/ viernes 17 de mayo de 2019

Verificación y protección a la identidad

El Banco de México ha señalado que el país ocupa el 8o lugar en el mundo tratándose del delito de robo de identidad. Dicha institución reporta 67% de los delitos es por pérdida de documentos, 63% es por robo de cartera y portafolios y 53% es por información tomada de una tarjeta bancaria. De hecho, la CONDUSEF reportó que de enero a diciembre de 2018 se presentaron 67,401 reclamaciones de posible robo de identidad cibernéticos y tradicionales.

En ese contexto es importante saber que los instrumentos internacionales y nuestra Constitución establecen la obligación del Estado de garantizar, promover y respetar el ejercicio de los derechos humanos, tales como la protección de datos personales y el derecho a la identidad. De ahí que el Estado mexicano esté obligado a generar las condiciones necesarias para asegurar su protección y, eventualmente en caso de vulneración, debe investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidas.

Aunque al Instituto Nacional Electoral (INE) le corresponde la organización de los procesos electorales federales y que participa en los comicios locales a través de algunas actividades, la autoridad electoral también es la encargada de resguardar permanentemente y de manera segura los datos de todas y todos los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años que se inscriben en el Padrón Electoral a través del Registro Federal de Electores: nombre completo, domicilio, edad, sexo, firma, huellas dactilares y fotografía.

Por mandato constitucional y siguiendo los principios que rigen a la protección de datos personales, los documentos, datos e informes que la ciudadanía proporciona al Instituto, deben ser tratados de manera confidencial y no pueden ser dados a conocer, salvo excepciones establecidas en la ley.

De hecho, esta base de datos sirve para la expedición de la credencial para votar, la cual no solo tiene como finalidad ser el medio por el cual se ejerce el derecho a votar, sino también es el medio por excelencia a través del cual las y los mexicanos nos identificamos. Precisamente por ese hecho, los datos que componen al Padrón Electoral se actualizan de manera permanente.

Reconociendo la importancia que implica contar con la base de datos más actualizada, segura y confiable del país y entendiendo que el robo de identidad genera vulneraciones a derechos fundamentales de los titulares de los datos, es que el INE aprobó desde 2016 la implementación del Servicio de Verificación de la información contenida en la credencial, cuyo fin es garantizar el derecho de protección de datos de las y los ciudadanos contenidos en el Padrón Electoral.

A través de dicho sistema, el INE verifica contra lo almacenado en el Padrón Electoral la coincidencia de los datos de la credencial para votar con aquellos que presentan las y los ciudadanos para la realización de un trámite o servicio ante alguna institución pública o privada. También coteja las huellas dactilares de la o el ciudadano. Así, el INE asegura que la persona que pretende realizar algún trámite sea efectivamente el titular de la credencial para votar que presenta.

Debe señalarse dos aspectos que son importantes respecto a la operación del sistema: 1) la institución interesada en verificar la identidad es quien debe recabar el consentimiento de la ciudadanía para obtener los datos de la credencial, así como las huellas dactilares, y 2) el INE se limita a responder falso o verdadero respecto a la solicitud de coincidencia de cada uno de los datos enviados. Nunca hay entrega de información por parte de la autoridad electoral. Si bien la operación de dicho sistema tuvo como origen y destinatario primario los servicios de la banca, lo cierto es que la usurpación de identidad es un delito que no deja de ser problema para el Estado mexicano. Por ello, durante este año el INE ha firmado convenios con la SHCP, así como con el Gobierno de la Ciudad de México.

En el primero, el INE se ha comprometido a colaborar con la ampliación del servicio de verificación con el fin de que las dependencias de la SHCP puedan comprobar la validez de la credencial de elector. En el segundo, el INE verificará que los datos contenidos en la credencial y que son exhibidos con motivo de la realización de un trámite, sean coincidentes con los que obran en su base de datos.

Es evidente que el INE no se limita a la organización de elecciones, a la operación diaria de los módulos de atención ciudadana, a la fiscalización permanente de los recursos de los partidos políticos y a la permanente actualización del registro de electores. Además, también colabora con otras autoridades para combatir el robo de identidad y, en consecuencia, a evitar la vulneración a los derechos fundamentales de la ciudadanía.

La implementación de dichas medidas y el trabajo conjunto que se ha llevado a cabo con decenas de instituciones debe ser difundido a la sociedad por la utilidad social que implican. Al final, nadie quiere que sus datos sean mal utilizados.

Jefe de oficina de la Presidencia del Consejo General del INE

@ebuendiaz

El Banco de México ha señalado que el país ocupa el 8o lugar en el mundo tratándose del delito de robo de identidad. Dicha institución reporta 67% de los delitos es por pérdida de documentos, 63% es por robo de cartera y portafolios y 53% es por información tomada de una tarjeta bancaria. De hecho, la CONDUSEF reportó que de enero a diciembre de 2018 se presentaron 67,401 reclamaciones de posible robo de identidad cibernéticos y tradicionales.

En ese contexto es importante saber que los instrumentos internacionales y nuestra Constitución establecen la obligación del Estado de garantizar, promover y respetar el ejercicio de los derechos humanos, tales como la protección de datos personales y el derecho a la identidad. De ahí que el Estado mexicano esté obligado a generar las condiciones necesarias para asegurar su protección y, eventualmente en caso de vulneración, debe investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidas.

Aunque al Instituto Nacional Electoral (INE) le corresponde la organización de los procesos electorales federales y que participa en los comicios locales a través de algunas actividades, la autoridad electoral también es la encargada de resguardar permanentemente y de manera segura los datos de todas y todos los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años que se inscriben en el Padrón Electoral a través del Registro Federal de Electores: nombre completo, domicilio, edad, sexo, firma, huellas dactilares y fotografía.

Por mandato constitucional y siguiendo los principios que rigen a la protección de datos personales, los documentos, datos e informes que la ciudadanía proporciona al Instituto, deben ser tratados de manera confidencial y no pueden ser dados a conocer, salvo excepciones establecidas en la ley.

De hecho, esta base de datos sirve para la expedición de la credencial para votar, la cual no solo tiene como finalidad ser el medio por el cual se ejerce el derecho a votar, sino también es el medio por excelencia a través del cual las y los mexicanos nos identificamos. Precisamente por ese hecho, los datos que componen al Padrón Electoral se actualizan de manera permanente.

Reconociendo la importancia que implica contar con la base de datos más actualizada, segura y confiable del país y entendiendo que el robo de identidad genera vulneraciones a derechos fundamentales de los titulares de los datos, es que el INE aprobó desde 2016 la implementación del Servicio de Verificación de la información contenida en la credencial, cuyo fin es garantizar el derecho de protección de datos de las y los ciudadanos contenidos en el Padrón Electoral.

A través de dicho sistema, el INE verifica contra lo almacenado en el Padrón Electoral la coincidencia de los datos de la credencial para votar con aquellos que presentan las y los ciudadanos para la realización de un trámite o servicio ante alguna institución pública o privada. También coteja las huellas dactilares de la o el ciudadano. Así, el INE asegura que la persona que pretende realizar algún trámite sea efectivamente el titular de la credencial para votar que presenta.

Debe señalarse dos aspectos que son importantes respecto a la operación del sistema: 1) la institución interesada en verificar la identidad es quien debe recabar el consentimiento de la ciudadanía para obtener los datos de la credencial, así como las huellas dactilares, y 2) el INE se limita a responder falso o verdadero respecto a la solicitud de coincidencia de cada uno de los datos enviados. Nunca hay entrega de información por parte de la autoridad electoral. Si bien la operación de dicho sistema tuvo como origen y destinatario primario los servicios de la banca, lo cierto es que la usurpación de identidad es un delito que no deja de ser problema para el Estado mexicano. Por ello, durante este año el INE ha firmado convenios con la SHCP, así como con el Gobierno de la Ciudad de México.

En el primero, el INE se ha comprometido a colaborar con la ampliación del servicio de verificación con el fin de que las dependencias de la SHCP puedan comprobar la validez de la credencial de elector. En el segundo, el INE verificará que los datos contenidos en la credencial y que son exhibidos con motivo de la realización de un trámite, sean coincidentes con los que obran en su base de datos.

Es evidente que el INE no se limita a la organización de elecciones, a la operación diaria de los módulos de atención ciudadana, a la fiscalización permanente de los recursos de los partidos políticos y a la permanente actualización del registro de electores. Además, también colabora con otras autoridades para combatir el robo de identidad y, en consecuencia, a evitar la vulneración a los derechos fundamentales de la ciudadanía.

La implementación de dichas medidas y el trabajo conjunto que se ha llevado a cabo con decenas de instituciones debe ser difundido a la sociedad por la utilidad social que implican. Al final, nadie quiere que sus datos sean mal utilizados.

Jefe de oficina de la Presidencia del Consejo General del INE

@ebuendiaz

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