Después de casi doce años, las alternativas para transitar al voto electrónico en México siguen sobre posturas donde algunas voces mantienen viva la desconfianza sobre riesgos de manipulación indebida y fraude en los resultados; mientras otras posiciones de avanzada proponen aprovechar la tecnología como una ruta para hacer más eficientes los procesos electorales, abatir costos y contar con resultados el día de las votaciones, algo que es imposible con el modelo vigente de conteo manual.
En medio de una discusión tan inédita como histórica entre la autoridad electoral, el gobierno y su partido por los recursos públicos que requiere la organización de las elecciones, se mantiene una complejidad logística y costos excesivos para implementar los candados de confianza que sirven como antídoto a la desconfianza generada por las demandas de la izquierda. Los listados de votantes aumentan año con año, y con ello, la necesidad de imprimir cantidades millonarias de boletas, de instalar más casillas y de capacitar y reclutar por sorteo a más ciudadanas y ciudadanos para recibir y contar votos en papel.
Esta problemática motivó que en la reforma electoral de 2013-2014, se incorporara la casilla única para aligerar la logística, agilizar la votación y “reducir” los costos. Casi ocho años después, la evidencia indica que el primer propósito se cumplió y el segundo no; y que las mesas únicas detonaron otras problemáticas al incrementar los tiempos para los escrutinios y cómputos en jornadas de trabajo que han resultado inhumanas para los funcionarios de casilla y generando retrasos peligrosos en la ejecución de procedimientos como el de resultados preliminares, conteos rápidos y agudizando problemáticas como las que se asocian a las cadenas de custodia para el traslado de los paquetes electorales que ya generó anulación de elecciones.
Sabemos que la última reforma fue regresiva al no incorporar el voto electrónico dentro del territorio nacional como sí ocurrió para los votantes mexicanos que residen en el extranjero, y en cambio, facultó al INE para integrar casillas de elecciones locales y federales sin la posibilidad legal de utilizar medios electrónicos dando marcha atrás a los avances logrados por los institutos locales de Coahuila, Jalisco y la Ciudad de México.
Y aunque el INE ha impulsado dos pruebas en los años anteriores para pilotear la utilización de urnas electrónicas con resultados vinculantes, 94 en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo celebradas el 18 de octubre de 2020 y 100 en Coahuila y Jalisco el 6 de junio pasado, estas pruebas resultan insuficientes como lo será la tercera prueba aprobada para instalar 50 urnas en Aguascalientes y 50 en Tamaulipas en los comicios de este año.
Podemos entender la limitación que impone la legislación al no considerar la modalidad electrónica en territorio nacional, pero ésta se desvanece ante los precedentes exitosos y criterios jurisdiccionales que señalan que la modalidad electrónica no dervirtúa las características del voto. Y frente a los problemas de los costos y de la logística están los datos que el INE presentó a propósito de la posible reforma electoral que se discute desde 2019, pero también están los datos sobre el costo de la capacitación que, en 2021, superó los 3500 millones de pesos.
Insisto: la definición de la tercera prueba es insuficiente como timoratos son los argumentos de diversas voces que defienden un ejercicio tan reducido. Mi postura se acerca más a los argumentos de la consejera Carla Humphrey que impulsa esquemas de innovación y disminución de costos coincidiendo con propuestas similares del pasado reciente.
*Profesor en UP y UNAM. Especialista en materia electoral.
@Marcobanos
