Por Netzaí Sandoval Ballesteros
Adela es una mujer mixteca, monolingüe, campesina y madre de un adolescente de 14 años y una niña de cinco. Salió de su comunidad en Santiago Amoltepec, Oaxaca, rumbo a la capital del estado para cobrar un apoyo social. Ella y su esposo viajaban en un taxi colectivo que fue detenido en un retén de la Guardia Nacional. El chófer se puso nervioso y escapó, pero antes arrojó un objeto a la blusa de Adela: un arma de uso exclusivo del Ejército. Los pasajeros fueron detenidos y la Fiscalía pidió prisión preventiva para Adela. La defensora pública federal, la abogada bilingüe Norma González, tomó su representación, conoció los hechos de primera mano y pidió al juez aplicar la perspectiva de género.
La Defensoría Pública Federal ha enfrentado grandes cambios en poco menos de dos años. Algunas de esas mejoras repercuten directamente en los servicios de defensa penal que ofrecemos a las personas que no pueden pagarse un abogado privado, como Adela. Aún más, logramos un incremento de abogadas y abogados hablantes de lenguas indígenas para consolidarnos como la institución del Estado Mexicano con mayor capacidad de traducción, pasando de 38 a 138 variantes lingüísticas del catálogo del INALI.
Por primera vez en la historia, tenemos un área de ciencias forenses en la que hemos logrado reunir a 30 especialistas en materias tan diversas como balística forense, criminalística, grafoscopía, dactiloscopía, toxicología o antropología por mencionar algunas. Con ellos podemos cuestionar los peritajes presentados por la fiscalía.
Nuestros oficiales jurídicos, es decir, los abogados que asisten a la defensora o defensor pública federal ahora recaban datos de prueba y acuden al lugar de los hechos a rastrear documentos, fotografías, videos o realizan búsqueda de información que ilustran el criterio de los jueces. Debido a ello logramos recabar 151% más datos de prueba que el año pasado. En el caso de Adela fue necesario buscar la evidencia documental del apoyo que iba a cobrar.
Pero no sólo se han notado los cambios en materia penal, también hemos litigado en materias civil, fiscal, mercantil, administrativa, migratoria, entre otras, con un índice de éxito que supera el 82% de resoluciones favorables.
Creamos un grupo de abogadas y abogados especializados en litigio de derechos de personas con discapacidad y otro especializado en la atención de personas en movilidad y sujetas a protección internacional.
Hemos logrado otros avances sustantivos que modifican el rostro de la defensoría pública federal como la consolidación de un call center denominado “Defensatel” (800 22 42 426) que gracias al apoyo del Consejo de la Judicatura Federal pronto se convertirá en un servicio de 24 horas.
Todos estos avances son expresión de un proyecto de largo alcance en el Poder Judicial de la Federación: la visión transformadora del Ministro Presidente Arturo Zaldívar.
Adela no pisó la cárcel, pudo hacerse cargo del cuidado de sus hijos durante su proceso, la abogada bilingüe argumentó que por las condiciones económicas, sociales y culturales de su defendida era imposible que fuera la dueña del arma ni podía tener acceso a una. El juez consideró las circunstancias del caso, determinó que Adela no portaba el arma en cuestión y no la vinculó a proceso.
El Instituto Federal de Defensoría Pública está llamado a convertirse en una verdadera defensoría del pueblo, es decir, en una institución eficaz que vela por los derechos de las personas en situaciones más vulnerables de nuestra nación. Tenemos grandes desafíos todavía, pero caminamos en la dirección correcta.
Director General del IFDP
