La lucha contra la extorsión y cobro de piso ha dado lugar a múltiples iniciativas ciudadanas y gubernamentales en el país, arrojando resultados alentadores bajo variables que responden a situaciones locales.
Si bien éstas iniciativas se han reproducido y contribuido a reducir e inhibir la comisión de tan extendido fenómeno delictivo, como ya hemos dado cuenta en este espacio, hasta hace unos días no se había logrado concretar una iniciativa articulada, que contara con la participación coordinada de todas las instituciones de seguridad y los tres órdenes de gobierno.
Lo anterior, pese a que el constante incremento de dicho delito propició que, en febrero de 2021, el jefe del Ejecutivo anunciara que se ampliarían las facultades con que contaba la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), para dotarla de atribuciones que le permitieran atender los delitos de trata de personas, plagio, extorsión y sus similares (El Universal).
Dicha iniciativa se concretó legislativamente en septiembre de 2021, con la aprobación y publicación del
Decreto que modificó el ordenamiento que creó a la Conase y la facultó legalmente para atender los mencionados delitos de alto impacto mediante la
coordinación de esfuerzos de vinculación para la prevención, investigación e inteligencia, contando con la participación de las dependencias responsables de la seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.
Sin embargo, fue hasta ocho meses después, en junio de 2022, cuando el secretario de Gobernación anunció la creación de la Comisión Nacional Antiextorsiones y dos meses después la secretaria de Seguridad Pública solicitó el apoyo de las instituciones del país en la materia para concretar dicha iniciativa. Pese a ello, pasaron 18 meses más para que, el pasado 23 de marzo, se concretaran los esfuerzos para la instalación de la primera Unidad Antiextorsión, en Zihuatanejo, Guerrero.
Esta Unidad, operará bajo el modelo de las Unidades Especializadas contra el Secuestro (UECS) y estará integrada por un grupo estratégico de carácter interinstitucional que incluye un equipo táctico de intervención y de la Conase, además de elementos de la SEDENA, Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública.
Importa señalar que dicha acción estuvo precedida de acuerdos y apoyos consensuados entre instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil, entre las que se incluye la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Ixtapa-Zihuatanejo.
México SOS y su Red Nacional de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia celebran que se reproduzca un modelo de combate a delitos de alto impacto, como el que se ha venido desarrollando a través de las UECS, que se aproveche la experiencia de su personal operativo, las estrategias anticrimen desplegadas por la CONASE a nivel nacional y las iniciativas de la ciudadanía para el combate a delitos de alto impacto a nivel local.
Al haber participado directamente en el diseño institucional de la CONASE, en la instalación de las UECS a nivel nacional y contar con Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia en cinco municipios donde se aplican estrategias antiextorsión, incluyendo Zihuatanejo, México SOS da testimonio de que la recuperación de experiencias institucionales, la suma de esfuerzos ciudadanos y la coordinación responsable de los tres órdenes de gobierno son la mejor medida para la erradicación de fenómenos delictivos que afectan el desarrollo del país en su conjunto.
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