ejemplo, al INEGI y al Instituto Mexicano del Transporte. El primero, no necesita explicación al ser la mayor autoridad en temas estadísticos en el país, y el segundo, debido a proveer soluciones al sector transporte y logístico en México, público y privado, que garanticen su calidad, seguridad y sustentabilidad; además de revestirse con un sentido social, donde las Cámaras Nacionales y Asociaciones como sociedad civil organizada tenga voz y participación en la realización de recomendaciones para el diseño de estrategias en materia de seguridad vial que nos aqueja a todos como ciudadanos.

Estamos en un momento en el que se debe contar con la mayor unión y coordinación posible, un trinomio de diseño y ejecución de acciones en materia de seguridad vial que beneficiarían a todo el país, se escucha como un buen equipo para lograr la problemática de este tema desde distintas aristas.