El pasado viernes treinta de marzo comenzaron formalmente las campañas para la elección de futuro Presidente de nuestro país.
Como se sabe también, desde los primeros minutos de ese día las emprendieron los candidatos Margarita Zavala, independiente, en el Ángel de la Independencia; de “Por México al frente”, Ricardo Anaya, en la Expo Santa Fe, y el domingo pasado lo hicieron Andrés Manuel López Obrador, abanderado de “Juntos haremos historia”, ante los habitantes de la antigua Paso del Norte, y José Antonio Meade Kuribreña, de la coalición “Todos por México”, en la Ciudad Blanca.
Desde ese día y hasta el próximo veintisiete de junio estaremos invadidos de propaganda mediática, spots televisivos y radiofónicos; espectaculares, bardas pintadas, panfletos; por todos lados podremos ver sus imágenes,
y harán lo posible por hacernos llegar sus propuestas y tratar de convencernos, cada uno por su parte, de que su proyecto es el mejor para el país y que sus objetivos, ideales e intereses coinciden con nuestra legítima aspiración a vivir en un México mejor.
También presenciaremos por lo menos tres debates, el primero el veintidós de abril en esta ciudad capital; el segundo el veinte de mayo en Tijuana, y el último el doce de junio en Mérida, organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE). Se harán bajo los lineamientos que determine el Consejo del INE, con temas previamente establecidos, y –lo nuevo-- se procura la participación de la sociedad.
Esos debates serán foros para hacernos llegar sus propuestas y programas de gobierno, con lo que buscan captar la preferencia del electorado.
Y en plena fiebre electoral, surge una pregunta necesaria: ¿cómo hacer para asegurarnos de que las promesas como crear empleos, controlar la inflación, disminuir la inseguridad, sancionar a los corruptos, mejorar el sistema de salud, otorgar becas para estudio o realizar obras de infraestructura se conviertan en realidad, es decir que se concreten en acciones de gobierno y políticas públicas eficaces?
La pregunta es obligada porque si bien es cierto que gran parte de los ciudadanos encaminamos nuestro voto a favor de quien ofrece proyectos de gobierno que comulgan con nuestros ideales, la realidad es que no contamos con medios para que una vez que el candidato es electo, le podamos exigir que cumpla las promesas que hizo durante su campaña.
No tenemos instrumentos jurídicos para exigirles que cumplan o, en su caso, para sancionar sus omisiones, y aunque nuestra Ley Suprema establece en sus artículos 39 y 40 que la soberanía, o sea el poder, dimana del pueblo y éste lo ejerce mediante los órganos de gobierno federales y de las entidades federativas en sus respectivas competencias, cuyos titulares son elegidos, no se incluye facultad a los ciudadanos para exigirles rendición de cuentas y aplicarles la revocación del mandato si se hacen acreedores a ella.
A mi parecer, eso es contradictorio en sí, ya que si la soberanía recae en el pueblo, éste debería tener la facultad de exigir rendición de cuentas y, si fuera necesario, sancionar a sus representantes mediante la revocación de mandato. Hasta hoy, son pocos los actores políticos que se pronuncian en relación al tema.
Si bien es cierto existen disposiciones jurídicas relativas a la rendición de cuentas, son de índole local, en leyes de participación ciudadana de entidades federativas como Durango, Michoacán, Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes, Nuevo León o la ciudad de México, y no todas establecen la revocación del mandato.
Además, al ser locales no pueden aplicarse a los integrantes de los poderes federales, por lo que resulta de suma importancia comenzar el debate y presentar iniciativas para que en la Constitución Federal se incluyan mecanismos como revocación del mandato y rendición de cuentas, para que sea pleno el ejercicio de la soberanía popular.
Sin duda alguna, cada uno de los candidatos tienen ideas, ánimo e intención de que mejore el país, pero una propuesta así, que logre que como pueblo soberano contemos con vías para exigirles que cumplan sus promesas y se vean obligados a hacerlo so pena de sanción, puede incidir positivamente en la consecución y preservación del orden público, de la paz social, incluso en la prevalencia del Estado de Derecho.
Lograr ese objetivo es de suma importancia política y social, pues no se trata únicamente de la consecución de un cargo, sino de que se pueda desarrollar un gobierno con aceptación popular, respaldo ciudadano, lo que propicia alto grado de gobernabilidad.
Así es el Derecho.
