imagotipo

Ilegales / Pablo Marentes

  • Pablo Marentes

España devolvió Luisiana a Francia en 1800 como resultado del convenio secreto de San Ildefonso. En 1803 Jefferson la compra a Napoleón. Y se suelta el ingreso de ilegales estadunidenses a Texas. Esos fueron los primeros ilegales del Continente Americano. Se vieron forzados a salir de Luisiana porque el Gobierno federal estadunidense les comenzó a cobrar impuestos por las tierras que cultivaban, pero les negó que tuvieran representantes en el Congreso de la nueva Unión. La falta de representación en el Parlamento Británico fue el argumento que los “padres fundadores” esgrimieron en 1776 para que las trece colonias se independizaran de Inglaterra. Luego vino el Tratado Transcontinental mediante el cual España cedió la península de La Florida en 1819 a cambio de que los estadunidenses reconocieran la frontera con Nueva España. Entró en escena Moisés Austin quien mostró su antiguo pasaporte español que le daba derecho a vivir al norte de San Antonio. Allí llegó con 300 familias más procedentes de Luisiana. Todos ilegales.

En 1830 la población asentada en Texas era mayoritariamente de ilegales procedentes de diversos territorios de la nueva república de los Estados Unidos. En 1833 los ilegales asesorados por William Travis y el mitómano Samuel Houston, exgobernador de Tennessee, promovieron la independencia texana.

La marcha hacia el Oeste aumentó les abrió el apetito para deglutir los territorios mexicanos donde hoy se asientan Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, y Colorado.

El Gobierno federal estadunidense abrió su frontera a los trabajadores mexicanos cuando eran indispensables para la producción agropecuaria, el mantenimiento de las vías de ferrocarril, los servicios domésticos, asistenciales o de limpieza y la construcción. En 1943 Franklin Roosevelt convoca a la contratación de trabajadores mexicanos más vasta que hubiera efectuado su país. ¡”The Bracero Program”! Que quede claro: fue el Gobierno de Estados Unidos el que desató en 1942 el éxodo mexicano: el proceso migratorio de trabajadores más numeroso, más doloroso, inhumano, de mayor duración y más peligroso y el más plagado de arbitrariedades e incumplimientos de las condiciones de trabajo ofrecidas. Es el proceso contractual laboral más violado que el mundo moderno ha conocido. Los gobernadores de Texas, Nuevo México, Nevada, y California insistieron en mantenerlo. En 1943 el gobernador de Texas, Coke Stevenson, escribe a Ezequiel Padilla, secretario de Relaciones y le dice que “se están haciendo esfuerzos por extirpar las distinciones injustas, y asegurar a los mexicanos el amparo de las leyes tejanas”. Y con insolencia subraya la necesidad urgente de que “los trabajadores agrícolas mexicanos continúen llegando a las diversas regiones de Texas que enfrentan la inminente pérdida de sus cosechas”. Y afirma: “cualquier prohibición a la salida de trabajadores mexicanos a Texas, violaría los convenios vigentes y me apenaría hondamente porque el Gobierno a mi cargo hace un esfuerzo sincero para extirpar distinciones injustas…”

Al concluir la Segunda Guerra Mundial, un funcionario menor de la Secretaría del Tesoro estadunidense avisó al secretario de Hacienda mexicano que cesaban en ese momento –febrero de 1947— las importaciones de productos agrícolas, minerales y manufacturas mexicanas y que comenzaría de inmediato la deportación de cientos de miles de trabajadores temporales dentro del “Bracero Program”, y que la deuda mexicana era exigible a plazo inmediato. ¿Deben sorprendernos hoy las insensatas palabras de Tremp? A partir de Jefferson ninguno de los Presidentes, ni los gobernadores de los estados colindantes con México se han tomado la molestia de leer la historia de las agresivas, injustas y vejatorias relaciones laborales de su país con el nuestro.