El Estado mexicano ha sufrido grandes cambios en los últimos ochenta días de gobierno. La designación del Fiscal General de la República, el nombramiento de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificaciones en las remuneraciones de los servidores públicos, cambios económicos; y la creación de la Guardia Nacional son algunas de las reformas. Sin embargo, parece que hay un ausente: la investigación de quién posiblemente abusó del poder público.
Rodrigo Medina de la Cruz, exgobernador de Nuevo León, fue acusado y procesado por varios delitos locales. El exgobernador y sus colaboradores han ganado, poco a poco, todos y cada uno de los procesos judiciales en su contra. Mientras el gobierno local ha perdido los juicios. El gobierno federal no ha investigado a Rodrigo Medina de la Cruz. Este es uno de los pendientes del Estado mexicano.
Emilio Lozoya fue involucrado en el caso Odebrecht. El maestro en administración pública perdió las formas y señaló que tenía el tiempo y los recursos para romperle la madre a las acusaciones. La pesquisa en contra de éste parece empantanada. No fueron el tiempo ni los recursos del señor Lozoya lo que atascó la investigación, sino un supuesto acuerdo entre el gobierno de Brasil y México. El supuesto convenio consistió en que el gobierno de Brasil daría información al Estado mexicano y que ambos gobiernos no procederían contra los involucrados. Un acuerdo entre Estados no puede extraviar la justicia, un convenio que anula el mandato del artículo 21 constitucional, de investigar y perseguir los delitos, es nulo. Es importante que el Estado mexicano desentrañe qué sucedió en el caso Odebrecht, y la posible participación de servidores públicos mexicanos.
Javier Duarte, al terminar su mandato, dejó al estado de Veracruz con cientos de fosas clandestinas, homicidios, un boquete en el erario y miles de dudas sobre la regularidad del servicio público. La antigua PGR lo persiguió y acordó una pena en un juicio abreviado. Nada ha sucedido con los desaparecidos, los homicidios y el déficit en el servicio público. Aquí, es el gobierno local el que tiene que actuar y esclarecer qué pasó.
Todas las personas se presumen inocentes hasta que un juez les arrebate esa calidad. Estas líneas no pretenden señalar ni acusar a persona alguna. En contraste, estos párrafos señalan una posible omisión del Estado, pues, para llegar ante un juez se necesita que la autoridad encargada de investigar los delitos haga su trabajo. Por lo visto hasta el momento, aquí radica el problema. Sea por negligencia o por omisión, existe mucha insatisfacción en la opinión pública con la calidad de las investigaciones. La presunción de inocencia es un derecho que irradia a todos, lo cual implica a los casos narrados y las personas aquí mencionadas. Lo anterior no es sinónimo de que el Estado no realice sus funciones de manera convincente.
@jangulonobara
