El acceso a una vivienda es un derecho fundamental de todas y todos los mexicanos. En tal virtud, desarrollar y promover vivienda digna que favorezca el bienestar de las familias se ha constituido en una estrategia fundamental de la política social promovida por el Gobierno de la República.
Así, se estableció el compromiso de proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna a través de reducir de manera sostenida el rezago de vivienda por medio del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento a la adquisición de la vivienda nueva.
Para dimensionar la magnitud del asunto, cabe señalar que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen casi 32 millones de viviendas particulares habitadas en el país. En términos absolutos, su número aumentó casi 15.8 millones en el último cuarto de siglo, significando mayores retos para las políticas públicas en cuanto a dotación de servicios, infraestructura y recursos.
El énfasis puesto en la política de vivienda salta a la vista. De enero de 2013 a junio de 2017, se realizaron más de 5.9 millones de acciones de financiamiento en beneficio de 4.7 millones de viviendas; mientras que el gobierno federal, a través de los organismos públicos, ha otorgado 5.2 millones de acciones de financiamiento para las familias.
Además, gracias a la Reforma Financiera, tienen acceso a mayores créditos y mejores condiciones para adquirir una vivienda, a la vez que se han otorgado estímulos fiscales para la construcción de vivienda nueva, entre otros beneficios tangibles.
Sin duda, un dato relevador es que de cada cuatro créditos otorgados desde la creación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fovissste, uno se ha otorgado en esta administración.
El Infonavit es el actor fundamental de la Política Nacional de Vivienda impulsada por el Gobierno federal; es un pilar de la seguridad social y un promotor de la justicia social a través de incrementar el patrimonio de los trabajadores y de sus familias.
En 2016 continúo siendo la institución líder en la colocación de soluciones de vivienda financiadas con crédito hipotecario, con una participación del 74% del mercado tradicional; y otorgó 452 mil 207 créditos, incluyendo créditos hipotecarios y de mejoramiento, con una inversión de 118 mil millones de pesos.
Con respecto a su vocación social y al compromiso que tiene con los trabajadores de menos ingresos, el 58% de los créditos hipotecarios formalizados fueron destinados a derechohabientes con ingresos de hasta cuatro veces el salario mínimo.
También, dispersó 7 mil 264 millones de pesos de subsidios bajo el Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, en beneficio de más de 115 mil familias y otorgó 350 mil créditos bajo el esquema de Hipoteca Verde (94% del total de las hipotecas), superando los 2.5 millones de créditos originados desde el inicio del programa en 2007.
Dada la trascendencia del tema, el pasado 7 de noviembre, aprobamos en el Senado de la República el Dictamen por el que se instituye el siete de febrero de cada año como “Día Nacional de la Vivienda”, a fin de sensibilizar a los distintos actores sobre la relevancia del tema y fortalecer las políticas para atender las problemáticas que aún enfrenta el sector.
Por lo anterior, el cambio dado a la política de vivienda durante la actual administración tiene un alcance profundo y estratégico, como detonante del crecimiento económico y el desarrollo nacional, así como para mejorar el bienestar y calidad de vida de millones de familias mexicanas.
Senador por el PRI
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