Desde que se planteó la creación de una Ley de Seguridad Interior inició la controversia, porque las organizaciones sociales y los partidos políticos, sobre todo de izquierda, decían que estaban militarizando al país y que la represión tocaba la puerta en México.
Fueron muchos meses de trabajo en el Senado de la República, durante la LXIII Legislatura, con audiencias públicas y la práctica de parlamento abierto, en donde organizaciones de la sociedad civil, abogados, especialistas y hasta los militares opinaron y participaron en la redacción de esta Ley y por supuesto que los ministros de la Suprema Corte, a distancia por supuesto, estaban enterados de lo que estaba pasando.
Nunca fue un secreto y en muchas ocasiones el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en actos públicos y privados habló de la necesidad de contar con una ley que regulara la actuación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.
Yo me pregunto porqué? si la Suprema Corte que preside Luis María Aguilar veía y oía que se estaba elaborando esta Ley sobre seguridad interior no dijo en ese momento que no era válida. Esperó a que se diera un fuerte desgaste de senadores de oposición y del Gobierno del Presidente Enrique Peña, que por cierto nunca la puso en práctica, que fueran senadores del PAN y PRD a impugnarla a principios del 2018 y a once meses de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la anulan por inconstitucional.
¡Cuánto tiempo perdido! El Plan Nacional de Paz y Seguridad que presentó el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador mantiene al Ejército y a la Marina Armada de México haciendo labores de seguridad, pero sin contar con una Ley que les ofrezca certeza jurídica, que delimite sus actividades, que obligue a todo un proceso administrativo para que entren las Fuerzas Armadas a cualquier localidad y no sólo con una llamada del Gobernador, como sucede ahora.
En el Senado de la República Ricardo Monreal y Marti Batres y en la Cámara de Diputados,Mario Delgado tienen un reto por delante, que con las capacidades de ellos y además de elaborar todas las leyes que necesita López Obrador para llevar a cabo su Gobierno, también tendrán que avanzar en otras como la de seguridad interior, si no en unos años, los soldados y marinos de la Administración pueden ser acusados de crímenes de lesa humanidad por enfrentar a la delincuencia organizada.
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