/ lunes 22 de octubre de 2018

¿Y la reforma laboral? I

A casi seis años de que entró en vigor, la reforma laboral ha fallado en la consecución de los objetivos que se plantearon como estratégicos.

De acuerdo con el planteamiento del gobierno, “esta reforma obedece a la necesidad de avanzar en la construcción de un marco que permita incrementar la oferta laboral, alentar la productividad de las empresas, y elevar la competitividad del país”

A casi seis años México sigue atrapado en el lugar 51 en materia de competitividad del Foro Económico Mundial. La productividad laboral tiene un incremento modesto y la productividad total de los factores evoluciona a tasas negativas.

Siguen desapareciendo las fuentes de trabajo que pagan más de tres salarios mínimos y a cambio se crean las que ofrecen remuneraciones menores. Hoy menos de 450 mil mexicanos ganan más de 10 salarios mínimos, de un total de 53 millones con una ocupación. Y el número va a la baja.

La informalidad atrapa al 57% de la población ocupada. Además, 16 millones de trabajadores no tienen un contrato por escrito y 30 millones carecen de acceso a un sistema de salud.

La primera reforma aprobada, la laboral, ya se puede evaluar y el resultado es decepcionante. ¿Cuál es la razón fundamental de su falla? La precarización del mercado laboral también refleja la precarización del sistema productivo en su conjunto. Los micronegocios, empresas con menos de 10 empleados, son mayoritariamente informales y no generan valor agregado.

Las pequeñas empresas exhiben baja productividad y también son predominantemente informales. En su conjunto, las micro y pequeñas empresas generan la mayor parte del empleo en México, pero no tienen las condiciones para pagar bien. Básicamente se dedican al comercio al por menor, mucho del cual es mercancía importada.

La reforma laboral partía de una premisa equivocada: la mayor flexibilización en la contratación debería contribuir a la solución de los males que afectan la competitividad, productividad, inversión, generación de empleo formal, aumento de salarios y otorgamiento de prestaciones en México.

Si bien los argumentos tenían una buena intención, en el fondo es importante mencionar que los cambios aprobados no contenían los mecanismos adecuados para lograrlo.

Comenzando por el Artículo 2°. Si bien es loable que se haya planteado una definición de trabajo digno o decente como “aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador”, el problema es que en la práctica dicho concepto no se aplica y que la reforma encontró un muro que no pudo pasar. Nunca se aplicó una política económica integral para hacerlo.


La evidencia muestra que el resultado es bajos salarios sin acceso a la seguridad social.

En el propio Artículo 3° se establece que “es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones”.

Pero ¿quién vigiló que todo ello se cumpliera? En la práctica parece que nadie.

A casi seis años de que entró en vigor, la reforma laboral ha fallado en la consecución de los objetivos que se plantearon como estratégicos.

De acuerdo con el planteamiento del gobierno, “esta reforma obedece a la necesidad de avanzar en la construcción de un marco que permita incrementar la oferta laboral, alentar la productividad de las empresas, y elevar la competitividad del país”

A casi seis años México sigue atrapado en el lugar 51 en materia de competitividad del Foro Económico Mundial. La productividad laboral tiene un incremento modesto y la productividad total de los factores evoluciona a tasas negativas.

Siguen desapareciendo las fuentes de trabajo que pagan más de tres salarios mínimos y a cambio se crean las que ofrecen remuneraciones menores. Hoy menos de 450 mil mexicanos ganan más de 10 salarios mínimos, de un total de 53 millones con una ocupación. Y el número va a la baja.

La informalidad atrapa al 57% de la población ocupada. Además, 16 millones de trabajadores no tienen un contrato por escrito y 30 millones carecen de acceso a un sistema de salud.

La primera reforma aprobada, la laboral, ya se puede evaluar y el resultado es decepcionante. ¿Cuál es la razón fundamental de su falla? La precarización del mercado laboral también refleja la precarización del sistema productivo en su conjunto. Los micronegocios, empresas con menos de 10 empleados, son mayoritariamente informales y no generan valor agregado.

Las pequeñas empresas exhiben baja productividad y también son predominantemente informales. En su conjunto, las micro y pequeñas empresas generan la mayor parte del empleo en México, pero no tienen las condiciones para pagar bien. Básicamente se dedican al comercio al por menor, mucho del cual es mercancía importada.

La reforma laboral partía de una premisa equivocada: la mayor flexibilización en la contratación debería contribuir a la solución de los males que afectan la competitividad, productividad, inversión, generación de empleo formal, aumento de salarios y otorgamiento de prestaciones en México.

Si bien los argumentos tenían una buena intención, en el fondo es importante mencionar que los cambios aprobados no contenían los mecanismos adecuados para lograrlo.

Comenzando por el Artículo 2°. Si bien es loable que se haya planteado una definición de trabajo digno o decente como “aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador”, el problema es que en la práctica dicho concepto no se aplica y que la reforma encontró un muro que no pudo pasar. Nunca se aplicó una política económica integral para hacerlo.


La evidencia muestra que el resultado es bajos salarios sin acceso a la seguridad social.

En el propio Artículo 3° se establece que “es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones”.

Pero ¿quién vigiló que todo ello se cumpliera? En la práctica parece que nadie.

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