/ miércoles 6 de octubre de 2021

Visión de ciudad 

La estructuración de la relación entre Alcaldías y Gobierno de la Ciudad de México es institucionalmente mala. Las primeras están demasiado acotadas y controladas por el segundo, pero quien sale perdiendo es la ciudadanía. Esto no está bien, y a pesar de que la estructura actual sea cómoda para el gobernante de la ciudad, debe cambiar en los próximos años para beneficio de sus habitantes.

El Gobierno de la Ciudad de México controla demasiadas acciones de las alcaldías: su presupuesto, la contraloría, los tabuladores, el sistema unificado de atención ciudadana, da lineamientos en diversos ámbitos de acción, da autorizaciones desde el centro de la ciudad.

Esto coloca a las Alcaldías en una situación doblemente vulnerable. Por un lado, no recaudan los recursos necesarios para una buena respuesta en temas básicos como servicios públicos; por otro, las políticas centrales dificultan el uso de los recursos disponibles.

Por ejemplo, los nuevos alcaldes acaban de llegar el 1 de octubre. De los 16, 5 se están reeligiendo, todos los demás están entrando y formando sus equipos, por lo cual tienen un mes para contratar los insumos necesarios para hacer frente a las múltiples carencias en materia de servicios.

Al pasar 4 meses entre la elección y la toma de protesta, hay una gran distancia de lo que determina el electorado, pero finalmente arrancan sus funciones cuando el año fiscal se terminó y quedan pocos días para ejercer los recursos de sus alcaldías, si es que el predecesor les dejó dinero.

Al final, esta camisa de fuerza aleja a los alcaldes de la toma de decisiones. Los incentivos están trazados para ganar votos y no para gobernar. Los lineamientos que establece el gobierno central se convierten en una camisa de fuerza de la que sólo es posible salir bien librado cuando ya se superó la curva de aprendizaje.

El Gobierno de la Ciudad de México está débil en recaudación, pero la posibilidad de hacer un sistema de recaudación conjunta que eleve los ingresos de las alcaldías queda descartado porque éstas son incómodas para el Zócalo, incluso las del mismo partido que la Jefa de Gobierno. Es una cuestión de poder.

En lo individual, cada alcalde o alcaldesa, llevan la responsabilidad de hacer más con menos recursos. En lo general, sin embargo, el jefe o jefa de gobierno en turno, debería hacer algo más por las alcaldías aunque no obtenga el máximo beneficio posible. Los gobiernos locales de la Ciudad de México requieren más recursos, no los tienen, pero por lo menos debería existir una ruta para que año con año la capacidad de atención mejore.

Por el contrario, lo que hoy se vive es un gran deterioro. Ciertamente una buena administración puede contribuir a mejoras sustantivas, como ha sucedido en algunos casos, pero la debilidad institucional nos dice que sí es necesario fortalecer a las alcaldías y que de alguna forma la Jefatura de Gobierno lo debería impulsar, pues el no hacerlo, en realidad, les beneficia electoralmente, pero muestra al gobernante en turno como poco visionario.

La estructuración de la relación entre Alcaldías y Gobierno de la Ciudad de México es institucionalmente mala. Las primeras están demasiado acotadas y controladas por el segundo, pero quien sale perdiendo es la ciudadanía. Esto no está bien, y a pesar de que la estructura actual sea cómoda para el gobernante de la ciudad, debe cambiar en los próximos años para beneficio de sus habitantes.

El Gobierno de la Ciudad de México controla demasiadas acciones de las alcaldías: su presupuesto, la contraloría, los tabuladores, el sistema unificado de atención ciudadana, da lineamientos en diversos ámbitos de acción, da autorizaciones desde el centro de la ciudad.

Esto coloca a las Alcaldías en una situación doblemente vulnerable. Por un lado, no recaudan los recursos necesarios para una buena respuesta en temas básicos como servicios públicos; por otro, las políticas centrales dificultan el uso de los recursos disponibles.

Por ejemplo, los nuevos alcaldes acaban de llegar el 1 de octubre. De los 16, 5 se están reeligiendo, todos los demás están entrando y formando sus equipos, por lo cual tienen un mes para contratar los insumos necesarios para hacer frente a las múltiples carencias en materia de servicios.

Al pasar 4 meses entre la elección y la toma de protesta, hay una gran distancia de lo que determina el electorado, pero finalmente arrancan sus funciones cuando el año fiscal se terminó y quedan pocos días para ejercer los recursos de sus alcaldías, si es que el predecesor les dejó dinero.

Al final, esta camisa de fuerza aleja a los alcaldes de la toma de decisiones. Los incentivos están trazados para ganar votos y no para gobernar. Los lineamientos que establece el gobierno central se convierten en una camisa de fuerza de la que sólo es posible salir bien librado cuando ya se superó la curva de aprendizaje.

El Gobierno de la Ciudad de México está débil en recaudación, pero la posibilidad de hacer un sistema de recaudación conjunta que eleve los ingresos de las alcaldías queda descartado porque éstas son incómodas para el Zócalo, incluso las del mismo partido que la Jefa de Gobierno. Es una cuestión de poder.

En lo individual, cada alcalde o alcaldesa, llevan la responsabilidad de hacer más con menos recursos. En lo general, sin embargo, el jefe o jefa de gobierno en turno, debería hacer algo más por las alcaldías aunque no obtenga el máximo beneficio posible. Los gobiernos locales de la Ciudad de México requieren más recursos, no los tienen, pero por lo menos debería existir una ruta para que año con año la capacidad de atención mejore.

Por el contrario, lo que hoy se vive es un gran deterioro. Ciertamente una buena administración puede contribuir a mejoras sustantivas, como ha sucedido en algunos casos, pero la debilidad institucional nos dice que sí es necesario fortalecer a las alcaldías y que de alguna forma la Jefatura de Gobierno lo debería impulsar, pues el no hacerlo, en realidad, les beneficia electoralmente, pero muestra al gobernante en turno como poco visionario.

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