Ya viene el sablazo fiscal (a cambio de qué)

Por Mariana Campos

Sí, el Gobierno está urgido de recursos. Pero antes de cobrar más impuestos debe comprometerse a gastar mejor nuestros recursos.

Sí, también: es necesario asignar más recursos a la salud y a la inversión pública para lidiar con la pandemia e impulsar la recuperación económica. Sin embargo, es necesario acompañar estos cambios con otros, que logren apuntalar la gobernanza del gasto público: eliminar gasto en programas y proyectos que no demuestren sus sociorrentabilidad e instaurar mecanismos que ayuden a garantizar que el gasto se asigne a los fines comprometidos.

Analicemos primero el gasto en salud. Aunque el acceso a la salud es un derecho humano, se maneja como una prestación laboral, lo que genera desigualdad social. El gasto per cápita es mayor para la población con seguridad social (45%); otra parte de la población (27%) accede al Insabi (con un cuadro de beneficios que no es equiparable al de los sistemas de seguridad social). El 26% simplemente no tiene acceso a los servicios de salud.

Ante este panorama deberíamos proponernos lograr un mayor presupuesto para garantizar que toda la población, sin distinción de su estatus laboral, goce de este derecho humano. Pero la tendencia va en sentido contrario: el presupuesto en salud ha sufrido recortes y subejercicios, en especial en los últimos años. La afectación ha sido más severa en la Secretaría de Salud. Lamentablemente, hay poca rendición de cuentas al respecto.

Así, es necesario etiquetar en ley los ingresos que se usarán para financiar el gasto público para la salud, así como generar más instrumentos de control democrático del gasto público. Las reducciones en el monto total del presupuesto de salud, por institución y del gasto federalizado, deben ser explicadas frente a la Cámara, y también deben ser autorizadas/resueltas por esta soberanía. Algo obvio, pero que no ha pasado, es la creación de nuevos anexos en el PEF; informes de Hacienda y Cuenta Pública que transparenten el gasto específico que se ha asignado para la atención de la pandemia.

El gasto en inversión pública tampoco es prioridad en el presupuesto. Para resarcir nuestra brecha de infraestructura deberíamos gastar más del doble de lo que hacemos. Otro problema, que debilita aún más la inversión pública en servicios públicos como salud, educación, agua y transporte, es la concentración de la inversión en el sector de hidrocarburos (Pemex). Por ello, es muy importante no sólo elevar el gasto público en infraestructura, sino también atraer más recursos del sector privado. Por desgracia, la contrarreforma energética hace justo lo contrario: regresar al modelo de monopolios estatales, que tantas cargas al erario ha generado.

La planeación de los proyectos de inversión, por lo demás, es deficiente: de corto plazo y de corte político. Es imperante crear y transparentar los procesos de planeación y selección de los proyectos públicos de infraestructura, y contar con un órgano profesional, técnico y especializado que elabore un plan de mediano y largo plazo, en conjunto con las dependencias de la administración central. Además, los proyectos de inversión deberían ser calificados antes de enviarse a la Cámara de Diputados para su aprobación.

Éstas, entre otras, son medidas de gobernanza con las que México Evalúa busca una mayor transparencia en la toma decisiones del gasto público, que se podrían complementar con un Semáforo de Desempeño que muestre de manera didáctica la actuación de los programas presupuestarios y ayude al público y a los legisladores a decidir a qué tipo de programas se les asigna gasto. Además, proponemos un ranking de entes públicos para medir cuáles extienden contratos en condiciones de competencia económica.

Este 14 de abril comienza la discusión sobre gasto público en la mesa de trabajo para la Transición Hacendaria, la cual está integrada por legisladores de distintos partidos políticos. Los ojos de los medios de comunicación, líderes de opinión y organizaciones de la sociedad civil deben estar puestos ahí.

Coordinadora del programa de Gasto Público en México Evalúa.