/ viernes 18 de mayo de 2018

Violencia política, la omisión

Frente a la crisis que representa el número de asesinatos de actores políticos, el Estado mexicano no propone ni una ruta de solución, ni una sola acción, si acaso supondrá que con las afirmaciones realizadas hace unos días se detendrá la violencia. El discurso del titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, respecto al clima de violencia política que se vive en el actual proceso electoral, resulta tan decepcionante como inútil.

A 47 días de la elección el gobierno federal sigue siendo omiso en su responsabilidad para mantener el control de la violencia política frente a una gobernabilidad más frágil y desdibujada. Hasta el 11 de mayo, sumaban 61 asesinatos de actores políticos ejecutados, desde el 8 de septiembre de 2017, cuando inició el actual proceso electoral. El último de ellos fue José Remedios Aguirre Sánchez, candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto, Guanajuato, quien fue ultimado en el Parque Ecológico de la ciudad.

La posición oficial expresada a través del titular de Segob, parte de una premisa errónea: que el Gobierno no es un actor en el actual proceso electoral; sí, sí lo es, un actor principalísimo, como garante de la seguridad y el Estado de Derecho, responsabilidad que no ha cubierto. La participación del Gobierno ha sido desafortunada, si se considera que el Presidente ha preferido ser coordinador de una campaña fallida, sus declaraciones y el actuar de todos los delegados del Gobierno federal, así como la aplicación de los recursos de programas sociales en zonas de interés electoral del PRI, y no en zonas de gran exclusión.

Hago un nuevo llamado al Gobierno federal para establecer una ruta que garantice la armonía, la seguridad y la gobernabilidad durante el proceso electoral; a tan pocos días y con tantos muertos urge la acción, no es con declaraciones cómo se va a resolver. La condena sin acciones es simplemente, una opinión. Tan decepcionante como inútil, es la respuesta de la Secretaría de Gobernación ante la violencia política, el gobierno peñista sigue sin plantear una ruta o una sola acción para frenarla.

Ante la ausencia de alternativas de solución, han surgido grupos con la clara intención de generar acciones que desestabilicen al Instituto Nacional Electoral, incluso, existen testimonios denunciando a mentes perversas, que recientemente encargaron estudios e informes que, por su intencionalidad, delatan un cierto impulso por provocar una crisis constitucional en México.

XXX TWITTER: @LuisHFernandez

Frente a la crisis que representa el número de asesinatos de actores políticos, el Estado mexicano no propone ni una ruta de solución, ni una sola acción, si acaso supondrá que con las afirmaciones realizadas hace unos días se detendrá la violencia. El discurso del titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, respecto al clima de violencia política que se vive en el actual proceso electoral, resulta tan decepcionante como inútil.

A 47 días de la elección el gobierno federal sigue siendo omiso en su responsabilidad para mantener el control de la violencia política frente a una gobernabilidad más frágil y desdibujada. Hasta el 11 de mayo, sumaban 61 asesinatos de actores políticos ejecutados, desde el 8 de septiembre de 2017, cuando inició el actual proceso electoral. El último de ellos fue José Remedios Aguirre Sánchez, candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto, Guanajuato, quien fue ultimado en el Parque Ecológico de la ciudad.

La posición oficial expresada a través del titular de Segob, parte de una premisa errónea: que el Gobierno no es un actor en el actual proceso electoral; sí, sí lo es, un actor principalísimo, como garante de la seguridad y el Estado de Derecho, responsabilidad que no ha cubierto. La participación del Gobierno ha sido desafortunada, si se considera que el Presidente ha preferido ser coordinador de una campaña fallida, sus declaraciones y el actuar de todos los delegados del Gobierno federal, así como la aplicación de los recursos de programas sociales en zonas de interés electoral del PRI, y no en zonas de gran exclusión.

Hago un nuevo llamado al Gobierno federal para establecer una ruta que garantice la armonía, la seguridad y la gobernabilidad durante el proceso electoral; a tan pocos días y con tantos muertos urge la acción, no es con declaraciones cómo se va a resolver. La condena sin acciones es simplemente, una opinión. Tan decepcionante como inútil, es la respuesta de la Secretaría de Gobernación ante la violencia política, el gobierno peñista sigue sin plantear una ruta o una sola acción para frenarla.

Ante la ausencia de alternativas de solución, han surgido grupos con la clara intención de generar acciones que desestabilicen al Instituto Nacional Electoral, incluso, existen testimonios denunciando a mentes perversas, que recientemente encargaron estudios e informes que, por su intencionalidad, delatan un cierto impulso por provocar una crisis constitucional en México.

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