/ miércoles 22 de mayo de 2019

Winckler: cadena de favores

La primera vez que apareció el nombre de Jorge Winckler en un asunto político- electoral, fue en la demanda que promovió la Coalición “Unidos para Rescatar Veracruz” (PAN-PRD), y lo hizo para defender a Miguel Ángel Yunes en la elección de Gobernador del 2016. En ese expediente SUP-JRC-344/2016 que resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ostentó como abogado del PAN y de Yunes.

El pago -como todos sabemos- vino con su designación como Fiscal General, que operó Yunes ya como gobernador.

La reforma constitucional de 2014 por la que se separó a las procuradurías de los Poderes Ejecutivos, tenía como fin que la persecución de los delitos fuera ajena al poder político, la idea era que se ejerciera esa función sin injerencia, lejos de la posibilidad de ser usada como herramienta política del gobernador en turno en contra de sus adversarios, y con la intención de que realizaran su labor de una forma eminentemente técnica.

En Veracruz ocurrió lo irreal, el espíritu de la creación de las fiscalías autónomas se vulneró en los dos extremos: primero, la Fiscalía de Veracruz se convirtió en un órgano político, pero no como había sucedido en el pasado, sino que su agenda de acción se ha centrado en defender al gobernador saliente.

La acusación que pesa sobre él, respecto de haber “escondido” más de 150 órdenes de aprehensión, sin subirlas a la Plataforma México y el hecho de haber sido señalado como incapaz de atender debidamente el asunto forense en los casos de las fosas clandestinas, lastiman de manera grave a los veracruzanos.

El clamor de la ciudadanía es la seguridad, y ésta se logra no sólo por la captura de los criminales, sino también por las labores que adecuadamente realice el ministerio público.

El asunto dejó de tener un matiz eminentemente político para tornarse en un tema de seguridad estatal, porque la permanencia del Fiscal Jorge Winckler no garantiza certeza, legalidad, prontitud ni imparcialidad en la persecución de delincuentes. Su presencia amenaza la estrategia de seguridad para el estado de Veracruz, por la incertidumbre que podría representar la actuación del Fiscal en este contexto.

Veracruz necesita un nuevo fiscal, que tenga experiencia en la materia, particularmente en el nuevo sistema de justicia penal; que esté ajeno a intereses políticos; que tenga capacidad de comunicación con las instancias de seguridad federales y estatales; pero sobre todo, que tenga un sentido de responsabilidad social con quienes han sido agraviados por la delincuencia.

Diputado federal por Morena

@Sergeluna_S

La primera vez que apareció el nombre de Jorge Winckler en un asunto político- electoral, fue en la demanda que promovió la Coalición “Unidos para Rescatar Veracruz” (PAN-PRD), y lo hizo para defender a Miguel Ángel Yunes en la elección de Gobernador del 2016. En ese expediente SUP-JRC-344/2016 que resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ostentó como abogado del PAN y de Yunes.

El pago -como todos sabemos- vino con su designación como Fiscal General, que operó Yunes ya como gobernador.

La reforma constitucional de 2014 por la que se separó a las procuradurías de los Poderes Ejecutivos, tenía como fin que la persecución de los delitos fuera ajena al poder político, la idea era que se ejerciera esa función sin injerencia, lejos de la posibilidad de ser usada como herramienta política del gobernador en turno en contra de sus adversarios, y con la intención de que realizaran su labor de una forma eminentemente técnica.

En Veracruz ocurrió lo irreal, el espíritu de la creación de las fiscalías autónomas se vulneró en los dos extremos: primero, la Fiscalía de Veracruz se convirtió en un órgano político, pero no como había sucedido en el pasado, sino que su agenda de acción se ha centrado en defender al gobernador saliente.

La acusación que pesa sobre él, respecto de haber “escondido” más de 150 órdenes de aprehensión, sin subirlas a la Plataforma México y el hecho de haber sido señalado como incapaz de atender debidamente el asunto forense en los casos de las fosas clandestinas, lastiman de manera grave a los veracruzanos.

El clamor de la ciudadanía es la seguridad, y ésta se logra no sólo por la captura de los criminales, sino también por las labores que adecuadamente realice el ministerio público.

El asunto dejó de tener un matiz eminentemente político para tornarse en un tema de seguridad estatal, porque la permanencia del Fiscal Jorge Winckler no garantiza certeza, legalidad, prontitud ni imparcialidad en la persecución de delincuentes. Su presencia amenaza la estrategia de seguridad para el estado de Veracruz, por la incertidumbre que podría representar la actuación del Fiscal en este contexto.

Veracruz necesita un nuevo fiscal, que tenga experiencia en la materia, particularmente en el nuevo sistema de justicia penal; que esté ajeno a intereses políticos; que tenga capacidad de comunicación con las instancias de seguridad federales y estatales; pero sobre todo, que tenga un sentido de responsabilidad social con quienes han sido agraviados por la delincuencia.

Diputado federal por Morena

@Sergeluna_S

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