/ lunes 23 de noviembre de 2020

Vamos por empleos más dignos

La semana próxima, la Cámara de Diputados dará un paso más para proteger los derechos de los trabajadores. Iniciará un parlamento abierto en donde se tratará el tema de la subcontratación laboral o outsourcing, como se le conoce comúnmente. Aunque ya habíamos avanzado respecto a la legislación laboral en materia de democratización sindical, ahora vamos contra prácticas abusivas o simuladas en perjuicio de los trabajadores.

La subcontratación simulada se realiza con dos fines: disminuir los derechos laborales de los trabajadores y evadir el pago de impuestos, por lo que resultan afectados tres grupos. El primero de ellos son los trabajadores; el segundo, los empresarios honestos que no recurren a este tipo de esquemas agresivos y que rayan en la comisión de un delito y, en tercer lugar, la hacienda pública.

La iniciativa del presidente considera la modificación de seis leyes: la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del INFONAVIT, que protegen directamente a los trabajadores y a los empresarios honestos; y el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que protegen a la hacienda pública.

Durante el periodo neoliberal, mediante estos esquemas abusivos se privilegiaron las ganancias sobre los derechos de los trabajadores y los intereses del Estado; se disminuyó el salario de los trabajadores y, peor aún, se arrebató a muchos empleados la posibilidad de generar derechos de antigüedad y, por lo tanto, una cotización justa en el Seguro Social. Estas prácticas han creado un terrible problema, ya que la mayoría de los trabajadores nunca pudieron cotizar las semanas suficientes para el momento de su jubilación; y los pocos que sí lo hicieron, vieron muy disminuidas sus pensiones, porque las empresas dedicadas al outsourcing los registraron con salarios menores a los que tenían, sin considerar que nunca recibieron reparto de utilidades, pese a que las empresas en donde laboraron registraban ganancias millonarias.

Nuestro presidente ha buscado corregir esta situación desde que fue Jefe de Gobierno, y por ello creó la pensión para las personas adultas mayores.

De manera paralela a este problema, se dio el hecho de que los trabajadores tampoco pudieron ahorrar lo suficiente para adquirir una casa con su crédito de vivienda. La ley estaba diseñada para favorecer a los bancos; al no permitir la autoconstrucción o compra de un terreno, se obligó a los trabajadores a endeudarse con los bancos de por vida y, en muchas ocasiones, ante los esquemas abusivos de la subcontratación, incluso terminaban por perder el inmueble; no podían cubrir los pagos mínimos que les permitieran liquidar la deuda, porque además los sueldos registrados no alcanzaban a cubrir siquiera los intereses, y menos la suerte principal.

Es una situación que la Cuarta Transformación está corrigiendo. Con la modificación a la Ley del INFONAVIT aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados, se permite la compra de terreno y la autoconstrucción, además de que los trabajadores puedan recuperar sus ahorros de la subcuenta de vivienda sin importar que hayan pasado más de diez años.

La subcontratación de manera fraudulenta también afecta a los empresarios honrados; los que sí cumplen con la ley, pagan completo el Seguro Social, el INFONAVIT y los impuestos, ya que se hallan en franca desventaja económica respecto de quienes no lo hacen, de los empresarios de la defraudación. A través de la subcontratación, las leyes en materia fiscal permiten la evasión del pago de impuestos como el ISR y el IVA, simulando que lo que se paga a los trabajadores es un gasto para la empresa. Por ello, con la modificación a las leyes se establecerá de manera clara en qué casos se justifica una subcontratación, con un registro ante la Secretaría del Trabajo de las empresas que se dediquen a la subcontratación, y con obligaciones compartidas entre la empresa que solicite el servicio y aquella que lo reciba.

En el parlamento abierto nos tocará escuchar, entre otras voces, a los representantes de los seudoempresarios, quienes seguirán defendiendo estos esquemas defraudatorios y abusivos. Sin embargo, los diputados de MORENA tenemos muy claro nuestro compromiso con los derechos de los trabajadores y con los empresarios honestos.

Diputada Federal, Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de MORENA

https://www.facebook.com/angeleshuertadip/

@gelahuerta

La semana próxima, la Cámara de Diputados dará un paso más para proteger los derechos de los trabajadores. Iniciará un parlamento abierto en donde se tratará el tema de la subcontratación laboral o outsourcing, como se le conoce comúnmente. Aunque ya habíamos avanzado respecto a la legislación laboral en materia de democratización sindical, ahora vamos contra prácticas abusivas o simuladas en perjuicio de los trabajadores.

La subcontratación simulada se realiza con dos fines: disminuir los derechos laborales de los trabajadores y evadir el pago de impuestos, por lo que resultan afectados tres grupos. El primero de ellos son los trabajadores; el segundo, los empresarios honestos que no recurren a este tipo de esquemas agresivos y que rayan en la comisión de un delito y, en tercer lugar, la hacienda pública.

La iniciativa del presidente considera la modificación de seis leyes: la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del INFONAVIT, que protegen directamente a los trabajadores y a los empresarios honestos; y el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que protegen a la hacienda pública.

Durante el periodo neoliberal, mediante estos esquemas abusivos se privilegiaron las ganancias sobre los derechos de los trabajadores y los intereses del Estado; se disminuyó el salario de los trabajadores y, peor aún, se arrebató a muchos empleados la posibilidad de generar derechos de antigüedad y, por lo tanto, una cotización justa en el Seguro Social. Estas prácticas han creado un terrible problema, ya que la mayoría de los trabajadores nunca pudieron cotizar las semanas suficientes para el momento de su jubilación; y los pocos que sí lo hicieron, vieron muy disminuidas sus pensiones, porque las empresas dedicadas al outsourcing los registraron con salarios menores a los que tenían, sin considerar que nunca recibieron reparto de utilidades, pese a que las empresas en donde laboraron registraban ganancias millonarias.

Nuestro presidente ha buscado corregir esta situación desde que fue Jefe de Gobierno, y por ello creó la pensión para las personas adultas mayores.

De manera paralela a este problema, se dio el hecho de que los trabajadores tampoco pudieron ahorrar lo suficiente para adquirir una casa con su crédito de vivienda. La ley estaba diseñada para favorecer a los bancos; al no permitir la autoconstrucción o compra de un terreno, se obligó a los trabajadores a endeudarse con los bancos de por vida y, en muchas ocasiones, ante los esquemas abusivos de la subcontratación, incluso terminaban por perder el inmueble; no podían cubrir los pagos mínimos que les permitieran liquidar la deuda, porque además los sueldos registrados no alcanzaban a cubrir siquiera los intereses, y menos la suerte principal.

Es una situación que la Cuarta Transformación está corrigiendo. Con la modificación a la Ley del INFONAVIT aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados, se permite la compra de terreno y la autoconstrucción, además de que los trabajadores puedan recuperar sus ahorros de la subcuenta de vivienda sin importar que hayan pasado más de diez años.

La subcontratación de manera fraudulenta también afecta a los empresarios honrados; los que sí cumplen con la ley, pagan completo el Seguro Social, el INFONAVIT y los impuestos, ya que se hallan en franca desventaja económica respecto de quienes no lo hacen, de los empresarios de la defraudación. A través de la subcontratación, las leyes en materia fiscal permiten la evasión del pago de impuestos como el ISR y el IVA, simulando que lo que se paga a los trabajadores es un gasto para la empresa. Por ello, con la modificación a las leyes se establecerá de manera clara en qué casos se justifica una subcontratación, con un registro ante la Secretaría del Trabajo de las empresas que se dediquen a la subcontratación, y con obligaciones compartidas entre la empresa que solicite el servicio y aquella que lo reciba.

En el parlamento abierto nos tocará escuchar, entre otras voces, a los representantes de los seudoempresarios, quienes seguirán defendiendo estos esquemas defraudatorios y abusivos. Sin embargo, los diputados de MORENA tenemos muy claro nuestro compromiso con los derechos de los trabajadores y con los empresarios honestos.

Diputada Federal, Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de MORENA

https://www.facebook.com/angeleshuertadip/

@gelahuerta

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