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La extradición / El Agua del Molino / Raúl Carranca y Rivas

  • Raúl Carrancá y Rivas

La extradición, a pesar de la complejidad que la caracteriza en estos tiempos, se basa en dos principios fundamentales que a su vez lo son del Derecho Penal nacional e internacional, a saber, no hay delito sin ley (“Nullum crimen sine previa lege poenale”) y no hay pena sin ley (“Nulla poena sine previa lege poenale”). O sea, que el Estado requerido no puede conceder la extradición si en el requirente el delito que se le imputa al sujeto cuya extradición se solicita no es tal (principio típico), o si la pena que es aplicable en el requerido no lo es en el requirente (principio condicionante de la penalidad). Lo anterior lo recoge la Ley de Extradición Internacional en su artículo 6º, que a la letra dice: “Darán lugar a la extradición los delitos dolosos o culposos, definidos en la ley penal mexicana, si concurren los siguientes requisitos: I.- Que tratándose de delitos dolosos, sean punibles conforme a la ley penal mexicana y a la del Estado solicitante, con pena de prisión cuyo término medio aritmético por lo menos sea de un año, y tratándose de delitos culposos, considerados como graves por la ley, sean punibles, conforme a ambas leyes, con pena de prisión”. A su vez, el Tratado de Extradición entre Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América, prescribe en su artículo 2º , fracción 1, que “Darán lugar a la extradición conforme a este Tratado las conductas intencionales que, encajando dentro de cualquiera de los incisos del apéndice, sean punibles conforme a las leyes de ambas partes contratantes con una pena de privación de la libertad cuyo máximo no sea menor de un año”, lo que igualmente contiene la fracción 3 al decir que “Darán también lugar a la extradición las conductas intencionales que, sin estar incluidas en el apéndice, sean punibles, conforme a las leyes federales de ambas partes contratantes, con una pena de privación de la libertad cuyo máximo no sea menor de un año”.

Ahora bien, el problema de contenido jurídico, con referencia evidente a la doctrina y a la práctica internacional, es el siguiente. Cuando existan cargos contra el imputado en cortes norteamericanas, ¿cuál sería la corte o tribunal con prioridad para actuar, el mexicano o el norteamericano? El artículo 4º del Código Penal Federal es categórico al prescribir que “Los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros, o por un extranjero contra mexicanos, serán penados en la República, con arreglo a las leyes federales, si concurren los requisitos siguientes: I.- Que el acusado se encuentre en la República; II.- Que el reo no haya sido definitivamente juzgado en el país en que delinquió, y III.- Que la infracción de que se le acuse tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en la República”. Al respecto el artículo 9º, fracción I, del Tratado dice que “Ninguna de las dos Partes Contratantes estará obligada a entregar a sus nacionales pero el Poder Ejecutivo de la parte requerida tendrá la facultad, si no se lo impiden sus leyes, de entregarlos, si, a su entera discreción, lo estima procedente”. En suma, la cuestión estriba, a mi juicio, en que esto último, “a su entera discreción”, se puede oponer en la práctica a los principios universales “pro persona” y de presunción de inocencia, o sea, que es o sería susceptible de vulnerar, en su caso, derechos humanos del extraditado. A mayor abundamiento, el sentido común jurídico indica que el acusado de la comisión de un delito debe ser juzgado primero en su país y conforme a sus leyes, derechos y garantías, hasta llegar a la cosa juzgada (“res iudicata”). No obstante la llamada globalización, la interrelación de países, genera conflictos legales muy complejos que solo la costumbre internacional junto con el principio de reciprocidad, hasta hoy, va resolviendo o tratando de resolver poco a poco.
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