El alcance de la recesión en México crece en línea con la inefectividad de la respuesta para contener la epidemia y porque, a más de tres meses, no hay una política económica de emergencia a la altura. Ningún plan específico para apoyar a la población que está quedándose sin ingresos, ya no digamos un gran pacto nacional para poner de lado diferencias políticas e ideológicas, rechazar la polarización –inaceptable en esta coyuntura– y unir a los sectores sociales en torno a lo más esencial.
Se prolonga el encierro sin resultados en reducción de contagios, pero lo que ya es palpable es el golpe brutal a la economía de millones de familias, y tiende a multiplicarse, sin que haya ningún esfuerzo en concreto para proteger el empleo, a diferencia de lo que ocurre en casi todo el mundo, inclusive a nivel América Latina.
Es hora de reaccionar. La situación puede desembocar en problemas aún más graves de los que ya arrastrábamos de descomposición social, gobernabilidad y seguridad pública. Incluso, riesgo de hambre para muchos mexicanos.
De acuerdo con las últimas cifras del IMSS, a mayo, en tres meses de pandemia se han perdido más de un millón de empleos formales, muchos de los cuales no serán reactivados, pues derivan del cierre de empresas: en los primeros dos meses de la pandemia, el número de patrones inscritos bajó casi 10 mil unidades.
Contando al sector informal, con base en la Encuesta de Ocupación y Empleo del Inegi, al menos 12 millones de personas perdieron su fuente de ingresos solo en el primer mes de la emergencia sanitaria, con millones “sin certeza de si se mantiene el vínculo laboral”.
Además, podemos dar por descontado que gran parte de los empleos que se conserven o de los que se generen a corto y mediano plazos tendrán condiciones precarias y remuneraciones más bajas. Ante una demanda deprimida en el mercado laboral, los sueldos caerán un 20% en promedio, de acuerdo con el Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).
Esto no es extrañar en un contexto donde unos 624 mil empleadores están en suspensión de operaciones y sin recibir ingresos.
Todo esto, en última instancia, significa más pobreza y desigualdad.
De acuerdo con la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del Covid-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (Encovid-19), de la Universidad Iberoamericana, en mayo, uno de cada tres hogares reportaba una reducción de la mitad o más de sus ingresos, y como van las cosas, más de 95 millones de personas podría estar situación de pobreza a fines de año.
Por donde se le vea, estamos ante una verdadera catástrofe que exige mucho más que prédicas de optimismo y desprendimiento material.
Se ha señalado que 23 millones de familias estarían inscritas en programas sociales del actual gobierno, que ha añadido varios esquemas, como becas para jóvenes. Sin embargo, esos hogares obtendrían solo alrededor de mil pesos mensuales en promedio, y el resto no tiene nada similar ahora que lo necesita.
Hay que pensarlo dos veces cuando se dice que tocamos fondo: según la encuesta de la Iberoamericana, 75% de los hogares no recibe hoy apoyos de programas sociales, pero dos de cada 10 ya han recurrido a préstamos para salir a flote. No son los adultos mayores o los jóvenes que no tenían trabajo ni estudios los grupos que están siendo más afectados, sino gente que se gana la vida por su cuenta, sin ayuda del gobierno, trabajadores de entre 23 y 50 años, pilares económicos de las familias.
El empleo formal y las empresas que lo generan tienen una relevancia económica que no puede ser remplazada por el asistencialismo. El argumento de que un programa social como Sembrando Vida crea más puestos de trabajo que una industria automotriz no tiene sentido. Sin el financiamiento de los impuestos que provienen de las actividades productivas, la viabilidad de esos programas queda al garete.
Las últimas estimaciones sobre el PIB del FMI deben mover a la acción. La economía mundial caerá 5%, aunque en 2021 tendrá un crecimiento de 5.5 por ciento. Algo así no se vivía desde la depresión de los años 30. Sin embargo, para México el escenario es mucho peor: desplome de 10.5% y repunte de sólo 3.3% en 2021; es decir, recesión en L: de la caída al estancamiento.
¿Qué hacer? Lo que está funcionando en todo el mundo es que, más allá de la necesidad de entregar apoyos directos a quienes se quedan sin trabajo, es fundamental, primero, evitar que esos empleos se pierdan.
Bajo esta premisa se aprecia el valor de las propuestas de Remedios Solidarios de Coparmex. Con un costo de menos del 1% del PIB para el Estado, podrían apuntalarse tres bases sólidas para proteger y promover el empleo.
Con aportaciones del gobierno y los patrones, el Salario Solidario blindaría por tres meses los puestos de trabajo y los ingresos de 20.4 millones de trabajadores. Como complemento, el Bono Solidario incentivaría la creación de empleo formal, para plazas comprometidas por seis meses, y el Seguro Solidario funcionaría como ingreso mínimo vital de 3.6 mil pesos durante seis meses para todos aquellos que pierdan su trabajo.
Todo eso sin duda haría una diferencia.
Urge un acuerdo nacional para mitigar el efecto corrosivo de la crisis en el empleo y los ingresos de la población, así como para sentar las bases de una recuperación vigorosa.
Aquí sí, la historia nos pone a prueba.
