/ lunes 31 de diciembre de 2018

Voto en contra (II)

Como señalé en la entrega anterior, en mi calidad de representante de los hidalguenses en el Senado de la República mi voto razonado en contra del dictamen de aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, se explica por considerar que la propuesta de recaudación fiscal es muy dificil que se cumpla dado un contexto de menor crecimiento y la ausencia de elementos que indiquen que habrá un fortalecimiento de las fuentes de ingreso del gobierno federal.

Existe un optimismo sobre el nivel de recaudación que solamente se basa en mejoras administrativas y de persecución a contribuyentes. El optimismo en la recaudación se basa en tres ejes que pasan por el Sistema de Administración Tributaria, SAT: Incrementar la eficiencia recaudatoria. (Ya se ha incrementado mucho en los últimos años, pero hay retos estructurales relevantes que es muy difícil atender en un año); Fortalecer la presencia recaudatoria con los grandes contribuyentes. (Implica cambios normativos que limiten deducibilidad); Robustecer los mecanismos digitales fiscales. (Un esfuerzo ya muy avanzado, que desde luego vale la pena mejorar pero que no incidiría mucho en la recaudación); y Eliminar la Compensación Universal (Acreditación de saldos a favor de Impuesto al Valor Agregado contra otros impuestos).

Con estas medidas se ve muy complejo alcanzar la meta de recaudación pues es contraponer medidas de eficiencia y eficacia recaudatoria a condiciones de un crecimiento económico menor y el otorgamiento de estímulos fiscales a la frontera norte del país.

En consecuencia, el riesgo real es que conforme avance el ejercicio de gasto se le irán recortando partidas afectando a la población y a la operación del gobierno. Estos recortes afectarán todos los programas que no sean del Presidente, lo que limitará la operación de las dependencias federales en materia de inversión en agua potable, caminos y carreteras que requieren diversas regiones del país, así como se seguirán viendo disminuidos los recursos para obras municipales.

Al riesgo de recortes se suma el de que se tomen recursos de los Fondos de Estabilización agotando esta reserva y poniendo en riesgo a las finanzas públicas federales, estatales y municipales ante cualquier contingencia. Es decir, se corre el riesgo de usar reservas estratégicas de inversión y estabilización del gobierno federal, estados y Pemex, para financiar boquetes del gasto corriente. Igualmente, en repetidas ocasiones se planteó que no habría más endeudamiento para el país, sin embargo, se recurre a financiamientos por más de 500 mil millones de pesos para alcanzar el techo de ingresos de 5.8 billones de pesos.

Por los riesgos que entraña esta Ley de Ingresos de la Federación, por la incertidumbre que genera su optimismo y el riesgo que representa para el ejercicio del gasto y la estabilidad mi voto contrario a la Ley de Ingresos tiene que ver con el compromiso con los hidalguenses y con los mexicanos para evitar atropellos contra la población de los estados y fortalecer las políticas públicas como las hacendarias.

Como señalé en la entrega anterior, en mi calidad de representante de los hidalguenses en el Senado de la República mi voto razonado en contra del dictamen de aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, se explica por considerar que la propuesta de recaudación fiscal es muy dificil que se cumpla dado un contexto de menor crecimiento y la ausencia de elementos que indiquen que habrá un fortalecimiento de las fuentes de ingreso del gobierno federal.

Existe un optimismo sobre el nivel de recaudación que solamente se basa en mejoras administrativas y de persecución a contribuyentes. El optimismo en la recaudación se basa en tres ejes que pasan por el Sistema de Administración Tributaria, SAT: Incrementar la eficiencia recaudatoria. (Ya se ha incrementado mucho en los últimos años, pero hay retos estructurales relevantes que es muy difícil atender en un año); Fortalecer la presencia recaudatoria con los grandes contribuyentes. (Implica cambios normativos que limiten deducibilidad); Robustecer los mecanismos digitales fiscales. (Un esfuerzo ya muy avanzado, que desde luego vale la pena mejorar pero que no incidiría mucho en la recaudación); y Eliminar la Compensación Universal (Acreditación de saldos a favor de Impuesto al Valor Agregado contra otros impuestos).

Con estas medidas se ve muy complejo alcanzar la meta de recaudación pues es contraponer medidas de eficiencia y eficacia recaudatoria a condiciones de un crecimiento económico menor y el otorgamiento de estímulos fiscales a la frontera norte del país.

En consecuencia, el riesgo real es que conforme avance el ejercicio de gasto se le irán recortando partidas afectando a la población y a la operación del gobierno. Estos recortes afectarán todos los programas que no sean del Presidente, lo que limitará la operación de las dependencias federales en materia de inversión en agua potable, caminos y carreteras que requieren diversas regiones del país, así como se seguirán viendo disminuidos los recursos para obras municipales.

Al riesgo de recortes se suma el de que se tomen recursos de los Fondos de Estabilización agotando esta reserva y poniendo en riesgo a las finanzas públicas federales, estatales y municipales ante cualquier contingencia. Es decir, se corre el riesgo de usar reservas estratégicas de inversión y estabilización del gobierno federal, estados y Pemex, para financiar boquetes del gasto corriente. Igualmente, en repetidas ocasiones se planteó que no habría más endeudamiento para el país, sin embargo, se recurre a financiamientos por más de 500 mil millones de pesos para alcanzar el techo de ingresos de 5.8 billones de pesos.

Por los riesgos que entraña esta Ley de Ingresos de la Federación, por la incertidumbre que genera su optimismo y el riesgo que representa para el ejercicio del gasto y la estabilidad mi voto contrario a la Ley de Ingresos tiene que ver con el compromiso con los hidalguenses y con los mexicanos para evitar atropellos contra la población de los estados y fortalecer las políticas públicas como las hacendarias.