La conversación e imágenes difundidas que muestran a David León y Pío López Obrador junto con las denuncias del caso Odebrech y su propio videoescándalo, son hechos que reflejan corrupción política y que en la víspera electoral, han trascendido a la esfera mediática mostrando que pese a notorios avances, las reglas del financiamiento público partidario y los mecanismos para su fiscalización, son vulnerables y que partidos y candidatos cuentan con enormes incentivos para allegarse recursos de fuentes prohibidas.
En el caso concreto, David León se ostentaba como consultor privado en 2015, hecho que lo inhabilitaba para aportar dinero a partidos o candidatos. Nuestro sistema de reglas únicamente permite que los partidos reciban dinero en efectivo de personas identificables por la autoridad hasta por el equivalente a 90 UMAS ($7,819.20 a cifras actuales). Claramente los 400 mil y luego el millón de pesos superan por mucho esas 90 UMAS. El objeto de las reglas de financiamiento es que las aportaciones se hagan a través de circuitos financieros para saber si tiene un origen lícito, por lo tanto, al recibir aportaciones en efectivo el partido debe expedir comprobantes y depositar los recursos en cuentas bancarias, para luego informarlo a la autoridad.
Lo grave de estos fenómenos de corrupción política son los compromisos que se sellan al amparo del “intercambio” ilegal, pues quien recibe dinero promete y compromete algo que solo pertenece a la república. Los actores políticos que reciben dinero prohibido para financiar sus aspiraciones “pagan” con contratos, con posiciones en los gabinetes o con influencia en determinados tramos de decision del ámbito público. Eso nos dicen las tramas Lozoya y Pío. Tan malo es uno como el otro.
Más allá del debate mediático generado por filtraciones, las autoridades encarnadas en el INE y la Fiscalía deben esclarecer qué ocurrió con el dinero, de dónde vino, cómo se usó, y en su caso sancionar a los responsables. No es necesario esperar a que se presenten quejas que seguramente llegarán.
Estamos ante asuntos que involucran a políticos de distintas afiliaciones partidarias y que evidencian un modelo en el que se usa dinero de dudosa procedencia que se inyecta a la política con métodos ocultos, que no se reportan a la autoridad. En mi opinión los actores están conscientes de que es ilegal recibir dinero de particulares fuera de las normas, de empresas privadas o de instituciones públicas, situación que no pueden justificar de ninguna manera ni siquiera aludiendo a ejemplos de la historia que por donde se le vea no son aplicables. Es urgente que se respeten o se hagan respetar las normas y procedimientos que nos hemos dado.
El esquema vigente de financiamiento público es muy generoso. La sociedad mexicana hace un enorme esfuerzo para entregar dinero a la federación por vía de los impuestos que se entregan a los partidos con el fin de que sus plataformas políticas y de gobierno sean conocidas por los ciudadanos; para que dispongan de los recursos necesarios y compitan por el poder en condiciones de equidad.
En el preámbulo de las elecciones de 2021 estos casos deben resolverse con apego a la ley y con las consecuencias que se deriven de ello. Hay que hacer justicia pero igual hay que exigir congruencia.
Profesor en UP y UNAM, especialista en temas electorales.
@MarcoBaños
