En términos de riqueza natural, cada país posee características propias que lo lleva a integrarse, con diferentes niveles de importancia, en la comunidad internacional. México es considerado un país megadiverso y con base en ello constituye el segundo país a nivel mundial por el número de ecosistemas que posee, y el cuarto lugar, por el número de especies en su diversidad biológica, lo que significa que 70% de las especies que existen en el mundo están en el país y esa riqueza natural debe de ser conservada o, en su caso, aprovechada de manera sustentable.
El patrimonio natural bien conservado se traduce en riqueza nacional, y si bien la agenda de biodiversidad versus la agenda de cambio climático, tiene menos reflectores, no por ello deja de ser un tema de agenda ambiental con el mismo nivel de importancia; además, están interrelacionados los problemas de calentamiento global y pérdida de diversidad biológica, y esto sí se puede identificar claramente; por ejemplo hay varias zonas del país que tienen pérdida de ecosistemas o éstos están deteriorados y por ello su vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, es muy alta. Existen lugares donde se ha extraído el manglar natural, suelos selváticos o boscosos degradados, por señalar algunos casos, y cuyas vulnerabilidades son mayores que en aquellas regiones donde los procesos naturales sí están bien protegidos.
Una de las preguntas que tiene mejores respuestas es justamente la de por qué conservar la biodiversidad; son tantos y tan diversos los usos que se les pueden dar a las especies de flora y fauna, que las respuestas a la pregunta pueden darse desde el punto de vista económico, ético, ambiental, espiritual, medicinal, social, cultural, etc. Con ello vemos que por sí misma la riqueza natural asociada al desarrollo humano es definitiva, y por ello, todos somos corresponsables en la conservación de la diversidad biológica. A nivel internacional, los esfuerzos para la conservación de los ecosistemas han pasado por diferentes procesos que iniciaron en 1872, cuando en Estados Unidos se creó el Parque Nacional de Yellowstone y cuatro años después, en México, se consolidó el Desierto de los Leones, también como parque nacional de protección de la biodiversidad.
En México, como en muchos países, después de la Cumbre de la Tierra en 1992 se materializó la consolidación de las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) como sistema, y con la publicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA) en 1998, se consolidó este instrumento como mecanismo para conservar in situ, aprovechar sustentablemente y garantizar la existencia de bienes y servicios ambientales en extensiones clave del territorio nacional. Esta herramienta, además de evitar la sobrexplotación de las actividades antropogénicas, también fomentó la conservación estratégica del capital natural nacional. Actualmente tenemos 182 ANPs a nivel nacional que suman 90,839,521.55 millones de hectáreas de la superficie del país.
Las ANps son, además, regiones que están destinadas a tener menos afectaciones en materia de cambio climático y son zonas que proveen servicios ambientales para garantizar un equilibrio ecológico y ayudarnos a mantener una buena calidad de vida en la zona; hoy, en el marco de la pandemia internacional causada por el COVID19, recobran importancia fundamental por hacernos tan evidente la relación simbiótica entre seguridad sanitaria y medio ambiente.
En el país, las ANPs se pueden consolidar como tales a nivel federal, estatal o municipal, además de que la ley permite diferentes categorías de manejo, que van desde áreas de protección de flora y fauna, áreas de protección de los recursos naturales, monumento natural, parque nacional, reserva de la biosfera y santuarios. A nivel internacional, tenemos también compromisos jurídicos y políticos en materia de conservación, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en el que las partes se reúnen a revisar avances nacionales anuales en el marco de la Convención de Diversidad Biológica, y en este año, el cumplimiento de las Metas de Aichi y de los compromisos en la Evaluación Global de Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, relativos a las ANPs terrestres y marinas, se vuelve un año determinante en el nivel de cumplimiento.
En México, lamentablemente, desde que empezó la presente administración hemos tenido señales encontradas hacia la política ambiental de conservación in situ, que en muchas ocasiones se han traducido en falta de interés por los recursos naturales o la biodiversidad; este año la administración de las ANPs se ha visto amenazada por la falta de liquidez presupuestaria, y si bien hubo recursos etiquetados en el PEF2020, por las decisiones de austeridad republicana, no solo disminuyó el monto de recursos destinados a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), sino que los mismos están detenidos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esperando se les de el visto bueno de suficiencia presupuestaria. De manera inmediata, las organizaciones ambientales de la sociedad civil manifestaron su apoyo absoluto a la CONANP cuando se empezó a hacer público el recorte en la administración.
Ya estamos en la antesala de que el poder legislativo inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso y culmine el 15 de diciembre con la promulgación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021. Si México quiere cumplir con los compromisos internacionales, si quiere fortalecer su sistema de Áreas Naturales Protegidas que, como ya mencionamos, está relacionado con el derecho humano a un medio ambiente sano, no debemos de escatimar en el presupuesto. Los legisladores deben de apostarle a su conservación y a fomentar la sustentabilidad del capital natural. Se trata de una inversión que tiene y sobre todo tendrá reconocimiento en el mediano y largo plazo; sin duda para apostarle al aprovechamiento sostenible de los recursos, debemos de crear ya nuestro Plan Nacional Post 2020. Presupuesto al medio ambiente es presupuesto a mejorar la calidad de vida de la población. Esperemos que los legisladores sí estén mas empáticos en entender que etiquetar dinero al medio ambiente y en especial a las áreas naturales protegidas, para su administración y operación es apostarle a un mejor país para el corto y mediano plazo, es apostarle a la riqueza natural y apostarle a la salud humana.
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