El miércoles pasado la Secretaría de Salud reportó que se tienen 314 casos sospechosos de personas contagiadas por el virus COVID-19. De ese universo, está confirmado que 118 personas están enfermas (25 más que el martes) y hay reportes de una persona muerta. En otras palabras, es probable que, por la velocidad y escala de propagación del virus, al momento de publicarse esta columna las cifras ya hayan cambiado.
Aunque hay señalamientos que las cifras oficiales están subestimadas, lo cierto es que éstas son bajas frente a otros países. Sin embargo, la serenidad con la que se han conducido las autoridades debe cuestionarse, particularmente por el escenario expuesto por el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de dicha Secretaría, quien señaló que es probable que casi 250 mil personas se contagien y, de ellas, más de 10 mil tendrán un cuadro grave que los llevará a necesitar terapia intensiva.
Para darnos una idea de lo delicado del panorama, a la fecha China ha reportado más de 80 mil casos, lo que significa que las autoridades de salud en México están previendo tener más de 3 veces los contagios que a la fecha tiene la nación donde se detectó por primera vez la enfermedad.
De esta manera, de acuerdo únicamente con fuentes gubernamentales, no cabe duda de que las autoridades de salud deben trabajar en el asunto de manera urgente y que la sociedad debe exigir, y respetar, medidas eficientes y responsables para disminuir el número de contagios. De otra manera el sistema de salud puede colapsar.
Hay que ser claros, la salud no se atiende con escudos protectores imaginarios, ni discursos. La ausencia de una política pública de salud ante un escenario complejo y próximo evidencia una omisión por parte del Estado frente a la obligación que de garantizar el derecho a la salud de las y los mexicanos.
También es signo de incumplimiento de la Ley General de Salud, la cual establece que las autoridades sanitarias podrán adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud. Es decir, la ley prevé la posibilidad de ordenar el aislamiento, la cuarentena y la suspensión de trabajos o servicios.
En otras palabras, si bien es cierto que actualmente existe una campaña masiva sobre las formas en que podemos cuidarnos y evitar la propagación de enfermedades respiratorias (lavado de manos frecuente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol, así como estornudar o toser cubriéndose la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo y limpiar y desinfectar objetos de uso común), también lo es que éstas ya no son suficientes para evitar un contagio masivo.
La falta de información es omisión. Es decir, si bien es importante informar cuantos casos hay, también lo es explicar por qué hay diversas medidas de atención por parte de la misma administración. Ejemplo de ello es que la SEP ya tomó medidas concretas al suspender las clases a partir del 20 de marzo, pero no hay nada de información por parte de la STPS.
De ahí la necesidad que el Consejo de Salubridad General sea convocado y emita directrices uniformes y obligatorias en el país. De hecho, ya hay numerosas instituciones públicas y privadas que han adoptado medidas de aislamiento para evitar contagios masivos; desde suspender clases o eventos que no son necesarios para el desarrollo de sus actividades (conferencias, talleres, etc.) hasta la implementación de guardias presenciales cuando se trate de actividades cuya naturaleza sea de carácter urgente o la aprobación del trabajo desde el hogar aprovechando las tecnologías de comunicación.
Ahora bien, la exigencia ciudadana de acciones por parte del gobierno no es la única obligación. Si lo que buscamos es evitar contagios es importante que las medidas sean aplicadas en todos los sectores de la sociedad; por ello, también debemos estar conscientes que el personal de servicio doméstico o los empleados de negocios y pequeñas empresas también están sujetos a contagiarse cada vez que se desplazan a sus trabajos. De ahí que, si queremos realmente adoptar medidas efectivas, es necesario que garanticemos las circunstancias óptimas para lograr ese objetivo, sin que ello signifique afectar salarios ni condiciones de trabajo. La aplicación de estímulos fiscales, entre otras políticas, debe sumarse a la disminución en el precio de los combustibles.
Hoy estamos ante una situación sin precedentes que merece nuestra atención y seguimiento. Dado que las omisiones tratándose del derecho a la salud trascienden en la vida de las y los habitantes, es necesario que la exigencia al gobierno de asumir seriamente el problema de atención del COVID-19 sea directamente proporcional al riesgo que éste representa para la población; es decir, muy alto. Cuídense y cuidémonos todas y todos.
*Jefe de oficina de la Presidencia del Consejo General del INE
