En 2018 entrevisté a dos sicarios adolescentes en la Zona Metropolitana de Monterrey, en un proyecto CONACYT de investigación etnográfica sobre violencia social. Las historias de estos jóvenes, además de dramáticas en términos del desarrollo de su personalidad, muestran trayectorias delictivas irreversibles. Ambos se habían involucrado en procesos criminógenos desde su infancia, no estudiaron y mantenían una compleja relación con otros jóvenes locales que bordeaba entre el temor, el respeto y la admiración.
En las ultimas dos semanas han tenido lugar en la Ciudad de México tres actos delictivos que relacionan a los jóvenes con la delincuencia organizada. El 31 de octubre se encontraron los cadáveres mutilados de dos adolescentes indígenas en un par de maletas en el Centro Histórico; ayer la Fiscalía local dio a conocer que dos menores desaparecidos, una niña y un niño de 14 y 15 años, están relacionados con esos adolescentes que fueron descuartizados. Finalmente, el 10 de noviembre, un menor de 14 años fue secuestrado y asesinado por asfixia, su cuerpo también era transportado en una maleta por dos jóvenes de 15 años en la colonia Guerrero.
En diversas ciudades del norte de México se ha documentado la cooptación de adolescentes para trabajar con la delincuencia organizada. Este patrón es cada vez más visible en la Ciudad de México. ¿Cómo llegamos a esto? Primordialmente por orientar la legislación, las políticas públicas y la jurisprudencia a la inseguridad y no a la prevención de la violencia. En concreto, en los últimos 20 años se ha destinado la mayor parte del andamiaje institucional, los presupuestos y los actos de autoridad al combate frontal a la delincuencia organizada, en lugar de la prevención de las causas raíz de la violencia.
La poca información estadística sobre juventud en México es sintomática de la nimia atención que dedican las autoridades mexicanas a este grupo de riesgo. El último levantamiento de la Encuesta Nacional de Juventud es de 2010. ¿Es posible formular política pública de juventud de calidad con datos de hace 10 años? De acuerdo con esta encuesta, el 53 por ciento de los jóvenes inactivos se concentran en los estados de México, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Michoacán y Sinaloa. Es decir, los estados con las mayores aglomeraciones urbanas.
Esto se conjunta con la falta de oportunidades de participación social para la juventud. Los resultados de la Encuesta de Tendencias de la Juventud, realizada por el Gobierno de la Ciudad de México en 2018, señalan que 80 por ciento de los jóvenes locales no participa en actividades cívicas y el 67 por ciento jamás participó en actividades de desarrollo estudiantil. De acuerdo con un informe sobre participación juvenil de la Unión Internacional Parlamentaria, 72 por ciento de los países estudiados tienen parlamentos juveniles que se relacionan con los poderes legislativos. En México no se cuenta con esta figura y los mecanismos formales de participación social y cívica de la juventud son precarios.
Asimismo, la encuesta de la Ciudad de México documenta que al 57 por ciento de los jóvenes no le gustaría hablar con otro joven sobre sus emociones. El 18 de noviembre el Laboratorio de Acción contra la Pobreza (J-PAL) e Innovations for Poverty Action analizarán en un webinar la evidencia derivada de las intervenciones para fomentar el contacto social en sociedades divididas, incluyendo India, Paquistán e Iraq. Es necesario que en México aprendamos estas importantes lecciones, que se invierta en opciones de participación social de la juventud y que, además, se destinen fondos públicos para producir estadística confiable sobre juventud que genere una base sólida de conocimiento para formular políticas públicas sustentadas en evidencia.
Investigador Senior de World Justice Project
