El modelo que se desprende de los discursos pronunciados el día de su toma de posesión por Andrés Manuel López Obrador es el correspondiente al denominado Estado de Bienestar cuyas características comprenden la atención básica de los servicios que debe recibir toda la población, ofrecidos o garantizados por el Estado y la participación de este en la economía a través de empresas públicas que cubran los sectores estratégicos de producción y servicios.
La implacable descripción que realizó del periodo neoliberal cubierto por los gobiernos que operaron a partir de 1982, fue demoledora. Su diagnóstico resaltó el severo contraste entre la aplicación de las políticas del Estado de los años 30 a los 70 del siglo pasado, y lo acontecido a partir de que predominó en el mundo el thatcherismo y la reagonomics, que impusieron despiadadamente el modelo neoliberal a través de la dependencia del capital financiero internacional que se mueve sin control agudizando la desigualdad.
La finalidad expresada por AMLO no tiene por qué ser calificada de retrógrada; no se trata de volver al pasado, sino de volver a estar bien. Si hubo políticas que dieron resultado y propiciaron desarrollo y reparto razonablemente equilibrado de sus productos, no es insensato buscar reproducirlas. Empero, no puede perderse de vista que las condiciones del entorno mundial posteriores a la Gran Depresión estadounidense, el New Deal de Roosevelt, las necesidades creadas por la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción de la posguerra, fueron favorables a la adopción de dichas políticas y, en cambio, la acción depredadora del neoliberalismo desarrollada a partir de los 70, ha superado las intenciones nacionalistas y de justicia social enarboladas por diversos gobiernos de izquierda.
Los esquemas de socialismo democrático, alguna vez imperantes en los países nórdicos, se han ido desmontando; los gobiernos socialistas de España y Francia acabaron aceptando la imposición de medidas neoliberales. En esta última, las revueltas callejeras en París que protestan por decisiones gubernativas de esa índole, fueron severamente reprimidas hace apenas unos días.
El gran reto del nuevo gobierno es lograr abrirse espacio en ese enrarecido ambiente global para hacer posible devolver al Estado su papel rector —que la Constitución le asigna, pero al que ha abdicado en los hechos— y permitirle regir sobre sus recursos naturales y áreas estratégicas. Revertir la dependencia de combustibles importados es una cuestión del más elemental sentido común. Refinar nuestro petróleo para abastecernos, a través de la construcción y rehabilitación de refinerías, es un asunto de seguridad nacional.
La misma importancia tiene el aseguramiento de nuestra capacidad para producir los alimentos básicos y apoyar para ello a los campesinos, como lo anunció el Presidente en el mensaje pronunciado en el Zócalo la tarde del sábado pasado.
Evidentemente, va a enfrentar resistencias de sectores beneficiados por las políticas anti populares, pero propicias al beneficio de las cúpulas financieras. La manera que bosquejó para vencerlas, es la aplicación de una política dual. Una, orientada por criterios nacionalistas de apoyo a las clases populares y protectores de sectores estratégicos encargados a empresas públicas, y otra de apertura y fomento a la inversión nacional y extranjera, que dé amplias oportunidades de beneficio al capital y absorban mano de obra. El modelo se asemeja al chino, que mantiene importantes áreas de la economía bajo control estatal, pero alienta vigorosamente la inversión privada, especialmente la foránea.
En ese sentido va la apuesta por una amplísima zona franca a lo largo de toda la frontera norte. Se trata de un diseño planteado hace mucho tiempo, que genera en la práctica una zona de libre comercio que constituya una especie de buffer o colchón entre nuestro país y EE. UU. con una función de retención al proceso migratorio. Los estímulos fiscales, el manejo diferenciado del precio de los energéticos y la ausencia de aranceles, pueden detonar una gran actividad productiva. En rigor, es una estrategia muy similar al intento de creación de Zonas Económicas Especiales por parte del gobierno anterior, que nunca aterrizó en los hechos. La misma fórmula se aplicaría en el corredor transístmico de Tehuantepec y, en cierta medida, también en torno al recorrido del Tren Maya.
La base del éxito se encuentra en la celeridad con la que puedan instrumentarse estos planes. Ello implica simplificar los requisitos burocráticos y legales que sobrerregulan acciones que deberían ser expeditas. Si se consigue, en el corto plazo, combinar el modelo centrado en la autosuficiencia y la superación de desigualdades a través de la mano visible del Estado, con un esquema de vinculación con la globalización y los intereses de la inversión extranjera en las zonas destinadas a ese propósito, la Cuarta Transformación puede ser exitosa.
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