Violencia sexual y embarazo infantil

La sacudida pública que ha dado la Auditoría Superior de la Federación, a través de los hallazgos derivados de la fiscalización de desempeño de programas destinados a detener el embarazo infantil, ha traído los reflectores al hecho de que violencia sexual y embarazo infantil son fenómenos ligados, con consecuencias tanto en la salud pública, como en el goce y protección de los derechos humanos.

Un informe publicado por IPAS México en junio pasado, indicaba que en 2016, se reportaron 11 mil 800 partos de menores entre 10 y 14 años. Una de las conclusiones de esta investigación, apunta a que los embarazos en menores de 15 años no ocurren porque éstas tengan relaciones sexuales con otros adolescentes sino porque son obligadas por adultos a tener relaciones “a través del uso de la fuerza, el chantaje, la manipulación, las amenazas y todo este entorno de violencia estructural que se ejerce en contra de las niñas en un marco de normalización cultural de la violencia”.

La diferencia de edad entre las menores de 15 años embarazadas y los hombres responsables del embarazo llega a ser muy significativa, 70% de las niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años, que tuvieron un hijo nacido vivo, reportaron que el padre tenía entre 18 y 78 años.

El hallazgo, concuerda en parte con los resultados de otro informe publicado esta semana por el Consejo Ciudadano de la CdMx, quienes señalan que las principales víctimas de denuncias de abuso sexual a menores en los últimos cinco años, han sido niñas de 6 a 11 años, prevaleciendo sin embargo, una alta incidencia de cifras negras en el rango de niñas de 12 a 16 años, pues no se denuncian por considerarse en muchos casos como “normales” actividades vinculadas al descubrimiento de la vida sexual.

Cifras oficiales, de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), indican que 4.4 millones de mujeres sufrieron abuso sexual durante su infancia. En estos casos, 8 de cada 10 agresores son conocidos de las víctimas, mientras 67% apunta a familiares como: padre, padrastro, tío, hermano, primo o abuelo.

En México, se estima que entre 2010 y 2017 se cometieron casi 4.2 millones de delitos sexuales; esto es, 600 mil por año, incluyendo los que no se denuncian y que 94% de los delitos sexuales que se cometen no son denunciados, además de que por cada violación denunciada, existen nueve que no llegan a un proceso judicial.

Por si esto fuera poco, nueve gobiernos estatales en donde el embarazo infantil es un grave problema social, incumplieron el último año con la responsabilidad de repartir métodos anticonceptivos. Según lo recientemente señalado por la ASF, Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, México, Puebla, Querétaro y Tabasco no repartieron 176 mil 921 métodos anticonceptivos (pastillas, preservativos, parches, entre otros), lo equivalente al 80.6% de los insumos totales, además de que éstos, fueron señalados por la ASF de tener altos índices de violencia de género.

Las violaciones de niñas en nuestro país, derivan en cuadro dramáticos, pues en algunos casos se acallan por el temor a ser revictimizadas socialmente (el famoso “qué dirán”), y en otros, el problema termina casando a niñas con su violador. Es urgente -como lo he propuesto en varias ocasiones- una reforma, al artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales para eliminar la prescripción de los delitos sexuales en los que haya sido víctima un menor de edad.