Por: Daniel Gabriel Ávila Ruiz
Como pocas veces en la historia de México, la contienda electoral está empañada de violencia. Han ocurrido diferentes casos de homicidios, amenazas y renuncias de candidatos; lo cual vulnera el ideal de la democracia y sus valores, como la paz, el respeto y la tolerancia, entre otros. Los asesinatos de candidatos han afectado a todos los partidos políticos, al tiempo de generar inestabilidad e incertidumbre en torno a los próximos comicios.
Gran parte de la responsabilidad de estos hechos recae en las actividades de la delincuencia organizada, por lo que las autoridades en materia de seguridad pública deben continuar sus esfuerzos a fin de vencer al crimen y con ello garantizar un ambiente social de tranquilidad y orden. Necesitamos que toda la población pueda realizar sus actividades cotidianas de forma segura.
La violencia preelectoral afecta de forma especial a los ciudadanos, ya que impide el desarrollo de las campañas políticas y con ello inhibe la posibilidad de escuchar las propuestas de quienes aspiran a contender por un cargo público. Es una forma de dañar el tejido social en las diferentes comunidades, al tiempo de desprestigiar a nuestra democracia.
Los sucesos violentos que han conmocionado a los mexicanos meses previos a los comicios del 1 de julio están también bajo la óptica de todo el mundo, por lo que organismos internacionales -entre ellos la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- están preocupados por el alto número de dirigentes, políticos, precandidatos y periodistas asesinados en nuestro país.
Un detalle que considerar es que no existe consenso acerca del total de personas vinculadas a actividades políticas que han sido asesinadas en los últimos meses. De acuerdo con el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el total asciende a 34 el número de decesos violentos en candidatos, los cuales han ocurrido en 11 entidades federativas, Guerrero, Guanajuato y Jalisco son las demarcaciones más afectadas.
Sin embargo, otras fuentes como la consultora Etellekt señalan hasta 93 homicidios de políticos, con mayor frecuencia en los cargos municipales. En ambas fuentes las acciones de la delincuencia organizada o problemas personales -incluyendo aspectos pasionales- han sido los móviles de las agresiones.
Ante estos hechos, el Poder Judicial tiene la obligación de dar certeza a los mexicanos, por lo que se debe investigar estos crímenes, a fin de que no queden impunes y que los responsables cumplan su condena de acuerdo a las leyes que nos rigen.
Si bien es importante que las autoridades realicen actividades de prevención de ilícitos y custodiar a los candidatos, es también necesario que tanto aspirantes a cargos de elección, dirigentes y partidos políticos realicen propuestas pacíficas, sin encono ni crispación. Las elecciones son de todos los mexicanos, y como tal, debemos llevarlas en paz y civilidad.
El daño social ya está hecho, y estos comicios serán recordados por el alto número de asesinatos contra políticos y candidatos, algo que se debe erradicar y que nunca más tengamos episodios de violencia en nuestro país.
Senador por el PAN
